El blanqueo de capitales no logró hasta el momento apuntalar la venta de inmuebles ni las inversiones inmobiliarias, tal como se lo propuso el Gobierno para reactivar al sector de la construcción. Así lo aseguraron ayer la Cámara y la Federación de Inversiones Inmobiliarias en una reunión con funcionarios del Ministerio del Interior. En consecuencia, los empresarios reclamaron prorrogar el plazo para adherir al régimen de exteriorización y repatriación de capitales, que según la ley vigente finaliza el 31 de agosto próximo. Por ahora, la AFIP no dio ninguna respuesta.

Una de las razones que conspiran contra el éxito del blanqueo es que la Ciudad de Buenos Aires decidió no plegarse a la ley que impulsó el gobierno nacional. Los de-sarrolladores inmobiliarios lo ven como un obstáculo para que florezcan las inversiones en el distrito de mayor poder adquisitivo del país. En la provincia de Buenos Aires, por su parte, la Legislatura todavía no completó el trámite parlamentario para adherir a la iniciativa. La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto el último lunes y lo giró al Senado para su aprobación definitiva.

“Visto que hasta el momento no hubo resultados positivos ni los esperados por el Gobierno, creemos que es necesario ampliar los plazos que establece la Ley de Repatriación de Capitales más allá del 31 de agosto previsto, como así también incluir a todo el segmento inmobiliario en el régimen y no dejar reducida la opción sólo a la compra de inmuebles a estrenar”, reclamaron Néstor Walenten, presidente de la cámara inmobiliaria (CIA), y José Gordillo, de la Federación (FIRA). Los dirigentes fueron recibidos por el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Eduardo Di Rocco.

“Desde el 1º de marzo, fecha en que entró en vigencia la ley del blanqueo, las operaciones realizadas con fondos provenientes desde el extranjero fueron casi nulas”, advirtieron los empresarios. “La incertidumbre entre los pequeños ahorristas e inversores sigue dominando en el mercado al momento de realizar operaciones y esto sumado a las trabas impositivas que impone la AFIP con el Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI), lo único que logramos es que el dinero siga guardado y sin declarar”, opinaron. “La compra de inmuebles es la mejor opción dentro del régimen de blanqueo que establece el Gobierno, ya que el gravamen establecido es tan solo de 1 por ciento sobre el monto total a declarar, y con dos meses de locación, ese dinero se recupera”, agregaron.

Por otra parte, los dirigentes de CIA y FIRA pidieron que la AFIP elimine el COTI, porque supuestamente bloquea las operaciones inmobiliarias. El COTI es un registro de transferencia de inmuebles donde deben anotarse la totalidad de las transacciones superiores a 300.000 pesos. Se trata de un régimen de información obligatorio con la participación de tres partes involucradas en las operaciones de compraventa de inmuebles: propietario, inmobiliaria y escribano. Ellos deben conseguir el código de transferencia antes de realizar la venta de la propiedad. Según las inmobiliarias, el trámite se termina convirtieron en una traba burocrática. La AFIP impuso este control hace un año para evitar maniobras de elusión y evasión en un sector fuertemente sospechado.