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El ajuste de las tarifas eléctricas y de gas se resolverá por el mecanismo de audiencias públicas, ya convocadas para noviembre. Así lo ratificó ayer el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, quien además planteó que dicho mecanismo le será explicado a las autoridades del FMI a través de la delegación que ya se encuentra en Washington encabezada por Guillermo Nielsen (ver aparte). En fuentes del Palacio de Hacienda ratificaron que el criterio dominante es que dichos ajustes no superen un 10 por ciento en promedio, en la emergencia, aunque preservando a una franja de usuarios de menores recursos que no tendrían aumentos. Por otra parte, el ente regulador del servicio de agua corriente (Etoss) tiene bajo análisis una propuesta de Aguas Argentinas, en la cual reclama una revisión de la tarifa para mantener la sustentabilidad de la prestación.
Durante la semana anterior, los entes reguladores del gas (Enargas) y de la electricidad (ENRE) oficializaron sus convocatorias a audiencias públicas para debatir la demanda de ajuste de tarifas de los prestadores de uno y otro sector. Al ser consultado sobre cuál sería el mecanismo para la definición de los aumentos, Atanasof recordó que existe “un procedimiento en marcha”, en referencia a las mencionadas audiencias.
En el caso de las tarifas del suministro de agua potable y cloacas, el ente del sector tiene a consideración un informe económico, financiero y operativo presentado por Aguas Argentinas, a cargo del servicio en el área metropolitana de Buenos Aires, que respalda un pedido de ajuste tarifario de emergencia. Aguas consigna en el mismo que en el primer semestre del año registró pérdidas por 886 millones de pesos, como consecuencia de “la inflación sobre los costos operativos y el impacto de la devaluación sobre la deuda financiera” que mantiene con organismos multilaterales de crédito.
En su propuesta al Gobierno, la licenciataria reclamó la cancelación de deudas por servicios prestados al Estado por más de 70 millones de pesos, un aumento tarifario inmediato de 20 por ciento y reducción simultánea a la mitad de la alícuota del IVA. Con esta rebaja de 10,5 puntos en el impuesto, “se reduciría a 10 por ciento el impacto del incremento en las facturas al cliente final”, argumenta la empresa en el documento elevado al Etoss. Similares razones están siendo esgrimidas por las concesionarias telefónicas, que reclaman una reducción en los impuestos que pesan sobre la tarifa final de los usuarios para compensar una mayor retribución a las prestadoras.
Atanasof destacó la decisión del Gobierno de implementar una “tarifa social” en todos los servicios públicos, para evitar que un incremento pueda alcanzar a los sectores de menores ingresos. “Para el resto de la población –continuó–, el proceso de ajuste de las tarifas estará en marcha” a través del mecanismo de audiencias públicas. Por otra parte, informó que la misión que viajó a Washington, encabezada por el secretario de Finanzas, “va a explicar el tema de cómo debe hacerse un proceso para ajustar tarifas, vía las audiencia públicas ya convocadas; creo que va a ser entendida (por el FMI), porque se trata del orden jurídico imperante en nuestro país”, dijo el funcionario.