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Roberto Lavagna se reunió ayer con la delegación del Fondo Monetario, que sobre el final del día partió de vuelta hacia Washington, tras haber aceptado el consejo de estar lejos de Buenos Aires el 20 de diciembre. A modo de balance de esta misión, que duró apenas tres días, en el equipo económico insistieron con la idea de que ya estaba cerrado un acuerdo técnico y ahora sólo faltaba la decisión política del Directorio del FMI; es decir, de los representantes de los países desarrollados, sus principales accionistas. “Los números están y la carta de intención se arregla rápido, falta la decisión política”, aseguró el secretario de Hacienda, Jorge Sarghini. Pero lo cierto es que los técnicos del Fondo siguen planteando condiciones imposibles de cumplir para el Gobierno.
Lavagna recibió a la delegación del Fondo, liderada por John Dodsworth, subdirector del Departamento Occidental o, de otro modo, el número dos de Anoop Singh. Del encuentro participaron también el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, y el presidente del Banco Central, Alfonso Prat Gay.
El Gobierno pagó ayer “pequeños” vencimientos con el FMI (28 millones de dólares) y el BID (no fue precisado). Así, después de haber caído en default con el Banco Mundial pretende demostrar que tiene “la intención de cumplir y mantenerse al día” con los otros dos grandes organismos de Washington. Sin embargo, la intención durará a lo sumo hasta enero, cuando venzan más de mil millones de dólares con el FMI que, de no mediar un acuerdo, no podrían ser refinanciados.
“La carta de intención se redacta en dos minutos. Para eso tiene que haber acuerdo en los números y voluntad política. Y sobre los números hay coincidencia”, afirmó Sar-ghini, quien admitió que no se había trabajado sobre una nueva carta de intención, ni nada que se le pareciera. “Los técnicos tienen un límite. Ahora la decisión está en manos de los accionistas del FMI, o sea de los países que son los dueños del FMI”, completó el argumento el vocero del Ministerio de Economía, Armando Torres.
En realidad, en esta última ronda de contactos, Lavagna terminó de confirmar lo que viene pensando hace tiempo: que los técnicos del Fondo no están dispuestos a ceder, ni un milímetro, en sus posiciones. Y que seguirán poniendo todas las piedras que hagan falta en el camino para postergar indefinidamente un eventual acuerdo con la administración Duhalde. Por eso es que los funcionarios de Economía se preocuparon ayer por insistir con la idea de que la única vía de destrabar las negociaciones es una “decisión política” de los países integrantes del G7 (Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia, Canadá e Inglaterra), que tienen un peso decisivo en el directorio del organismo.
Un estrecho colaborador del ministro accedió a contar a Página/12 sus conclusiones de la última visita del Fondo. Son las siguientes:
- Se cumplió el objetivo de reanudar las conversaciones, que habían quedado paralizadas desde mediados de noviembre, cuando se realizaron los últimos contactos técnicos.
- Esta fue una misión informativa y no de negociación, por lo que no se abordó la posibilidad de redactar una nueva carta de intención sino que se intercambiaron datos sobre diversos temas: cuentas fiscales, depósitos, reservas, situación de los bancos, indicadores de actividad, etcétera.
- Los técnicos del Fondo no resignaron ninguna de sus condiciones originales. En el plano financiero, que se frenen los amparos; en lo fiscal, la exigencia de un superávit de 2,5 por ciento del PBI para el año próximo; y en el tema tarifas, el reclamo de que el ajuste sea del 30 por ciento. Más aún, hasta tal punto llega la intransigencia de los técnicos del FMI que Lavagna optó por argumentar que las medidas judiciales que frenaron el aumento del 7 al 10 por ciento, es la mejor muestra de que sería imposible avanzar más allá.
- Lo que cambió fue la actitud del gobierno. “Hace cuatro meses nos desvivíamos por atenderlos (a los enviados del Fondo). Esta vez, apenas le hicimos un lugarcito en la agenda”, ironizó el funcionario.