l Gobierno y las entidades agropecuarias volvieron a estar mano a mano en la Casa Rosada. Luego de la derrota electoral del oficialismo y el llamado al diálogo por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los cuatro dirigentes de la Mesa de Enlace estuvieron reunidos ayer con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, la ministra de Producción, Débora Giorgi, y ministro de Economía Amado Boudou. Cristina Fernández de Kirchner pasó sólo a saludar. El Ejecutivo les presentó una serie de medidas para intentar calmar a los ruralistas, que no llegaron a convencerlos, como es costumbre a lo largo de todo este largo conflicto. Sobre el tema más conflictivo, las retenciones a los granos y en especial a la soja, el jefe de Gabinete enfatizó durante la conferencia de prensa que “no hay margen para bajar los derechos de exportación”. Incluso la ministra Giorgi aseveró que con los actuales niveles de retenciones, se alcanzará una “cosecha record” de 96 millones de toneladas.

Las patronales del campo dijeron sentirse “descolocadas” por las palabras de ambos ministros porque –según su versión– en la reunión se habría tocado el tema retenciones como algo en estudio. Sin embargo, tanto el Gobierno como la Mesa de Enlace saben que se deberá avanzar acerca de los derechos de exportación en el Congreso, punto que el Ejecutivo está negociando con la oposición (la UCR), a cambio de conseguir la aprobación de leyes claves como la delegación de facultades y los llamados superpoderes. Para no perder la costumbre, las patronales campestres dejaron abierta la posibilidad de volver a las protestas. Incluso, para subir la apuesta con el Gobierno, Garetto dijo que no asistirán al Consejo Económico y Social.

“Fue una buena reunión, ellos nos plantearon sus temas y nosotros argumentamos nuestros puntos”, enfatizó Aníbal Fernández, al término de la reunión. “Por momentos, al escuchar la conferencia de prensa, parecía que habíamos estado en dos reuniones diferentes”, señaló Eduardo Buzzi, titular de Federación Agraria. Este cruce –conferencias de prensa mediante– hizo recordar a los tiempos en que Alberto Fernández, ex ministro coordinador, era desmentido en público por las patronales. Sin embargo, en esta ocasión no se llegó a tal extremo.

“No tenemos una política anticampo, sino todo lo contrario. Tenemos una política pro producción. Por eso estamos tomando las medidas necesarias en función de nuestras posibilidad fiscales”, afirmó (Aníbal) Fernández. Lo que ofreció el Gobierno fue una reducción del encaje para la exportación de carne, un subsidio de dos pesos para el engorde de novillo pesado, la apertura de las exportaciones de trigo –con la condición del abastecimiento interno– y una aceleración en la entrega de los ROE de la Oncca (ver página 5).

“No es lo que hubiéramos pretendido como mínimo para aliviar la situación”, respondió Carlos Garetto, titular de Coninagro desde Palermo. Después de expresar su rechazo a las medidas, el ruralista dijo que “sin duda, analizaremos las propuestas gubernamentales”. La Mesa de Enlace fue al encuentro con dos puntos de máxima: la eliminación inmediata de las retenciones al trigo, maíz, sorgo, girasol y carnes y llevar los derechos de exportación de la soja al 25 por ciento. Además, para los que producen entre 700 y 1500 toneladas, crear un bono que sirva para el pago de Impuestos a las Ganancias. Estos son los mismos puntos que están incluidos en el proyecto de ley elaborado por el PRO, con el asesoramiento de Luciano Miguens, ex titular de SRA.

La presencia de Amado Boudou en el encuentro fue para enmarcar cualquier reclamo de los ruralistas en el contexto fiscal del país. El titular de Economía les explicó a los dirigentes de la Mesa de Enlace la necesidad de seguir manteniendo el superávit fiscal y un tipo de cambio administrado, política que se consigue con un buen stock de reservas en el Banco Central. “La rentabilidad de la soja y del campo es mucho mejor que la de otros sectores de la economía del país”, agregó Boudou. Y fue Aníbal Fernández el encargado de sellar la discusión sobre las retenciones, al menos en el ámbito de la Casa Rosada.

“No estamos en condiciones de reducir los derechos de exportación. Existe en el país una inversión muy fuerte en la promoción de políticas sociales del orden de los 41.000 millones de pesos que tienen que sostenerse con recursos del Estado”, fue la respuesta del jefe de Gabinete.

Una alta fuente parlamentaria aseguró a Página/12 que “Fernández de Kirchner debería repartir el juego hacia otros poderes y no concentrar todas las soluciones en su despacho”. Que ayer no se haya cerrado una negociación sobre las retenciones, abre la posibilidad de que el Congreso sea el otro ámbito de discusión. Los ruralistas seguirán presionado a los diputados y senadores para que no voten las facultades delegadas –incluyendo el código aduanero y la posibilidad de cobrar retenciones– mientras que el Ejecutivo está negociando con la oposición la aprobación de los superpoderes y las facultades delegadas a cambio de algunos retoques en las alícuotas.

El otro tema de máxima para los ruralistas fue la reorganización de la Secretaría de Agricultura y una quita de poder para la Oncca, que en la práctica tiene una mayor participación que esa otra dependencia. De hecho, las medidas presentadas ayer fueron elaboradas por Emilio Eyras, titular de la Oncca y Ricardo Echegaray, titular de la AFIP. Que en la reunión de ayer haya estado Eyras y no Carlos Cheppi, secretario de Agricultura, es un dato que la Mesa de Enlace no pasó por alto. “Las compensaciones (que son instrumentadas por la Oncca) no tienen futuro”, sentenció Llambías.

Hoy las cuatro entidades agropecuarias estarán en el palco de la inauguración de la Exposición Rural. Desde el escenario, frente a su público –las bases, como les gusta llamarlas– volverán a entonar sus reclamos con la misma virulencia de la última semana. “El mensaje de mañana (por hoy) será en concordancia con la situación del campo”, adelantó Biolcati. Como el cierre de la jornada de ayer, previo al clima de efervescencia para hoy en la Rural, los representantes de las entidades volvieron a hablar de las posibles protestas de las bases, que en su gran mayoría son orgánicas hacia las mismas entidades. Quien se refirió al tema con mayor claridad fue Eduardo Buzzi, quien tiene sobre sus espaldas la representación de muchos autodenominados autoconvocados.

“Las rutas son una consecuencia, los efectos no deseados de una situación compleja. El campo sabe que reclamará”, manifestó el titular de FAA, para ir subiendo el tono. “No hay relación entre lo que pasó el 28 de junio (las elecciones legislativas) y lo que ocurrió hoy (por ayer). No fueron generosos con las medidas. Siempre hay tiempo para las protestas, es un instrumento más. No vamos a dinamitar puentes por ahora pero estaremos atentos. Habrá múltiples asambleas y mucho accionar en el Congreso”, concluyó Buzzi.