El segundo juicio por crímenes de lesa humanidad en Córdoba tiene fecha confirmada: jueves 8 de octubre. El Tribunal Oral Federal 1, con el mismo presidente pero vocales distintos de los que protagonizaron el proceso a Luciano Benjamín Menéndez y su patota de La Perla, comenzará a juzgar por segunda vez al ex comandante del Tercer Cuerpo, esta vez acompañado por cinco ex miembros del Departamento de Informaciones de la policía de Córdoba. Si bien hasta hoy son seis los imputados confirmados, la inminente elevación de la causa UP1, que investiga ejecuciones de presos políticos arrancados de la cárcel de San Martín, elevaría la lista a treinta, con un detalle no menor: no la encabezaría Menéndez sino el dictador Jorge Rafael Videla.

El 2009 se caracterizó por juicios insignificantes en relación con la dimensión del terrorismo de Estado: 2,5 imputados como promedio. En seis meses hubo diez sentencias: cinco condenados en San Luis (proceso que debía concluir en 2008), dos en Misiones, el apropiador Víctor Rei en Capital, un condenado y un absuelto en Mar del Plata. En las próximas semanas concluirá el primer juicio a los jerarcas de Campo de Mayo, luego el del general Juan Carlos Colombo (por videoconferencia, desde Formosa) y en septiembre el de Jorge Olivera Róvere y los ex jefes de áreas porteños.

El sistema de juicios por goteo continuará la próxima semana, cuando arranque en Corrientes el proceso al ex policía Diego Ulibarrie, en tanto el 1º de septiembre comenzará en Santa Fe el proceso al ex juez federal Víctor Brussa y otros seis imputados. El proceso de justicia por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura recobrará fuerza en octubre. El martes 6, sin reporteros gráficos presentes, el TOF-5 comenzará a juzgar a 18 represores de la ESMA, encabezados por Jorge Acosta y Alfredo Astiz. Dos días después, el presidente del TOF-1 Jaime Díaz Gavier le concederá a Menéndez la posibilidad de reiterar por quinta vez, en vivo y en directo, su apología del terrorismo de Estado.

Esta vez lo acompañarán Aníbal Campos, jefe de policía en 1979, César Armando Cejas, jefe del D2, y tres de sus miembros: Hugo Cayetano Britos, Calixto Luis Flores y Miguel Angel Gómez. Rendirán cuentas por el caso de Ricardo Fermín Albareda, ex subcomisario y miembro del aparato de inteligencia del ERP. Cuando lo descubrieron, lo llevaron al centro clandestino Casa de Hidráulica, frente al lago San Roque, donde Raúl Telleldín lo castró, le introdujo los testículos en la boca, se la cosió y lo dejó desangrar. Tanto Telleldín (padre del Carlos, célebre por el atentado a la AMIA) como Américo Romano, que lo secundó en la tarea, murieron impunes. Menéndez y Gómez también serán juzgado por nueve y cuatro casos de secuestros y tormentos, respectivamente.

Hay otras dos causas que la jueza Cristina Garzón de Lascano está en condiciones de elevar y que por razones de conexidad se acumularían al proceso: las torturas sufridas por ex miembros del propio D2 y las ejecuciones de presos políticos de la cárcel de San Martín, que combina policías y militares, encabezados por el dictador Videla, que afrontaría en Córdoba su primer juicio desde la reapertura de los procesos.

“Es positivo que luego de tanto tiempo se haya integrado finalmente el tribunal”, destacó Martín Fresneda, abogado de Hijos Córdoba, en referencia a las designaciones de los jueces riojanos Jorge Quiroga Uriburu y Sergio Grimaux en reemplazo de Vicente Muscará, que se apartó porque defendió a un imputado, y Carlos Otero Alvarez, que se jubiló cuando el Consejo de la Magistratura comenzó a investigar su rol durante la dictadura. “La acumulación evita sobreexponer a las víctimas, permite trabajar sobre pruebas comunes y someter a juicio varios hechos, algo fundamental para empezar a pensar en cerrar esta etapa. Llevamos muchos años de instrucción y es importante concretar los juicios. No podemos pasarnos la vida juzgando estos episodios”, concluyó.