Con toda su energía puesta en evitar el paro de 24 horas que los trabajadores del subte anunciaron para esta semana, en reclamo del reconocimiento de su nuevo sindicato, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, comenzó ayer una ronda de conversaciones con las partes: la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la concesionaria Metrovías y la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP). Tomada insistió en que “los pasajeros no deben ser rehenes de esta situación”. Por la tarde se concretó el encuentro con los representantes de la UTA y en la cartera laboral dijeron que hoy se reuniría por separado con la empresa y con los trabajadores, pero éstos dicen que no fueron citados.

Según fuentes oficiales, la UTA le presenó a Tomada la documentación por la cual justifica su postura respecto de que no se les debe otorgar personería gremial a los trabajadores del subterráneo que reclaman separarse del gremio para constituir un sindicato propio. Hoy escucharía los argumentos de Metrovías y, en teoría, de los trabajadores.

“Tuvimos que hacer un comunicado de prensa aclarando que no nos llamaron y que tampoco entendemos por qué hay que hacer una reunión para cumplir con la ley, pero aunque no tenemos problema en ir a reuniones, acá el ministerio está violando nuestro derecho constitucional a agremiarnos como trabajadores del subte e incurre en una mora administrativa”, dijo a Página/12 Beto Pianelli, delegado de la línea E. A su criterio, la cartera laboral “trata de justificar esa demora diciendo que la UTA tiene sus puntos a favor”. Tras el paro del jueves pasado, un colaborador del ministro había dicho a este diario que la resolución del pedido de inscripción gremial de los trabajadores del subte “se viene demorando porque son igual de sólidos los argumentos de las tres partes”.

Pianelli anticipó que si los recibos de sueldo llegan este mes con el descuento del 1 por ciento para la UTA, “es probable” que haya un paro de 24 horas. Sus compañeros especularon con que las autoridades quieren mostrar ante la opinión pública que se está negociando, generando expectativa para “una reunión inútil”, pero apuntaron que “si quieren evitar el paro den la inscripción y frenen ese descuento”. El delegado de la línea E se quejó de que “la empresa nos aprieta y no nos recibe, y encima nos quieren hacer financiar a esa patota de la UTA que nos golpea y hace vandalismos, pero no lo vamos a tolerar”. La Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) recogió las denuncias penales que hizo la AGTSyP: “Situaciones de sabotaje (incendios intencionales de vagones en la D, corte de cables) que, de no haber sido detectadas por los trabajadores, hubieran podido poner sus vidas y las de los pasajeros en peligro”.