[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El Congreso está discutiendo una propuesta para suspender por dos años la Ley de Responsabilidad Fiscal (Diputados ya le dio media sanción). A mediados de junio de 2004, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para reforzar la responsabilidad fiscal tanto a nivel nacional como provincial. Las medidas propuestas incluían una limitación a la tasa de incremento del gasto público (que no debería crecer más que el Producto Interno Bruto), la obligación de preservar el equilibrio financiero de las cuentas públicas (no gastar más que lo recaudado) y una restricción al endeudamiento (cuyos pagos de interés no podrían superar 15 por ciento de los ingresos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios). Además, el proyecto impulsaba la publicación de la información presupuestaria y la creación del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal para velar por el cumplimiento de la ley. Menos de dos meses después de enviado el proyecto, el Congreso lo aprobó con escaso grado de debate.

El debate legislativo por la responsabilidad fiscal suscitado en la Argentina contrasta significativamente con lo ocurrido en países vecinos. En el caso chileno, en mayo de 2000, el entonces presidente Ricardo Lagos se comprometía a seguir una regla de superávit estructural de uno por ciento del PIB. Pero la ley que obliga al gobierno chileno a explicitar su política fiscal y presentar su balance estructural no se aprobó sino seis años después, tras encargar diversos estudios técnicos y constituir comités de especialistas para asegurar una buena implementación y monitoreo del cumplimiento. Por su parte, el Poder Ejecutivo brasileño envió un anteproyecto al Congreso en diciembre de 1998. Durante cuatro meses se abrió una consulta pública por Internet, a la vez que se organizaron reuniones con distintos segmentos de la sociedad, autoridades de distintas esferas y niveles de gobierno y especialistas nacionales e internacionales. Luego de que el Poder Ejecutivo incorporara sugerencias, el Congreso constituyó una comisión especial, realizó audiencias públicas e hizo sus modificaciones al proyecto. Sólo un año y un mes después del inicio del proyecto, el Congreso brasileño aprobó la ley de Responsabilidad Fiscal, con treinta enmiendas.

Estos largos procesos de discusión dieron legitimidad y credibilidad a las reglas de responsabilidad fiscal en cada país. No así en la Argentina, donde la falta de debate dio como fruto una ley muy criticable. Por citar algunos defectos, nuestro régimen de responsabilidad fiscal contribuye al carácter procíclico de la política fiscal. Esto es especialmente cierto para el límite al crecimiento del gasto, que puede aumentar tanto como el PIB. Lo ideal hubiese sido una regla más alineada con los incentivos políticos: por ejemplo, que permita aumentar el gasto lo más que se pueda sujeto a la condición de no tener una crisis. Y que no obligue a reducirlo en años de crisis, momento en el que el gasto público se torna más importante. Otro gran defecto es el invento del “gasto en infraestructura social básica”, número que no se publica y es utilizado bajo una definición amplia que permite que cualquier desvío de la meta quede oculto bajo este concepto.

En este contexto, resulta obvio que lo más grave no es suspender la Ley de Responsabilidad Fiscal, porque las provincias no podrán cumplir con ella, sino que, una vez más, los apuros políticos impidieron la discusión pluralista de una ley que realmente contribuya con la sostenibilidad de la política fiscal, con un manejo responsable de los fondos públicos que impida caer nuevamente en una crisis como las que la Argentina ya conoce en demasía y con la concientización de la importancia de la rendición de cuentas por parte de nuestros gobernantes. Sin una norma así, que surja del debate informado, el país seguirá con el juego de sancionar normas, incumplirlas y suspenderlas, y la responsabilidad fiscal será sólo letra muerta.

* Directora del Programa de Política Fiscal de Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).