La Administración Federal de Ingresos Públicos dispuso ayer oficialmente una prórroga hasta el 31 de diciembre para el régimen de blanqueo de trabajadores. Si bien se exhibió una importante adhesión al programa, ya que el titular del órgano recaudador, Ricardo Echegaray, estimó unos 270 mil inscriptos en esta primera etapa, la caída del empleo en algunas actividades impidió cumplir con el objetivo propuesto a nivel global. La cantidad de obreros ocupados mostró durante el segundo trimestre de este año una disminución de 1,3 por ciento en la comparación con el trimestre anterior, mientras que en relación con igual período de 2008 se observa una variación negativa de 5,3 por ciento, difundió ayer el Indec. El pedido de los dirigentes industriales por la incorporación de las deudas originadas durante en 2008 y la decisión de ampliar la cantidad de trabajos formalizados justifican la extensión del plazo para regular a empleados no registrados.

La decisión había sido anticipada a la cúpula de la Unión Industrial por el propio Echegaray durante un encuentro que mantuvieron el mes pasado. Se prorrogó desde hoy, cuando vencía originalmente, y por 180 días corridos el plazo de regularización de trabajadores, establecido en el artículo 14 de la ley 26.476, publicó ayer en el Boletín Oficial. El decreto 1018 lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y del ministro de Trabajo, Carlos Tomada. La norma atiende la necesidad de “prorrogar el plazo vigente a fin de posibilitar un mayor acceso a los beneficios con el consecuente aumento de la regularización de trabajadores”.

La prórroga responde a los reclamos que presentó el sector empleador, a fin de potenciar el régimen vigente. Durante su encuentro con los popes fabriles se analizó la posibilidad “de incluir la deuda de 2008 que tienen algunas empresas que no quedan dentro del blanqueo”, según explicó el funcionario. “Se estudiará el tema para ver si se puede impulsar alguna decisión, ya que la AFIP tiene potestad para disponer el financiamiento de deudas fiscales”, agregó.

El régimen especial de regularización del empleo no registrado es uno de los pilares del amplio acuerdo fiscal. A fin de profundizar en los beneficios previstos, el marco legal establece que la simple registración de la relación laboral libera a la compañía de infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza que le haya correspondido cancelar. El trabajador, por su parte, podrá computar hasta 60 meses de servicio para la obtención de la Prestación Básica Universal (PBU). Es decir, por más que haya estado en negro, el Estado le reconocerá los aportes jubilatorios correspondientes a los últimos cinco años. Respecto de las cargas patronales adeudadas, el blanqueo laboral garantiza que por los primeros diez empleados que se registren se exime de lo adeudado –capital más intereses– originada por la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de la Seguridad Social.

De todos modos, la informalidad sigue siendo elevada. Según cifras del Indec, el empleo en negro representa 36 por ciento de las relaciones laborales en el país. Ayer el Instituto difundió algunos indicadores del mercado laboral para la actividad industrial. El índice de obreros ocupados evidenció durante el segundo trimestre de este año una disminución de 1,3 por ciento en la comparación con igual período previo, mientras que la cantidad de horas trabajadas se incrementó un 8,1 por ciento respecto del trimestre anterior.

Mientras que para el Estado el empleo en negro representa una pérdida en la recaudación, para el trabajador implica no cobrar salario familiar, aguinaldo o días por enfermedad, no contar con cobertura médica ni derecho a vacaciones, seguro por accidentes de trabajo o pensión por invalidez. También pueden ser despedidos sin indemnización ni preaviso, no acceder al seguro de desempleo y, al no realizar aportes previsionales, no contar con una jubilación en el futuro.

La expectativa, ante un escenario más calmo que el vivido durante el peor momento de la crisis financiera, es que los empresarios aprovechen los beneficios para apuntalar el empleo. Sin embargo, persiste el temor de que la experiencia fallida de blanqueos anteriores y de que la reiteración de perdones fiscales, lejos de desalentar, estimule la evasión. Es por eso que los especialistas consideran que un trabajo sistemático de control en el cumplimiento de las normas laborales y fiscales que promueva mejoras en las condiciones de trabajo es una mejor estrategia de largo plazo.