Los paraísos fiscales quedaron en el ojo de la tormenta cuando los miembros del G-20 los señalaron como uno de los responsables de la crisis financiera internacional. Ante la presión de los foros multilaterales, las jurisdicciones no cooperativas comenzaron a realizar Acuerdos de Intercambio de Información Impositiva para transparentar su situación. En ese escenario, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, informó ayer que firmó un convenio con el Principado de Mónaco y está ultimando detalles para celebrar tratados con otros paraísos como las Islas Caimán, Andorra y las Antillas Holandesas. La multiplicación de acuerdos con emblemáticos enclaves offshore suma un elemento de presión en la negociación con Uruguay para que acceda al intercambio de información.

En la AFIP reconocen que los tratados de cooperación demoran en entrar en vigencia y que, incluso cuando existe la firma del convenio, los gobiernos no siempre acceden a los pedidos de información. Si bien confían en que recibirán respuestas positivas, apuntan también al efecto que generarán los distintos acuerdos sobre los grandes evasores locales. La idea de los recaudadores es que las declaraciones de rentabilidad de algunos sectores se incrementen ante la posibilidad de que la AFIP pueda iniciar una investigación con los Estados donde operan en forma irregular, evadiendo el pago de impuestos. En ese sentido, varios especialistas advierten que una forma más efectiva de recaer sobre los grandes contribuyentes para incrementar la recaudación sería la (re)imposición de, por ejemplo, un impuesto a la renta financiera.

En primera instancia, los nuevos acuerdos que está negociando el ente recaudador apuntan a aprovechar la buena predisposición que tienen las jurisdicciones no cooperativas a partir de la presión que surgió de la cumbre del G-20 en Londres para transparentar las operaciones financieras. En la actualidad existen cinco acuerdos de cooperación –con Brasil, Chile, Perú, España y Mónaco– y diecisiete de doble imposición. Antes de fin de año se firmarían convenios con Andorra, San Marino, Islas Caimán, Jersey y las Antillas Holandesas. Para 2010 el objetivo es firmar acuerdos con las Islas Vírgenes y Gibraltar y avanzar en la negociación con el país vecino.

Los países periféricos experimentan una salida de fondos hacia el área offshore de 500 mil millones de dólares anuales. “Es un cambio fuerte en materia fiscal que apunta a endurecer la presión sobre los grandes operadores económicos. En la actualidad, 180 mil contribuyentes explican el 95 por ciento de la recaudación, por eso salimos a buscar afuera del zoológico, a los grandes contribuyentes que ocultan rentas”, apuntó Echegaray y señaló que en la mira están algunos grandes contribuyentes que triangulan sus operaciones con esos Estados.

El objetivo es fortalecer la recaudación. En ese sentido, los funcionarios de la AFIP están convencidos, sin sobredimensionar su impacto, de que la medida complicará y desestimulará las operaciones de los “grandes operadores económicos” con esas jurisdicciones, generando algún tipo de impacto positivo sobre la recaudación. La mayoría de los bancos que operan en el país pertenecen, en parte, a empresas radicadas en los paraísos. Con sus filiales caribeñas o uruguayas, facilitan el giro de utilidades de grandes compañías sin que paguen sus impuestos. La efectividad de los tratados para frenar el drenaje de fondos sin declarar es dudosa. Jersey, una pequeña isla británica, firmó en 2001 un acuerdo de cooperación con Estados Unidos: la potencia hegemónica sólo obtuvo cinco respuestas positivas a sus varios pedidos de información.