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El Ministerio de Relaciones Exteriores francés indicó ayer que para poder levantar el embargo de las cuentas de la Embajada Argentina en París, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner debería realizar un pedido formal. Un vocero de la Cancillería francesa señaló que “en virtud de las reglas del derecho relativas a la inmunidad de los Estados, las cuentas bancarias de una embajada, necesarias para el cumplimiento de la función diplomática, no son embargables”. El congelamiento del dinero fue realizado por intermediación del fondo buitre NML-Elliot, que está presionando en todo el mundo para que Argentina resuelva la situación de los bonistas que quedaron fuera del canje en 2005.

Las autoridades francesas habían indicado que estaban evaluando la posibilidad de recurrir ante la Justicia para revertir el embargo solicitado por el fondo buitre NML-Elliot. Desde Francia señalaron que para poder ejecutar una decisión de la Justicia a pedido de un juez extranjero, primero debería pasarse por un magistrado francés. Sin embargo, esto no fue lo que ocurrió. Por eso el enojo del embajador Luis Ureta Sáenz Peña. Las autoridades francesas resolvieron que antes de actuar tiene que haber un pedido formal del gobierno argentino.

“Corresponde a las autoridades argentinas pedir al Tribunal de Gran Instancia de París el levantamiento del embargo preventivo, invocando el carácter no embargable de la cuenta bancaria afectada”, concluyó ayer un vocero de la Cancillería francesa.

El “embargo cautelar por deuda” (así es su nombre técnico) consiguió congelar todas las cuentas de la Embajada Argentina. Entre ellas están los sueldos de los funcionarios. El pedido de embargo fue realizado por el fondo buitre NML-Elliot, que indicó a través de un comunicado que “mientras el gobierno argentino desdeñe sus obligaciones hacia nuestra firma, NML continuará persiguiendo todos los remedios legales por todo el mundo”. El Fondo también confirmó a través de un comunicado que lanzó una serie de procedimientos en Francia para reforzar sus juicios en contra de la Argentina y que “ha congelado activos del Estado mantenidos en una larga lista de bancos y entidades comerciales de las cuales Argentina hace negocios”.

En esta oportunidad, el juez neoyorquino Thomas Griesa estuvo al margen del embargo. Por lo menos así lo hizo saber el Elliot. Griesa ha sido hasta ahora un “facilitador” de todos los reclamos realizados por los fondos buitres. Su última incursión estuvo relacionada con el embargo del dinero de las extintas AFJP, antes de que el Estado argentino eliminase el sistema de capitalización privada.