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Hasta enero de 2003 Argentina debería pagar a los organismos financieros internacionales 2600 millones de dólares, tanto para no prolongar atrasos como para evitar incurrir en otros nuevos. Pero durante el 2003 la situación se complicará aún más. Los vencimientos con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional suman, sin contar atrasos, 11.908 millones de dólares. Los datos surgen del estudio del Centro de Estudios para el Cambio Estructural “El financiamiento de la Banca Multilateral a la Argentina”, presentado ayer por los economistas radicales Juan Vital Sourrouille y Luis Lucioni.
La investigación concluye que si el Gobierno no hace uso de las reservas para enfrentar los pagos, los recursos deberán provenir de los propios organismos multilaterales. Aunque el trabajo no lo diga, la magnitud de los vencimientos determina que, incluso haciendo uso de la totalidad de sus reservas internacionales, la Argentina sólo podría pagar hasta mediados del año próximo. Y estos pagos no incluyen, por supuesto, los compromisos en default con los acreedores privados. Quienes sostienen, no obstante, que el país cuenta con el superávit comercial suficiente para cumplir con sus obligaciones no parecen considerar que la única manera que el Estado tiene de apropiarse de dicho excedente es mediante superávit presupuestario primario. Dado el volumen de vencimientos, tal superávit debería situarse en un piso de 5 por ciento del producto.
El trabajo del CECE, que analiza en detalle la relación de Argentina con el BID y el BM desde la creación de estos organismos, destaca el cambio de destino de los préstamos recibidos desde fines de la década del ‘80 y durante la convertibilidad. A tono con el cambio de estrategia global de los organismos y también con la política interna, durante el primer período, desde principios de los ‘60 hasta 1988, se registró “un predominio absoluto de los préstamos de inversión en infraestructura pública”, destino que era consistente tanto con la finalidad para la que fueron creados los bancos, como con las políticas de sustitución de importaciones por entonces en boga.
Sin embargo, desde 1988 en adelante, la finalidad de los créditos cambió y la Argentina acordó las primeras operaciones vinculadas a políticas de ajuste y reformas económicas. Los préstamos ya no se dirigieron sólo a la inversión pública sino que estuvieron atados a la apertura comercial, las privatizaciones, la reforma del Estado y, en los últimos años, a la reestructuración de la deuda y el fortalecimiento del sistema financiero. A la vez, sobre todo a partir de 1991, se registró un aumento importante del número y la magnitud de las operaciones. Mientras hasta 1983 los préstamos alcanzaron un promedio anual de 200 millones de dólares, entre el ‘83 y el ‘89 subieron a 900 millones y desde el ‘89 al ‘99 la cifra casi se triplicó hasta los 2400 millones anuales. En 2000-2001 el aporte bajó a 1900 millones, siempre por año. En otras palabras, durante la década de 1989-99: “Argentina ingresó 17 mil millones por préstamos contratados e incrementó la deuda con los bancos en casi 4 veces pasando de 4,2 mil millones a 15,5 mil millones de dólares”. En los últimos dos años, en tanto, la deuda con el BID y el BM se incrementó en otros 3 mil millones totalizando 18,5 mil millones.
Cuando el trabajo del CECE analiza los créditos otorgados año a año se destacan, dentro del constante apuntalamiento a la convertibilidad y las privatizaciones, los significativos montos comprometidos durante las crisis mexicana de 1995, 3,9 mil millones, y del sudeste asiático en 1998, 7,7 mil millones. Finalmente estos compromisos se tradujeron en desembolsos por 2,5 y 5,5 mil millones de dólares, respectivamente. En este última caso, se trató de una de las mayores actuaciones financieras conjuntas de los bancos multilaterales. “La operación se dirigió a fortalecer el nivel de reservas internacionales y a completar una red de seguridad para el sistema financiero argentino”. Según demostraría la historia posterior, estos recursos terminaron financiando la fuga decapitales que terminó en el colapso de 2001. Pero además, este endeudamiento representa la causa principal del actual “stress financiero” con los bancos. La investigación del CECE destaca que de los 3800 millones de dólares que Argentina debía enfrentar este año, casi el 70 por ciento del total corresponde a los pagos emergentes del paquete de emergencia de 1998.