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El 2004 puede ser un año de crisis en el sistema eléctrico argentino, degradado por la falta de inversiones. Si hubiera sequía, es posible que el calvario de los bajones de tensión y cortes frecuentes se anticipen al 2003, apenas estrene banda el nuevo presidente argentino. La advertencia fue formulada ayer por el conjunto de empresas que operan en el sector, desde la generación hasta la distribución, y no tiene como único objetivo presionar al gobierno por un aumento general en las tarifas de cada segmento. Tan así es que –aseguran–, aunque hubiera una inmediata recomposición en los ingresos de cada grupo inversor, el colapso es inevitable.
El aviso no fue formulado por ningún detractor de las privatizaciones energéticas sino por la Cámara Argentina de Inversores en el Sector Eléctrico, que integran firmas como Endesa de España, Electricité de France, TotalFinaElf y otras firmas locales y extranjeras. A través de su interlocutor ante la prensa, el economista Francisco Mezzadri, la Caise alertó acerca del “posible desabastecimiento en ausencia de inversiones”, desalentadas no sólo tras el congelamiento tarifario sino, básicamente, por la presuntamente modesta rentabilidad del sector.
Según precisó ayer esa entidad empresaria, se necesitan inversiones por 1000 millones de dólares anuales para garantizar la buena operatividad del sistema. La mitad de esos recursos deben destinarse a la generación, devenida en el talón de Aquiles del sector. “Por problemas regulatorios, se suspendieron el grueso de los planes de obra en 1998”, reconoció ayer Mezzadri, dejando al desnudo un dato clave para interpretar la génesis de los futuros apagones.
Los generadores estuvieron y aún están condicionados por un sistema de precios que le impide saber a ciencia cierta cuánto cobrarán en el corto plazo, ya que el precio mayorista de la energía es variable. A esto se sumó el hecho de tener una rentabilidad “insuficiente” para esos inversores de sólo el 1,5 por ciento anual para este primer eslabón de la cadena, que roza el 7 por ciento en el caso de la distribución. Negro sobre blanco: no sería negocio producir energía a 7 dólares el megawatt, contra los 35 que valen en otros países del mundo.
Esa falta de estímulo se conjugó con la prerrogativa de no tener que cumplir con un plan de obra determinado. A diferencia de otras privatizaciones, en las eléctricas los adjudicatarios quedaban sujetos a cumplir ciertos parámetros de calidad en la prestación pero no ceñidos a un programa de obra determinado.
Por sus condiciones técnicas, las inversiones en el sistema eléctrico no pueden improvisarse. Por el contrario, es muy difícil decidirlas con menos de cuatro años de antelación. La conclusión, avalada por el propio Mezzadri, surge casi como una obviedad: si desde 1998 no se invierte más que en el mantenimiento imprescindible, la crisis del sistema es ineludible. Y por el tiempo de planificación requerido para las nuevas obras, un aumento en los ingresos “ya” ayudaría a paliar la situación hacia el futuro pero no evitará en el corto plazo los problemas por deterioro de la red.
La situación del sector eléctrico empeoró mucho con la devaluación y congelamiento de sus precios, ya que parte de los insumos en todos los segmentos están dolarizados, al tiempo que las empresas deben afrontar fuertes deudas en dólares. A su favor, los grupos adjudicatarios aducen que las tarifas de los consumidores residenciales más modestos bajaron un 32 por ciento en dólares durante la última década, descuento que superó el 57 por ciento en el caso de las grandes industrias. En términos internacionales, Argentina tiene hoy una tarifa muchísimo más barata que la de países desarrollados u otros de la región, como Brasil.
Pero la Caise también admite que la distorsión de precios generada por la devaluación redujo a un tercio en dólares los ingresos de la mayor parte del universo de usuarios que debería afrontar el ajuste de tarifasen discusión. Esto hace económica y políticamente difícil un incremento de la magnitud que están pidiendo las empresas al gobierno al común de los clientes.
Quizás por ello, y a semejanza de lo que plantean los adjudicatarios de empresas gasíferas, la cámara ayer también sugirió que, como contracara de la tarifa social que salvará a los consumos más humildes del ajuste, éste debería recaer vigorosamente sobre las empresas exportadoras, que gozan el beneficio de un ingreso en dólares. “No hay ningún justificativo ni económico ni político para estar subsidiándolas a través de una energía tan barata”, sentenció ayer Mezzadri. La otra gran aspiración patronal fue confesada a Página/12 por Jacques Chambert Loir, representante de TotalFinaElf. “Para poder invertir necesitamos certidumbre. No sólo reglas claras, sino seguridad de que serán cumplidas.”