Las calificadoras de riesgo que se dedican a colocar notas a empresas y países deberán rendir en Argentina examen sobre su trabajo. Tal como adelantó ayer Página/12 el gobierno presentará un decreto de reforma del régimen en que operan estas consultoras que una vez desatada la crisis mundial han demostrado incapacidad para predecir escenarios. Autoridades de la Comisión Nacional de Valores adelantaron a este diario los puntos principales de esa iniciativa, que tiene como objetivo generar un mecanismo que permita calificaciones testigo. La supervisión estará a cargo de universidades públicas con financiamiento estatal y sus resultados serán de libre acceso para los inversores. De esta manera se busca eliminar conflictos de intereses, ya que quien paga por las calificaciones privadas son precisamente los emisores de la deuda puesta a consideración. El proyecto que se termina de ultimar por estas horas será presentado la semana próxima a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para su aprobación, según confirmó a Página/12 el vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli. El funcionario consideró que las agencias privadas se verán obligadas a transparentar sus mediciones para evitar quedar en evidencia ante una amplia disparidad de criterios. Esto se suma a otras medidas que junto con la AFIP y el Banco Central llevaron adelante para evitar movidas especulativas (ver aparte).

Con la implementación de este decreto el país llevaría la delantera entre sus pares del G-20 que, más allá del debate académico, todavía no implementaron ninguna medida de supervisión. “Si bien no es un cambio tan radical, su implementación es la primera reforma concreta en el mundo”, afirmó Vanoli. Luego de descrédito en que cayeron las agencias de calificación, con Fitch, Standard and Poor’s y Moody’s a la cabeza, las autoridades de los países que integran el G-20 decidieron poner límites a su accionar. A pocos días de que comenzara el desplome de firmas y bancos líderes del sistema financiero global esas compañías financieros continuaban otorgando sus máximas notas –”AAA” o “aaa”, según la agencia– a esos activos. En la Argentina existe un caso emblemático de la manipulación de información por parte de esas firmas: Standard and Poor’s había otorgado la calificación más alta a los fideicomisos de la cadena de electrodomésticos Bonesi, compañía que luego entró en concurso preventivo. El caso fue citado anteayer por el titular de la CNV, Eduardo Hecker, en una presentación del Cefid-Ar en el Banco Nación. En ese discurso el directivo adelantó que estaba lista una norma para las calificadoras.

“Estamos terminando de ultimar una propuesta que se pondría en práctica a través de un decreto del Ejecutivo”, confirmó Vanoli en diálogo con este diario. La iniciativa prevé la existencia de un tercero que no tenga conflicto de intereses con las compañías analizadas y que sirva de testigo para el mercado financiero. Para ello se recurrirá a la participación de universidades nacionales. “Lo que se busca son entidades que tengan el suficiente prestigio y la capacidad analítica para buscar el mejor mecanismo de calificación”, explicó Vanoli. En una fase inicial el análisis será muestral y no comprenderá a todo el universo de bonos, acciones, obligaciones negociables y fideicomisos financieros, aunque la intención es abarcar a todos esos papeles. Desde la CNV y la Universidad de Buenos Aires (UBA) reconocen que se requerirá de algunos meses para que pueda implementarse esta unidad de análisis y que las facultades tengan la capacidad interna para establecer las nuevas reglas. Se comprometerá a los departamentos de Economía, Contabilidad, Actuarios y Administradores de las principales altas casas de estudio del país.

Las universidades públicas contarán con un mecanismo alternativo de pago en el que el Estado aportaría los fondos, mientras que la información estará accesible de manera gratuita para los inversores. Es similar al caso de la asesoría que recibe actualmente la Anses en la evaluación económico financiera y de rentabilidad social de los proyectos de inversión en los que se involucra el organismo. “Si esta idea prospera se trataría de un mecanismo de cooperación con las universidades nacionales que permite generar un mecanismo de calificaciones, quizás no para el 100 por ciento de la oferta pública, pero sí una segunda opinión”, agregó el vicepresidente de la comisión reguladora.

La gratuidad de la información y el hecho de que sean entidades sin fines de lucro responden a la segunda característica del proyecto delineado por las autoridades de la CNV, de evitar el conflicto de intereses entre las calificadoras y los calificados. Entre ambas existe un compromiso implícito básico en que los emisores son los que pagan por las calificaciones antes de salir al mercado. Por lo tanto, es muy difícil que les pongan a estas empresas una nota comprometida o no las recomienden como inversión.

–¿No cree que puedan existir suspicacias en que el Estado financie estas calificaciones? –preguntó Página/12 a Vanoli.

–Las universidades públicas cuentan con mucho prestigio social. Por otra parte, el proceso de calificación estaría bajo criterios metodológicos ya establecidos. Serían las universidades y no sería el Estado. El Estado en tanto se beneficiaría de contar con información fiable del sistema financiero –explicó.

Todavía queda por evaluar el carácter obligatorio de la supervisión de la calificación. Las alternativas que se barajan es que las calificaciones testigo estén disponibles en todo momento o sólo en caso de una divergencia muy pronunciada con la agencia privada. Desde el 2000 la Comisión de Valores ofrece, con carácter voluntario, realizar este tipo de revisiones sobre algunos valores de oferta pública. De todos modos, el objetivo es obligar a las agencias privadas a revisar sus análisis. “Cuando sepan que hay una calificación alternativa hecha por un tercero imparcial van a tener mucho cuidado en que el proceso de calificación sea susceptible de ser tildada de parcial”, afirmó Vanoli.