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El Gobierno pelea en estos días la reapertura del canje en dos frentes. Uno interno, claramente expresado en la disputa por la conducción del Banco Central y por la conformación del Fondo del Bicentenario. En éste ha quedado expresado cuáles son las fuerzas y sectores con las que Cristina Kirchner se enfrenta, porque se expresan, actúan y juegan abiertamente en favor de bloquear o condicionar la implementación de las medidas que el Gobierno ha decidido. El otro frente es externo y se disputa en estas horas en Estados Unidos. En la Comisión de Valores (SEC) y en la Justicia (tribunales del juez Thomas Griesa) de Nueva York (SEC), pero también en forma bastante vidriosa en otros ámbitos más políticos, como el Congreso, con sede en Washington. En todos estos escenarios se está tejiendo un entramado de presiones, operaciones y negociados para tratar de cortarle el camino al nuevo canje de deuda. Los mentores de estas maniobras son algunos de los fondos buitre que están detrás de los títulos de deuda en default de la Argentina. No es casual la reiteración de menciones que recibieron en los últimos días, por parte de la Presidenta de la Nación, estos oscuros pero protagónicos personajes del actual sistema financiero internacional.

Las acciones en contra de la reapertura del canje que se desarrollan en ambos frentes, el interno y el externo, podrían estar relacionadas, o no. Lo estarían si la estrategia para trabar la operación que busca cerrar una etapa del endeudamiento argentino –la contraída por la democracia post dictadura y caída en cese de pagos a fines de 2001– estuviera dictada desde una misma conducción o cabeza pensante. Incluso si no fuera una dirección centralizada, pero estuvieran marchando a la par en una especie de unión por conveniencia mutua: unos (los buitres) por sacar una mayor tajada en el negocio, otros (la oposición interna al gobierno) para seguir alimentando el operativo Desgaste. O quizás no se relacionen, y simplemente coincidan porque el accionar del gobierno “obliga” a los opositores internos a reaccionar de la forma que lo hace. Así prefieren explicarse ellos mismos.

Los acontecimientos de la semana en el frente interno son bien conocidos: convocatoria a la Comisión Bicameral, intento fallido de Martín Redrado de retomar las riendas del Central, presentación de los citados ante la Comisión, renuncia del procurador Guglielmino y, finalmente, renuncia de Redrado. Todo más o menos previsible, salvo la renuncia de Guglielmino.

Del frente externo se sabe poco y se oculta demasiado. El Ministerio de Economía respondió el pedido de aclaraciones que había emanado quince días atrás de la Security Exchange Commission. Para sorpresa de muchos, pero no de todos, el organismo que encabeza la norteamericana Mary Schapiro publicó el documento de respuesta del gobierno argentino, eludiendo lo que hasta ahí se entendía como una norma de confidencialidad.

Salvo por la sorpresa del procedimiento, esa acción no debe haber provocado mayor inquietud en el gobierno argentino. Las explicaciones dadas guardaban bastante correlación con los argumentos que suelen expresar en público los voceros del gobierno. Lo más incómodo, quizás, haya sido exponer cuáles eran las inquietudes o los interrogantes sobre los que la SEC había pedido explicaciones. Los más trascendentes, los referidos a la veracidad de los datos del Indec, al uso de las reservas internacionales para el pago de deuda y sobre el affaire Redrado-Banco Central. Pero detrás de este episodio, hay otro aspecto menos visible sobre el que vale la pena echar luz. La misma semana (la del lunes 11) en la que la SEC le hizo llegar a Economía sus observaciones o pedidos de aclaración, desde Nueva York se dejó trascender el contenido del planteo, que coincidía plenamente con el que ahora se conoce a través de la respuesta oficial. Pero entonces se le agregaba que la postura de la SEC “trababa el canje”. En esos días, el ministro Amado Boudou denunció que desde los fondos buitres se estaba difundiendo “información falsa” en contra de la operación de reapertura del canje.

En esta semana, en tanto, esos mismos fondos buitre dejaron trascender que eran partidarios de que la SEC divulgara la respuesta del gobierno argentino, cosa que hizo apenas 48 horas después. ¿La intención? Que aquellos bonistas (“holdouts”) a los que se les ofreciera entrar al canje tuvieran “absolutamente en claro los factores de riesgo” a que se sometían adhiriendo a la oferta. Así lo hicieron trascender.

Los dos fondos buitre que activamente se están moviendo para bloquear la reapertura del canje de la deuda argentina son NML Elliot Associated y EM Limited. El primero reconoce como fundador a Paul Singer. El segundo, a Kenneth Dart. Además de vecinos por el domicilio fiscal declarado (ambos en Islas Cayman), ambos grupos han venido trabajando una estrategia común desde que Argentina declaró la intención de reabrir el canje. Juntos se presentaron ante el juez Thomas Griesa solicitando el embargo de las cuentas argentinas en el centro financiero estadounidense. A ambos se les adjudica haber creado la ola de rumores en contra de los intereses argentinos. Unidos, estarían ejerciendo una acción de lobby sobre el Congreso estadounidense para que, de alguna forma, se pronuncie en contra del canje. No lo consiguieron hasta ahora, pero los últimos movimientos demuestran que cuentan con un elevado poder de persuasión sobre la SEC, como antes lo tuvieron sobre Griesa. El rival es duro y las expresiones de Cristina Fernández, trayéndolos al primer plano del escenario no son casuales, como puede verse.

¿Qué pretenden los fondos buitre? Llevarse una tajada mayúscula de los bonos argentinos defolteados que tienen en cartera. Y lo que se les ofrecerá con la reapertura del canje, con la entrega de nuevos títulos a muy largo plazo (25 a 30 años) y muy bajo valor de realización en caso de su venta inmediata en el mercado, no les interesa. Preferirían cobrar cash aunque sea una porción del valor nominal de los bonos que poseen (¿Cincuenta por ciento?), que les supondría igualmente una ganancia espectacular sobre bonos que deben haber comprado al 15 por ciento de su valor nominal, o menos, inmediatamente antes o después del default de ocho años atrás. De lo contrario, optarían por seguir el camino de la Justicia.

No se trata de una hipótesis conspirativa. El propio Paul Singer, titular del fondo Elliot, expresa más o menos en esos términos su intención. “Nuestro objetivo prioritario es encontrar situaciones de bancarrota en las que nuestra capacidad para controlar o influir en el proceso es el formador de valor”, respondió en una entrevista sobre la tarea de los fondos como el que representa. Es exactamente lo que está haciendo respecto de la deuda argentina: tratar de controlar el proceso, impedir o hacer fracasar el canje, y despejarle el camino a un fallo de la Justicia a favor de los acreedores para el pago inmediato. ¿Parece demasiado? Repasemos un poco de historia.

La organización ATTAC, promotora de la Tasa Tobin como mecanismo de regulación de los capitales especulativos, tiene publicado un artículo sugestivamente titulado Fondos Buitre: Piratas financieros del Siglo XXI. Allí describen un caso, el del Fondo británico Donegal, que es ilustrativo del modo de operar de estos capitales. El muy pobre país africano Zambia negociaba en 1999 la reducción de su deuda con Rumania, por 40 millones de dólares, contraída 20 años antes, a 3 millones, mediante el programa de las Naciones Unidas “canje de deuda por desarrollo”. Le supondría a Zambia no sólo cancelar la deuda sino inversiones en infraestructura básica, y contratación de profesores y enfermeras.

Pero justo antes que concluyera el trato, Donegal logró convencer a Rumania de que le vendiera la deuda de Zambia a cambio de 4 millones de dólares en efectivo. Inmediatamente, demandó al país africano por los 40 millones originales, logrando que una corte del Reino Unido dictaminara a su favor, pero con una reducción del monto a pagar a 15 millones. Poco importaba que Zambia careciera de toda liquidez para pagar. Donegal se mostró dispuesto a cobrar en productos de los que ese país tiene en abundancia: cobre, uranio, piedras preciosas y otros extraíbles. No le habrá generado gran culpa, ya que en años anteriores Donegal había hecho lo propio con deudas de Perú y Congo Brazaville.

En noviembre de 2009, representantes de los fondos Elliot y EM estuvieron en Buenos Aires, tomaron contacto con funcionarios de gobierno pero no lograron sacar una negociación favorable. Antes de irse, llegaron a mantener algún vínculo con representantes de la oposición. ¿Sería su plan B?

No es para asustarse. Pero siempre es conveniente conocer los antecedentes del rival.