¿Qué tienen en común el estado de Delaware, Luxemburgo, Suiza, Islas Caimán y Londres? Son las cinco jurisdicciones que encabezan la lista negra de paraísos fiscales elaborada por la Red de Justicia Social (TJN, por sus siglas en inglés). La ONG inglesa diseñó un índice de opacidad financiera para brindar una alternativa a los cuestionados estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La laxitud de los criterios de esa organización permitió que sus listados de enclaves offshore se vaciaran rápidamente luego de su publicación. Uruguay, Costa Rica, Filipinas y Malasia, que habían logrado quedar fuera del grupo no cooperativo elaborado por la OCDE, forman parte de este nuevo ranking. El país vecino se ubica en el puesto 29 de la tabla de TJN.

El índice elaborado por esa ONG combina dos perspectivas: una cualitativa y otra cuantitativa. La primera estudia las regulaciones, leyes y tratados de las jurisdicciones para elaborar un índice de opacidad. El segundo aspecto pondera el tamaño del paraíso y su importancia para los mercados financieros globales. Así, Singapur, Bélgica, Irlanda y Hong Kong ocupan lugares más altos en el ranking que otros populares refugios fiscales como Bahamas, Panamá o Islas Vírgenes. Sin distinción, la OCDE considera que todos estos paraísos cumplen con los más altos estándares de transparencia.

El primer puesto puede llegar a confundir: “La mayoría de la gente nunca consideraría a Delaware a la altura de Bermudas, Mónaco o las Islas Caimán”, reconocen en TJN. Sin embargo, el segundo estado más pequeño de Estados Unidos ofrece grandes beneficios impositivos a las empresas radicadas en su territorio que lo llevan a lo más alto del podio. La mitad de las firmas que cotizan en Wall Street están radicadas allí y en un solo edificio en Wilmington. La ciudad más importante es el domicilio legal de 200 mil compañías norteamericanas. Algo parecido ocurre en Islas Caimán, donde existe otro edificio que alberga a doce mil empresas basadas en Estados Unidos.

El mundo offshore fue señalado como uno de los responsables de la crisis financiera internacional, y el comunicado final de la cumbre del G-20 de abril sentenció el fin de la era del secreto bancario. Pocos avances se registraron hasta la fecha. TJN estima que los paraísos “custodian” alrededor de 11,5 billones de dólares. Los países periféricos sufren un éxodo de entre 800 mil millones y 1,1 billón de dólares al año de flujos ilícitos. Los gobiernos alrededor del mundo se pierden de recaudar alrededor de 250 mil millones de dólares.

Uruguay se ubica en mitad de tabla gracias al secreto bancario, la ausencia de un registro público de las sociedades financieras y su negativa a aplicar las regulaciones internacionales. “Están muy lejos de ofrecer transparencia financiera. Uruguay es ampliamente utilizado por compañías multinacionales asociadas a jurisdicciones con bajos o nulos impuestos”, sostiene el informe de TJN. El 90 por ciento de los depósitos en moneda extranjera del sistema financiero uruguayo es argentino.

Dentro de los criterios de la OCDE, la AFIP firmó una serie de Acuerdos de Intercambio de Información Impositiva (TIEA, por sus siglas en inglés) con Andorra y Mónaco y planea suscribir nuevos tratados con Islas Caimán y Antillas Holandesas. Así, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, pretende complicar y desestimular operaciones de los “grandes operadores económicos” con esas jurisdicciones, generando algún tipo de impacto positivo sobre la recaudación. Al mismo tiempo busca presionar a Uruguay a partir de la multiplicación de acuerdos con los paraísos más emblemáticos para que acceda al intercambio de información. Sin embargo, la firma de esos tratados no asegura el flujo de datos. Jersey, una pequeña isla británica, firmó en 2001 un TIEA con Estados Unidos. La principal economía del mundo sólo consiguió cinco respuestas positivas a sus reclamos. Por eso, TJN reclama que el intercambio de información impositiva sea automático y multilateral.