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Mientras la Mesa de Enlace postergó la vuelta al lockout y sus miembros negocian con el Gobierno, el sector más vulnerable del campo empieza a adquirir visibilidad social y fiscal. A partir de abril, el Estado se hará cargo de la inscripción y del pago del monotributo social para los pequeños productores de autoconsumo. De esta forma, los agricultores del sector quedarán habilitados para anotarse en una obra social, se les computarán aportes jubilatorios y podrán acceder al cobro adicional de 45 pesos por hijo. La cantidad de inscriptos del sector alcanza hoy los 1000. El objetivo de la subsecretaria de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural para este año es llegar a anotar hasta a 40 mil productores sobre un universo de 113 mil.

En el mecanismo actual del monotributo social los contribuyentes del sector realizan el 50 por ciento de los aportes correspondientes a salud y el Ministerio de Desarrollo Social desembolsa el resto. En este régimen se encuentran inscriptas 70 mil personas en “situación de vulnerabilidad social”. Ahora, el pago del impuesto para el sector de agricultura familiar con ingresos inferiores a los 12 mil pesos anuales será asumido íntegramente por el Estado. La mitad seguirá a cargo de la cartera que conduce Alicia Kirchner y el resto lo pagará el Ministerio de Producción, aunque los fondos (12 millones de pesos en 2009) saldrán del presupuesto de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural.

En el Gobierno resaltan la importancia de la medida que “otorga derechos sociales como cobertura de salud y aportes jubilatorios a un sector vulnerable que era invisible, que estaba excluido”. Según sostienen desde la subsecretaría a cargo de Guillermo Martini, el nuevo escenario resolverá el problema de muchos productores que deben recorrer largas distancias entre los centros de pago del impuesto y su lugar de residencia, y también de aquellos que no están inscriptos, ya que “sólo cuentan con ingresos estacionales y por lo tanto hacer los aportes mensuales les resulta muy complicado”.

De todas formas, el Gobierno deberá ajustar sus controles sobre las obras sociales. Los monotributistas sociales tienen dificultades para acceder a estos servicios porque algunas de esas organizaciones se niegan a incluirlos en su padrón de afiliados. Además en la subsecretaría reconocen que persistirán las dificultades para trasladarse a los centros de atención.

Para poner en marcha el proyecto Agricultura Familiar desplegará a sus 700 técnicos en todo el país para inscribir a los productores. Además, según señalaron desde esa dependencia se está negociando con las provincias la exención del pago de Ingresos Brutos (en algunas ya está vigente) para este grupo de monotributistas sociales.