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Una vez que el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, deje todo listo para que se firme el acuerdo con el FMI, el Gobierno dirá que consiguió un paquete de ayuda por 15.000 millones de dólares. El funcionario todavía tiene que negociar el porcentaje de aumento de las tarifas de los servicios públicos y la magnitud del ajuste fiscal en las provincias. Ayer abordó esos temas en sus primeras reuniones en Washington con técnicos del Fondo. En el primer caso, se avanzó con la idea de establecer subas escalonadas, pero persisten las discrepancias sobre los montos. En cuanto a la situación provincial, el FMI amenazó con reducir a 700 millones de dólares la asistencia para el rescate de las cuasimonedas. Esto haría que el saldo real del acuerdo sea aún más desventajoso para Argentina, a pesar de que el Gobierno, después de tanto penar, lo presentará como un éxito.
La información será que se consiguió asistencia financiera por 15.000 millones de dólares. Hasta el momento, de ese total sólo 1000 millones iban a ser desembolsos en efectivo, pero ayer se puso en duda esa cifra y trascendió que el organismo la reducirá a 700 millones. En tal caso, la Argentina terminará pagándoles a los organismos de crédito casi el doble de lo que recibirá de ellos. Más exactamente, el Gobierno se compromete a girar al FMI, al Banco Mundial y al BID un total de 1334 millones de dólares hasta diciembre de 2003, en concepto de liquidación de intereses de la deuda. Lo único que concederán esas instituciones a un país que cayó en la peor crisis de su historia, en buena medida por obedecer sus recetas, es la reprogramación de vencimientos de capital.
Las posibilidades de que se alcance un acuerdo crecieron por la presión del gobierno de Estados Unidos sobre el FMI. El Departamento del Tesoro, con Paul O’Neill y John Taylor, evaluaron que es demasiado riesgoso seguir apretando a la Argentina cuando Brasil está en dificultades con su deuda. El impacto para la región de una eventual crisis combinada de su primera y tercera economía sería demasiado fuerte, desatando estallidos en cadena. Sólo en función de ese diagnóstico, y porque Argentina advirtió que no seguiría utilizando reservas para cumplir con los organismos, es que hay chances de cerrar las negociaciones.
Sin embargo, el FMI no abandona la dureza que exhibió a lo largo de diez meses. Nielsen lo comprobó ayer, al reunirse con Anoop Singh, director del Departamento para Asuntos Especiales; John Thornton, jefe del caso argentino, y John Dodsworth, especialista en materia financiera. El funcionario argentino insistió en la necesidad de recibir, aunque sea, los 1000 millones de dólares para el rescate de los bonos provinciales. El objetivo de máxima era lograr que los organismos devolvieran, además, lo que Argentina les pagó durante el año. La respuesta fue que si las provincias no profundizan el ajuste, la ayuda en efectivo se limitará a 700 millones, condicionados al cumplimiento de metas bimestrales.
Otro tema fue el aumento de tarifas. Una posibilidad es que se definan subas escalonados, para evitar un primer ajuste de entre 20 y 30 por ciento como reclamaba el FMI, pero llegando a niveles similares con el transcurso de los meses. Roberto Lavagna está pendiente del resultado de las negociaciones de Nielsen para definir si viaja a Washington mañana o posterga la visita. Cerca del ministro insistieron en que todavía hay que esperar. Lo ideal para Hacienda sería que se confirme el viaje y que después venga una misión del Fondo para firmar el acuerdo.
En la negociación, Nielsen aseguró que el Gobierno aceptará una inmunidad parcial para los funcionarios de la Superintendencia de Entidades Financieras del Banco Central, pero no una ampliada a toda la cúpula del organismo, tal como pretende el FMI. También ratificó que habrá auditorías externas al Banco Nación y que se invitará al Provincia y al Ciudad a hacer lo mismo. Esas son algunas de las piezas de un rompecabezas que llevó casi un año armarlo, y que dejará a la Argentina pagando más de lo que reciba.