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A través del decreto 2407, el Gobierno declaró ayer en estado de emergencia el transporte de pasajeros de larga distancia, bastante deteriorado desde que la desregulación fomentó una gran competencia de precios y consiguiente baja de tarifas. A cambio de mantener la estabilidad laboral de su personal, las empresas prestadoras tendrán íntegramente subsidiada la tarifa de peaje, podrán disminuir sus frecuencias y se reducirá al 20 por ciento el monto de sus multas, que podrán pagar en cuotas.
La norma renueva por 10 años las licencias que actualmente están en firme y prórroga por ciento ochenta días los permisos precarios, con la intención de convocar en ese lapso a un concurso definitivo. También establece un nuevo cuadro tarifario que ratifica los topes máximos actuales y mínimos que hoy no existen. Según la Secretaría de Transporte, esto no implicaría subas de los precios vigentes, pero sí bloquearía la posibilidad de abaratar demasiado los pasajes.
Entre otras prerrogativas, las empresas que operan servicios de larga distancia tendrán íntegramente subsidiado el costo del peaje, del cual en la actualidad pagan sólo el 40 por ciento. De ahora en más, este porcentaje también será subvencionado por el Estado a través del Sisvial, que ya cubre la mayor parte del valor de los tickets que deben abonar los micros de larga distancia. Los recursos de este sistema surgen del Fondo de Infraestructura que se nutre con un impuesto sobre el gasoil y que permite subvencionar a los concesionarios de rutas nacionales por peaje, a los colectiveros urbanos y a los adjudicatarios de trenes urbanos de pasajeros. Pero del los 1200 millones de pesos que anualmente se reúne por aquel gravamen especial, el nuevo subsidio requeriría sólo 5 millones.