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“Oye, hijo, las cosas están de este modo,
la radio en mi cuarto me lo dice todo.
No preguntes más.”
Instituciones, Charly García, Sui Generis

En 1974, en un marco de tensión por la censura previa y presiones para cambiar letras y títulos de canciones, Sui Generis presentó el tercero de sus discos: Pequeñas anécdotas sobre las instituciones. Eran años donde se cuestionaba a las organizaciones tradicionales y represivas de la sociedad, desde la propia familia hasta las estructuras conservadoras del poder. Esas banderas de rebeldía habían sido apropiadas por jóvenes y fuerzas políticas que aspiraban a cambiar la sociedad. Para ellos, hablar de instituciones significaba el proyecto de cambiarlas con el objetivo de transformarlas en instrumentos de liberación individual y, fundamentalmente, de alteración del orden político-económico. Más de treinta años han pasado desde ese tiempo de convulsiones sociales y de desafío a las instituciones, en un derrotero político que ha implicado una reformulación de los estudios de ese tema complejo. También en ese período se ha producido un retroceso en la batalla cultural donde las ideas conservadoras se han naturalizado registrando una notable penetración hasta en sectores insospechados. En particular en el abordaje de la cuestión económica, aunque también en ámbitos de la ciencia política. En los últimos años, cierta intelectualidad, grupos políticos y especialistas enrolados en el pensamiento heterodoxo o crítico han concentrado su atención en aspectos vinculados con lo que hoy ha instalado la corriente dominante como “la institucionalidad”. Se detienen con dedicación en ese aspecto, que no es una cuestión a ignorar para mejorar el espacio democrático, pero a nivel discursivo le han dedicado más relevancia que el contenido y la tendencia de un proceso económico y social. La actual etapa requiere un análisis más agudo para profundizar los cambios y de ese modo no caer en la trampa de las formalidades que imponen los límites de la institucionalidad conservadora. Formalidad que es adaptada a conveniencia por el establishment, como lo refleja la convalidación y el respaldo de una de las situaciones que debería generar incomodidad para aquellos preocupados por la calidad institucional: la anomia de un vicepresidente en ejercicio de la oposición.

El poder económico ha logrado instalar la idea de “institucionalidad” y su carencia en el presente período político. Esta característica merece traducirse porque incluso el actual gobierno comenzó su gestión hablando de que iba a satisfacer esa demanda. A esta altura resulta evidente que para el establishment no la ha cumplido, insatisfacción que lo resume en ese reclamo insistente respecto de la necesidad de definir “reglas de juego muy claras para el sector privado” o en la exigencia de mejorar “la calidad de la institucionalidad”. En esa concepción, por ejemplo, el fin del negocio especulativo con el aporte previsional de los trabajadores por parte de las AFJP ha sido una violación a la institucionalidad. No evaluaban de la misma manera cuando el nacimiento de las Administradoras arrasó con la sustentabilidad de la anterior institucionalidad del régimen previsional público. La visión parcial de esos acontecimientos deriva entonces en no considerar que el fin de las AFJP fue la creación de una “nueva” institucionalidad para defender el futuro previsional de los trabajadores, como así también el presente de los haberes de los jubilados. Y no lo pueden interpretar de ese modo porque esos cambios han afectado uno de sus nichos de privilegios. Lo mismo sucede cuando el Estado ejerce su derecho de nombrar directores en compañías donde tiene una porción importante de acciones, paquete en manos de la Anses al administrar los activos recibidos cuando desaparecieron las AFJP. La preocupación sobre cómo se “cuidan” los recursos previsionales cuando la Anses financia proyectos de inversión o la universalización de la asignación familiar no se reitera, en cambio, cuando se evalúa la decisión política de designar directores que busca “custodiar” esas colocaciones financieras en esas empresas.

Las situaciones que enumera el poder económico acerca de la debilidad de las instituciones son varias. Además de la muerte de las AFJP, señala los procesos que derivaron en la estatización de empresas de servicios públicos privatizados; la actuación de la Secretaría de Comercio Interior en el control de precios (a pesar de su ineficiencia); la intervención del Estado en el sector agropecuario a través de retenciones a las exportaciones; las operaciones de financiamiento intrasector público; la defensa de trabajadores que buscan encuadrarse en gremios que protegen mejor sus derechos; iniciativas que pretenden generar competencia en el área de la comunicación en mercados monopólicos; la más reciente decisión de utilizar las reservas del Banco Central para integrar un fondo de garantía de pago de deudas, entre otras medidas. Esa resistencia, que rechaza una “nueva” institucionalidad, se reconoce en las ideas neoliberales. Para éstas, todo el orden institucional debe adecuarse o subordinarse a la lógica del libre mercado, lo que significa, de hecho, la instauración del mercado como “sociedad perfecta”.

Jorge Iván Vergara explica en Teorías conservadoras y teorías críticas de las instituciones sociales, publicado en Revista Ciencias Sociales Nº 11 (2001), que esa corriente “elabora una noción de institución cuasi-natural, que enfatiza su carácter de tradición histórica, pero la concibe como fijada y no sujeta a su transformación radical o reemplazo”. El chileno Iván Vergara señala que “se trata de una retórica que apoya la afirmación del orden establecido como el único viable o el mejor de todos los mundos posibles”. Antropólogo y doctor en Sociología, este especialista afirma que esa noción conservadora de instituciones acentúa el carácter de tradición, de permanencia y su “trascendencia” respecto de los individuos, basando su argumentación en términos de lo concreto y lo práctico.

Sin embargo, esas ideas no dan cuenta de la complejidad de la sociedad contemporánea, sus transformaciones y sus problemas. Y las corrientes reunidas en el arco de la centroizquierda deberían eludir ese sentido común conservador denominado “institucionalidad”. Su desafío no es menor porque al tiempo de cuestionarla debe buscar su transformación en el marco democrático, aspecto esencial que en décadas pasadas fue minimizado. Al respecto, Iván Vergara apunta que “las alternativas no se reducen a la aceptación del statu quo ni a su rechazo global. Tampoco pueden ser comprendidas como una opción entre el antiinstitucionalismo y la defensa de las instituciones vigentes”. “Se trata, entonces, de elaborar una concepción capaz de contribuir decisivamente a la comprensión de las instituciones en vías a su transformación democrática, no a su eliminación”, concluye. En un proceso complejo, donde en algunas áreas se ha avanzado en transformaciones y en otras se han mantenido estructuras inalteradas, el debate sobre una “nueva” institucionalidad tiene que apuntar a crearla en función de la defensa del interés de las mayorías sin caer en las trampas discursivas del establishment.

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