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Mientras la puja diplomática entre la comunidad internacional y la dictadura hondureña entraba en un impasse, la resistencia popular volvió a hacerse sentir en las calles y las rutas hondureñas para honrar a las víctimas de la represión de anteayer. El maestro que había recibido una bala en la cabeza fue operado y quedó en coma, mientras que los más de cien detenidos que pasaron el día en una comisaría de las afueras de Tegucigalpa fueron golpeados y abusados por la policía, según denunció a este diario la defensora de derechos humanos, Bertha Oliva. A pesar del recrudecimiento de la mano dura, más de tres mil zelayistas marcharon por el centro de la capital para pedir justicia y la vuelta del presidente depuesto Manuel Zelaya. Desde Managua, el mandatario agradeció el gesto y le advirtió a los golpistas que lo sacaron del poder hace ya más de un mes: “O se revierte el golpe o viene la violencia generalizada”.

Después de una semana de tensión en la frontera con Nicaragua, la mayoría de los manifestantes se habían vuelto ayer a sus comunidades y a las grandes ciudades. A la madrugada las organizaciones de derechos humanos lograron evacuar a los últimos 200 zelayistas que habían quedado varados en el pueblo de El Paraíso, entre los retenes militares de la ruta y los de la frontera, sin agua, ni comida. La propia primera dama, Xiomara Castro, también había renunciado a su deseo de reencontrarse con su esposo y había retornado a Tegucigalpa para ponerse al frente de las manifestaciones contra el régimen de facto.

Según relató a este diario una fuente de su entorno íntimo, Castro pegó la vuelta después de que una pequeña turba de empresarios y hombres y mujeres en remeras blancas y celeste (el uniforme en las marchas de los golpistas) la amenazara con un “baño de sangre” a las 3 de la mañana frente al hotel en el que se quedaba en un pequeño poblado fronterizo. La primera dama se encontraba con dos hijas, la mayor, embarazada de siete meses, y su nieta de cuatro años.

La vuelta de Castro también coincidió con la reunión entre su marido y el embajador estadounidense en Honduras Hugo Llorens, quien le habría prometido al presidente hondureño que esta semana será decisiva en el plano diplomático. “Le prometió endurecer las presiones contra la dictadura desde Estados Unidos”, aseguró la fuente cercana a la primera dama.

Cierto o no, la Asamblea General de la OEA pospuso para la próxima semana la reunión que tenía programada ayer para discutir la situación hondureña. Los medios golpistas habían difundido un email de un colaborador de Zelaya que adelantaba que el mandatario derrocado propondría aumentar la presión internacional a través de un bloqueo comercial, que no sólo incluyera las exportaciones al pequeño país centroamericano, sino también el congelamiento de las cuentas de los golpistas –políticos y empresarios– en el exterior y la suspensión de todas sus visas.

La OEA no dio explicaciones para la postergación. En Honduras los zelayistas especulaban con que esperarán la respuesta del Congreso nacional, que prometió anunciar su decisión sobre la propuesta del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, el próximo lunes. Aunque la OEA y Washington siguen teniendo fe en revivir el diálogo, el presidente de facto Roberto Micheletti dejó en claro anteanoche que su posición sigue siendo la misma que la del día que expulsó a Zelaya del país, en piyamas en el medio de la madrugada.

“Si Zelaya quiere ir a los tribunales, bienvenido sea porque lo están esperando, pero si quiere venir a tomar posesión del gobierno, bajo ninguna circunstancia.” La propuesta de Arias incluía algunas concesiones a los militares hondureños –amnistía general, renuncia a la Asamblea Constituyente y elecciones adelantadas–, pero demandaba la restitución de Zelaya hasta el traspaso del mando en enero próximo.

La intransigencia de la dictadura se trasladó a las comisarías, los hospitales, las rutas y todos los lugares donde luchaban por sus derechos dirigentes sociales, campesinos y militantes zelayistas. Los amigos del maestro Roger Abraham Vallejo, baleado en la cabeza el jueves, denunciaron que un grupo de militares irrumpió en el hospital cuando lo estaban operando y echó a la veintena de colegas y familiares que esperaban en la sala de espera.

En una comisaría cercana, en Comayagua, a dos horas de auto de Tegucigalpa, unos 110 manifestantes pasaron la noche detenidos. No les presentaron cargos ni los hicieron declarar ni les permitieron llamar a un abogado. El jueves a la noche Bertha Oliva, la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, llegó a la comisaría para pedir la liberación de los manifestantes. “No esperaba ver lo que vi”, contó, todavía conmocionada.

No bien entró, escuchó los gritos de una mujer. “Cuando me acerqué vi a más de 35 personas en una celda de dos por dos, todos golpeados, gritando y llorando. Los policías les habían tirado gas lacrimógeno para que se desesperaran”, relató. Había menores de edad y mujeres abarrotadas, sin agua. Oliva corrió con una botella y una toalla para que se limpiaran la cara. Los policías la dejaron, ni se molestaron en sacarla.

Mientras los ayudaba, la defensora de derechos humanos sacó fotos de los abusos y los llevó ante un juez. “No sé para qué, pero algo tenemos que hacer para frenar esto”, se justificó.