“TGN está más cerca del arpa que de la concesión”, se aventuró un encumbrado funcionario allegado al ministro de Planificación, Julio De Vido, imaginando la posibilidad de que el Estado le termine quitando la licencia al grupo adjudicatario. El Gobierno acaba de designar un coadministrador estatal con el propósito de controlar la gestión del consorcio que lidera Techint, invocando para ello que el reciente default de la deuda declarada por la empresa podría ser indicio de desmanejos administrativos que pueden poner en riesgo el servicio. Pero, en rigor, la embestida oficial está fundada en la creciente inquina ministerial hacia el holding de los Rocca por su renuencia a aceptar las condiciones que aspira imponerle el Gobierno.

El primer reproche que se le dispara desde el ministerio es que Transportadora de Gas del Norte no se avino a firmar la renegociación del contrato en los términos que lo hicieron otras privatizadas, y que incluye desistir de cualquier reclamo ante el Ciadi por el perjuicio que le hubiere ocasionado la pesificación de tarifas impuesta con la Emergencia Económica. El desestimiento supondría dos alternativas. Que si hubiese un planteo indemnizatorio formulado por un accionista, éste lo levante. O que, caso contrario, el resto de los socios (en este caso, Techint y Total) admitan la cláusula de indemnidad, por la cual son ellos los que deberán afrontar un eventual pago si hubiera un dictamen favorable. TGN nunca quiso aceptar esto, dejando vivo el reclamo de su saliente socio minoritario CMS, que ya logró un fallo favorable en el tribunal arbitral del Banco Mundial por 133 millones más intereses.

El vínculo también se tensó cuando estalló el caso Skanska y saltó a la luz que la privatizada nunca avaló los sobreprecios en las obras de ampliación de gasoductos, que ella gerenciaba por cuenta y orden del Estado. Tan así fue, que TGN dejó constancia de esos dislates económicos en escritos elevados al Enargas y a otras reparticiones públicas. El pecado socavó letalmente la relación con el Gobierno que, sin embargo, le dio una nueva oportunidad para enmendarla, desechada por la díscola transportadora.

TGN se niega a avalar con su firma los valores de contratación de la segunda generación de obras para ampliar los gasoductos bajo su jurisdicción, y que se financian con un fondo fiduciario administrado por Planificación y el Banco Nación. Como gerenciadores técnicos, los responsables de la privatizada dan fe de qué y cuánto se contrató, pero se niegan a rubricar cualquier documento que implique respaldar precios.

Esto genera constantes roces con el Gobierno, por ahora silenciosos. “Ellos son los gerenciadores de esa obra y, por lo tanto, tienen la responsabilidad técnica de las ampliaciones. Eso nada tiene que ver con el manejo posiblemente irresponsable de la compañía, que pone en riesgo la prestación”, sentenciaba ayer ante este diario un colaborador del ministro, intentando una poco creíble disociación.

Para Planificación y los reguladores del área es más confortable argumentar que la promesa de la privatizada de invertir 109 millones de pesos hoy parece humo, a la luz de que defaulteó una deuda que había renegociado hace apenas dos años. Claro que esa propuesta de inversión fue formulada a la vista de un aumento tarifario del 20 por ciento –el primero desde la Emergencia– que no podría ir a la caja de la empresa sino que debe integrar un fideicomiso para hacer las obras que disponga el Enargas y en las condiciones que éste lo resuelva. Especie de penitencia porque TGN aún no renegoció su contrato.

En los despachos oficiales también se descalifica el argumento empresario de que sus ingresos se malograron por las restricciones para exportar gas. Para TGN las prohibiciones de vender afuera el carburante que escasea fronteras adentro no sólo privó de un refuerzo clave a su caja sino que la dejó expuesta a los posibles reclamos indemnizatorios de sus clientes del exterior, que contrataron una capacidad de transporte finalmente ociosa por la falta del combustible. Al decir oficial, en el momento de la privatización, a mediados de los ’90, la empresa “ya debía tener calculado” que el horizonte de reservas le impediría sostener indefinidamente este negocio tras la frontera y, por lo tanto, cualquier queja ahora es infundada.

Los abogados públicos aún no tienen en claro cómo terminará el proceso, aunque no descartan un eventual rescate de la concesión: TGN tiene la licencia que le permite operar el servicio pero los activos fundamentales siguen siendo estatales. Nadie imagina al Estado explotando por sí mismo el gasoducto norteño, pero sí hay ánimo de que lo haga alguna empresa privada menos rebelde a los dictados oficiales.

La tensión puede incrementarse aún más, pero sin llegar a la ruptura. Quizá la designación de un interventor estatal, que observaría los mismos números a los que podría tener acceso el Enargas con su competencia habitual, parece más una herramienta de presión para promover cambios de actitud en la licenciataria que el principio del fin. A menos que Gasinvest –tal el nombre del consorcio privado que lidera Techint–, desee “entregar las llaves” al Gobierno de una empresa que hace rato dejó de interesarle.