El aumento de la jubilación mínima al 82 por ciento del salario mínimo y la actualización de haberes de acuerdo con los fallos Badaro y Sánchez de la Corte Suprema tienen un costo fiscal de 12.000 millones de pesos de septiembre a diciembre y de 9300 millones de octubre a diciembre. La estimación fue realizada por la Anses luego de la sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que mejora las jubilaciones, el cual será debatido por el Senado el 13 de octubre. El organismo contrastó aquellas cifras con el superávit previsto para todo el año, en torno de los 900 millones de pesos, según revelaron fuentes oficiales a Página/12. Si la ley fuera aprobada el mes que viene, el Estado tendría que afrontar obligaciones que superan en más de 8000 millones de pesos los excedentes de la Anses.

Con esos resultados, 2010 marcaría el primer antecedente de un escenario de déficit estructural del sistema jubilatorio, situación que los economistas del Plan Fénix advirtieron que terminará por quebrar al régimen de reparto, con las graves consecuencias que ello implica.

Uno de los argumentos de la oposición frente a ese diagnóstico es que la Anses puede utilizar las ganancias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para financiar las mayores erogaciones. El FGS está constituido por los recursos que se tomaron de las AFJP tras su desaparición –cerca de 160.000 millones de pesos en la actualidad– y conforman una reserva para el futuro, cuando empiece a pesar en las finanzas públicas el envejecimiento de la población. La rentabilidad del FGS por las inversiones en bonos, acciones y demás instrumentos rondará este año los 8000 millones de pesos, monto equivalente al bache que tendría la Anses para afrontar la ley del 82 por ciento.

En la Anses admiten que las ganancias del FGS estarán entre 8000 y 8500 millones de pesos este año, aunque aclaran que la ley que regula su funcionamiento ordena que el dinero se capitalice y pase a integrar el propio fondo. Más allá de esa cuestión, el titular del organismo, Diego Bossio, planteó que apelar al FGS como mecanismo de financiamiento para cumplir con el 82 por ciento móvil es insustentable a mediano plazo. Esa situación ya es visible en 2011, afirmó. La proyección de utilidades del fondo para el año próximo es de 7500 millones de pesos, contra 40.088 millones de gastos adicionales que implica el proyecto del 82 por ciento. Es decir, la diferencia a cubrir son 32.500 millones de pesos.

Si se quisiera saldar la diferencia con el capital del FGS, éste sufriría un retroceso de más de 30.000 millones de pesos. Aquí entra a jugar otra cuestión: sólo el 40 por ciento del fondo está invertido en activos líquidos, mientras que el 60 por ciento restante son inversiones a largo plazo que requieren de más de 10 años para su realización. El 40 por ciento implica en la actualidad unos 65.000 millones de pesos. A un ritmo de reducción de 30.000 millones de pesos por año, esa porción del FGS desaparecería en dos o tres años. Apurar la venta del otro 60 por ciento para tener recursos con que afrontar el 82 por ciento y las actualizaciones de haberes provocaría una “dilapidación de activos”, según la opinión del jefe de la Anses.

Por ejemplo, el valor actual de las inversiones en acciones y fondos comunes de inversión es de 17.787 millones de pesos. Si se quisiera vender esos títulos a corto plazo, el valor de recupero quedaría sólo en 8787 millones de pesos, con una pérdida de 9000 millones, el 51 por ciento del total. Lo mismo ocurriría con títulos públicos –de 91.000 millones se obtendrían 41.000 millones y se perderían 50.000 millones– y con los aportes a proyectos productivos –de 21.000 millones quedarían sólo 6000 millones y se perderían 15.000 millones–.

Utilizar el FGS como mecanismo de financiación del 82 por ciento tiene otro problema, y es que agotar esos recursos en pocos años dejará al Estado con obligaciones crecientes pero sin fondos para afrontarlas. Una avalancha de juicios de jubilados aparece en el horizonte como consecuencia de esa decisión.

No menos grave es que la Anses ya no contará con un stock de reservas para ir afrontando el envejecimiento de la población. Mientras que en la actualidad hay seis jóvenes por cada adulto en edad jubilatoria, en 2020 la relación será cinco a uno y en 2050, tres a uno. Además, mientras la esperanza de vida al nacer está calculada para el lustro 2010-2015 en 76,13 años, en 2020-2025 serán 77,73 años y en 2045-2050, 80,69 años. Otro dato en el mismo sentido es que mientras en la actualidad el 10,4 por ciento de la población es mayor de 65 años, en 2050 ese rango etario representará el 19 por ciento. Este proceso de envejecimiento es de por sí un desafío para el sistema previsional, y afrontarlo será todavía más difícil si el FGS se consume en cinco o seis años desde la implementación del 82 por ciento. Para lograr ese objetivo, se requieren fuentes de financiamiento sustentables a largo plazo.