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Sin necesidad de que medie ninguna reestatización, el Estado se está transformando en un actor relevante de la generación eléctrica del país. La Anses anunció que va a financiar varios proyectos para construir nuevas centrales, algunas de gran envergadura por su prometido aporte al sistema. A contramano de los que se previó originalmente, el Estado será el dueño mayoritario de las usinas térmicas Belgrano y San Martín, que en parte se construyeron con un subsidio adeudado a las generadoras privadas, socias en esos emprendimientos. Por esa subvención, la caja pública siguió acumulando una nueva deuda a favor de esas concesionarias, que hasta febrero sumaba 1500 millones de pesos, pero de cobro condicionado: la mayor parte de ese dinero sólo puede ser desembolsado si el Ministerio de Planificación aprueba previamente en qué lo va a invertir cada firma.

Una de las fórmulas más originales para resolver las controversias que se generaron entre el Estado y los concesionarios privados del sector tras la Emergencia Económica y congelamiento parcial de las tarifas del sector ha sido la construcción de nuevas centrales térmicas con dinero del Foninmevmen. El Estado asumió como una deuda propia la diferencia entre el precio que las generadoras de electricidad cobraban por su energía y el valor que tenía en el mercado mayorista, considerando costos de producción y margen para reinvertir.

En lugar de pagar en efectivo ese subsidio a las generadoras, el ministerio de Julio de Vido decidió levantar las centrales térmicas Belgrano y San Martín, que son operadas por sociedades privadas constituidas por las propias generadoras. Ellas cobran una remuneración equivalente a unos 5 millones de dólares por año. Pero al cabo de diez años, ese núcleo de firmas que integran Pampa Holding, Endesa y Aes, entre otras, se transformarían en dueñas de las usinas que podrían explotar según las normas que rigieran en ese momento.

El problema es que estos emprendimientos costaron mucho más de lo que el Estado reconoció como deuda a esas generadoras privadas. Entonces, la caja pública tuvo que aportar fondos extra para terminar la obra, incluyendo en este paquete préstamos de la Anses. Esto no sólo cambió la ecuación del negocio sino el futuro esquema propietario: cuando termine la década de transición, las usinas ya no serán íntegramente privadas, sino que se convertirán en empresas mixtas con mayoría estatal.

Para las generadoras privadas no es motivo de gran desvelo. Mientras, no sólo cobran por el gerenciamiento, sino que en la próxima década cada una irá recuperando en cuotas y con un interés el dinero por el subsidio devengado entre el 2004 y el 2007. Al cabo de diez años, habrán recuperado ese dinero y, además, tendrán acciones de las centrales.

Cammesa, la administradora eléctrica del mercado mayorista, paga hoy entre 25 y 30 dólares el megawatt que cuesta algo más de 40 producirlo. Sigue habiendo una diferencia a favor de las generadoras que el Estado reconoce como un subsidio a pagar. Esta vez, directamente a cada empresa, pero con una condición estipulada por una resolución: el 65 por ciento de esa deuda sólo será honrada si Planificación está de acuerdo con el destino que los privados dan al dinero. Una manera de forzar que éste sea reinvertido en las propias privatizadas del sector y de intervenir en el gerenciamiento sin necesidad de tener participación accionaria directa.

Finalmente, en el último tiempo se vigorizó la intervención estatal en el rubro a través de la Anses. Los 250 millones de dólares que aportó ese organismo para la terminación de Belgrano y San Martín son sólo un aperitivo. En el menú de inversiones a ejecutar hay varias centrales incluyen a la neuquina de Chihuidos, cuyo costo supera los 1100 millones de dólares: el brasileño Bndes aportará una parte, pero el organismo comandado por Amado Boudou, el resto. Un esquema inversor que habilita al Estado a ser propietario o socio privilegiado en la explotación de esos emprendimientos.