El oficialismo en la Cámara de Diputados va por más. Luego de la sanción de la ley de medios, el Presupuesto 2010 y la prórroga de impuestos clave para el Tesoro, el Frente para la Victoria presentaría antes de fin de mes una batería de proyectos para dar respuesta a la agenda social. En concreto, el bloque K ya tiene el aval de Carlos Tomada, ministro de Trabajo, y de Alicia Kirchner, ministra de De- sarrollo Social, para avanzar en una asignación por hijo para aquellos sectores que están en la informalidad laboral o que no llegan a cobrar el salario mínimo. Serían aproximadamente 135 pesos para tres millones de jóvenes menores de 18 años. La principal discusión –que todavía no está saldada– es sobre las fuentes de financiamiento, donde se están estudiando varias alternativas para conseguir aproximadamente 7000 millones de pesos: gravar la renta financiera (fideicomisos y compraventa de acciones), aumentar la alícuota del impuesto a las Ganancias para los sectores de mayor poder adquisitivo o un impuesto a la herencia y al juego, entre otros posibilidades. La idea del oficialismo es conseguir el respaldo de los sectores de centroizquierda (SI, Proyecto Sur y Libres del Sur), quienes vienen reclamando este tipo de iniciativas desde hace varios meses.

El titular del bloque K, Agustín Rossi, se había comprometido luego de las elecciones legislativas del 28 de junio a impulsar en el Congreso algunos proyectos que tuvieran por objetivo atender los efectos sociales de la crisis económica. En este sentido, el oficialismo presentará en las próximas semanas un paquete de leyes donde estará incluida una asignación universal por hijo para los sectores que están excluidos de las contribuciones sociales, sumado a una ley que fortalecerá el Programa Familias, vigente desde 2005 en el Ministerio de Desarrollo.

De los 12,4 millones de menores de 18 años que viven en el país, aproximadamente 2,8 millones carecen de cobertura social. Sus padres no reciben salario familiar ni son beneficiarios de los planes sociales del Estado. Es en este contexto donde se está pensando en otorgar una asignación de aproximadamente 135 pesos a los jóvenes cuyos padres están en la informalidad o tienen un salario menor al mínimo vital y móvil.

“Hay que trabajar a dos bandas, por un lado un plan estructural con inclusión social para que los cuatro millones de trabajadores en negro puedan regularizar su situación y, por el otro lado, la asignación directa para los más necesitados”, afirmó a Página/12 Héctor Recalde, uno de los legisladores que está trabajando en la propuesta, junto con Mariano West, Juliana Di Tullio y Agustín Rossi. “Hay que terminar con la pobreza por bajos ingresos”, agregó Recalde.

El principal eje de discusión pasará por la creación de las fuentes de financiamiento. El Ejecutivo sabe que no puede reasignar partidas para un proyecto de estas características, por eso estaría dispuesto a crear nuevos tributos para lograr el sustento del proyecto, donde se necesitarían cerca de 7000 millones de pesos. Los legisladores del FpV están pensando en una reforma tributaria progresiva, donde se aumente la alícuota del impuesto a las Ganancias para aquellos contribuyentes que más pagan, con el complemento de elevar el mínimo no imponible para beneficiar a los asalariados. También se está considerando incluir dentro de este impuesto a los jueces y obispos, que actualmente están exentos.

Por otro lado, cerca de Recalde están analizando la creación de un impuesto a la herencia, al juego y a la renta financiera (compraventa de acciones y fideicomisos). “El concepto es que los ricos financien a los pobres”, indicó West a Página/12. La instrumentación de la asistencia se realizaría a través de la Anses. Los padres de familia deberían presentarse con su partida de nacimiento en el organismo y hacer una declaración jurada de su lugar de trabajo, mientras que los de-sempleados sólo deberán presentar su partida de nacimiento. De esa manera, el ministerio (de Trabajo o Desarrollo Social) sabrá si el beneficiario ya está cobrando o no algún plan estatal. Además, será un mecanismo para detectar a los empleadores informales.

Durante la sesión que trató el Presupuesto 2010, un grupo de legisladores se ausentó un rato del recinto para reunirse con Alicia Kirchner y seguir avanzando en la elaboración del plan. Luego de ese encuentro, se barajó la posibilidad de anunciar en el recinto –en el caso de que la discusión por el Presupuesto subiese de tono y aumentaran las críticas de los sectores de centroizquierda– que el oficialismo estaba elaborando una batería de iniciativas sociales. Al final, se optó por no decir nada y avanzar en la letra chica de las iniciativas.

Al plan de asistencia social se le sumará la profundización del programa que apuesta a dar trabajo a 100.000 personas antes de fin de año, a través de la creación de 1500 cooperativas. “Tenemos la expectativa de alcanzar en una segunda etapa los 350.000 nuevos puestos de trabajo en todo el país. Nuestra idea es apoyarnos en la asignación universal para los más necesitados y en la creación de trabajo genuino”, afirmó a Página/12 Mariano West.

Además del proyecto de ley para la creación de la asignación por hijo, se presentaría otro proyecto para darle más peso al Programa Familias, que actualmente cubre a 600.000 familias y dos millones de niños. “A través de una ley queremos darle mayor trascendencia que un simple programa o la vigencia que pueda tener a partir del funcionario de turno. De esta manera, con la asignación por hijo, más la creación de nuevos puestos laborales, estaremos atacando la pobreza”, indicó West.