La semana pasada, la Cámara Federal de la Seguridad Social revirtió un fallo de primera instancia en el que se autorizaba a movilizar los aportes de un ex afiliado a una AFJP hacia una compañía de seguros privada. Este fue uno de los pocos juicios iniciados a partir del fin del negocio especulativo con el aporte de los trabajadores, y no prosperó, aunque falta el veredicto de la Corte Suprema. Pero lo cierto es que la avalancha de juicios por la estatización del sistema previsional que el establishment local había vaticinado no se verificó. En Tribunales existe cierto consenso en que no se ha lesionado ni el derecho de propiedad ni derechos adquiridos al modificar el sistema de administración de los fondos. Al contrario, el avance en materia previsional durante los gobiernos kirchneristas, a través de sucesivos incrementos en la mínima, la estatización del sistema y la ley de movilidad, ha sido considerable. Sin embargo, el sistema presenta algunas fallas estructurales que requieren de un amplio debate para desarrollar una estrategia equitativa de largo plazo. En particular, alrededor de la vigencia de una medida dispuesta en la década pasada, que redujo a la mitad las contribuciones patronales. Iniciativa que generó buena parte del desfinanciamiento del sistema. El tema es relevante puesto que, en días donde se discuten las características de la distribución del ingreso, el aumento de esas contribuciones constituiría un relevante mecanismo redistribuidor de riqueza.

En los últimos años se mejoró el cálculo del haber a cobrar en el régimen de reparto y se abrió la posibilidad de pasar del régimen privado al estatal. En 2008 se estableció la estatización total del sistema, pasando las cuentas de capitalización al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que maneja la Anses. Posteriormente se promulgó la ley de movilidad jubilatoria, por la cual quedó establecido el porcentaje de avance en los haberes en función de las mejoras salariales y en la recaudación. Además, se produjo un incremento de la jubilación mínima por varios decretos desde el 2003 y se otorgó el beneficio jubilatorio a través del “Plan de Inclusión Previsional” a poco más de 1,5 millones de trabajadores que no pudieron contar con los años de aportes necesarios. De este modo, la tasa de cobertura aumentó cerca de 30 puntos porcentuales entre 2004 y 2008, al pasar de 59,4 a 87,5.

Fueron avances significativos, pero persisten fallas estructurales heredadas: la reducción de las contribuciones patronales. Una de las consecuencias de ese proceso es que, en la actualidad, más de las tres cuartas partes de los jubilados cobra la mínima, de 827 pesos. Son millones de trabajadores jubilados que rozan la pobreza y su haber no tiene ningún tipo de proporcionalidad con los salarios de su vida laboral. “Hay dos problemas significativos. Por un lado, un atraso enorme en las prestaciones previsionales, lo que llevó a achatar la pirámide. Además, hoy no existe ningún tipo de proporcionalidad entre el salario y la jubilación. En cambio, hay distintos regímenes según la localización y la actividad laboral según los cuales la jubilación varía, por ejemplo, desde un 40 al 85 por ciento. Es un sistema injusto para los trabajadores”, señala Horacio González, abogado de la CTA experto en derecho previsional. “Hoy, el trabajador pasa a la pobreza cuando se jubila”, añade. Los haberes cambian según se aporte a cajas provinciales (aquellas que no fueron transferidas al régimen nacional), en relación con distintas actividades que fueron reglamentadas para ello (docentes, investigadores, yacimientos carboníferos, entre otros), o si el jubilado puede afrontar un juicio para lograr la restitución de haberes.

En el sistema de capitalización el haber se disociaba del salario durante la vida laboral y, sujeto a una rentabilidad no satisfactoria y a las comisiones que cobraban las administradoras, la jubilación era muy baja, incluso con un fuerte aporte del Estado para llegar a la mínima. Ahora bien, el actual sistema de haberes tiene tres cuartos de los jubilados cobrando la mínima y sin proporcionalidad y, a pesar de tener un porcentaje de movilidad interesante, está ligada a un atraso demasiado grande. Mientras para González “la lógica del sistema de capitalización individual se mantiene”, Nicolás Arceo, investigador de Flacso, resalta el quiebre. “Que los actuales trabajadores aporten para que los jubilados cobren los haberes es de hecho un sistema solidario, bajo una lógica distinta del de capitalización. Sin embargo subyacen deficiencias estructurales para financiar el sistema, que impactan sobre la calidad del mismo”, explica Arceo.

Este último investigador plantea que la solución es recuperar un flujo de ingresos de tal magnitud que permita que el aumento en los haberes y la restitución de la proporcionalidad sean sostenibles. “Para lograr esa financiación, que permitiría mejorar de forma cualitativa al sistema, es necesario recuperar los niveles de las contribuciones patronales previos a la reforma del ’94”, detalla Arceo. Para González, la cuestión de las contribuciones patronales también resulta crucial: “Cavallo impulsó una reducción a la mitad de las contribuciones y el resultado es el desfinanciamiento del sistema”, indicó.

Hasta 1993, los aportes y contribuciones (AyC) financiaban el 66 por ciento del sistema y el 33 restante provenía de otros recursos públicos. A partir del año siguiente, el peso de los AyC pasó al 33. Ahora constituyen la mitad del financiamiento. Esta mejora tiene que ver con el dinamismo del mercado de trabajo en los últimos años por la creación de millones de nuevos puestos y el blanqueo de muchos trabajadores. “En este escenario, el crecimiento del trabajo registrado no va a ser al ritmo de los primeros años de la posconvertibilidad. Por ello, resulta imprescindible para aumentar la financiación dirigir el esfuerzo en restablecer las contribuciones patronales”, aconseja Arceo. Además, el alza en las contribuciones tendría un efecto positivo sobre la distribución del ingreso.

Desde la Anses remarcan que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad está separado del pago de haberes. Arceo coincide en que el FGS no es un instrumento apropiado para mejorar los haberes. “Tiene dos problemas: no tiene suficiente liquidez y no es un flujo continuo, sino que una vez que se utiliza no se recuperar”. En relación con la idea de utilizarlo para dinamizar la economía, agrega: “En una economía periférica como la nuestra, no hay otras fuentes importantes de ahorros”. Sin embargo, el investigador de Flacso señala que la forma en que se está utilizando no es sustancialmente distinta del uso que le daban a esos fondos las AFJP. Más allá de que se extendió el plazo promedio de los depósitos, las licitaciones para financiar la actividad productiva o la repatriación de las inversiones en el extranjero, el grueso del FGS está colocado en títulos públicos. Un proyecto que el Gobierno está estudiando es que el FGS sirva para fondear un Banco de Desarrollo, que permita financiar a largo plazo y a tasas razonables a sectores estratégicos para el desarrollo nacional, al estilo del Bndes brasileño. Se trataría de un uso sistemático y, potencialmente, superador del Fondo.