Desde Santiago

Más lejos de solucionarse está el conflicto mapuche a pesar de los muchos intentos que han incluido a diversos parlamentarios y a la propia Iglesia Católica en las negociaciones. El lunes, los voceros de los 34 comuneros presos que ya cumplen 80 días en ayuno rechazaron la última oferta del gobierno –que incluía retirar las querellas aplicadas en virtud de la ley antiterrorista y tener un juicio fuera de esta normativa– y decidieron ampliar sus peticiones solicitando que en la mesa negociadora se sienten los tres poderes del Estado para asegurar el cumplimiento de sus exigencias.

Este hecho planeó ayer en La Moneda, el Parlamento, la Corte Suprema, la Iglesia y en la zona de la Araucania chilena, mientras la salud de los mapuches se agrava y la presión nacional e internacional aumenta.

El secretario general de Presidencia, Cristián Larroulet, no escondió su enojo y sostuvo que “dieron un portazo a semanas de trabajo y de conversaciones que permitían que los comuneros depusieran la huelga de hambre. Son grupos radicalizados que están planteando cosas que son imposibles en un estado de derecho. Pretender que se sienten a la mesa todos los poderes del Estado es la antítesis de la democracia, es la antítesis de un estado de derecho, eso es más propio de una dictadura. Estamos en un país que respeta sus instituciones y nadie puede pretender sentar a la mesa a poderes independientes”, sostuvo.

Tras ello, las miradas se posaron en el Poder Judicial. El presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, descartó ir a la mesa de diálogo.

“Me gustaría explicarles eso a las comunidades mapuches. Que comprendan que a pesar de nuestro deseo de que esto se arregle rápidamente, lamentablemente eso no pasa porque se tenga que sentar un juez en una mesa para discutir sobre un proceso que está en tramitación.”

Asimismo, Juica dijo que la “ley antiterrorista, tal cual está diseñada actualmente, es un obstáculo para llegar a un entendimiento, por lo tanto debiera buscarse la fórmula de modificar esa ley, de morigerarla, de darle un sentido más adecuado a los tiempos que estamos viviendo en democracia. Es una ley que no tiene un muy buen pasado, porque fue creada y se utilizó mucho en un gobierno que no era democrático”.

Por su parte, el obispo de Concepción, monseñor Ricardo Ezzati –convocado por el gobierno para ser el facilitador del diálogo– llamó a los tres poderes del Estado a realizar un esfuerzo. “A pesar de saber que en el país los poderes del Estado están definidos y son autónomos, como pastor solicitaría que cada uno pudiera pensar qué esfuerzo puede hacer dentro del marco legal para solucionar este problema”, sostuvo.

El prelado calificó de retroceso lo acontecido el lunes y aclaró, luego de la nueva petición de los mapuches, que su rol como enlace entre los comuneros y el gobierno se modificó. “No me corresponde ser el facilitador del diálogo si es que las otras partes no están de acuerdo, aunque sigo estando disponible.”

En tanto, el vocero de los presos mapuches de la cárcel de Angol, Rodrigo Curipán, señaló que en caso de que alguno de los huelguistas pierda la vida durante la huelga, la responsabilidad será del gobierno del presidente Sebastián Piñera.

“El responsable de esto, si llegase a haber un desenlace fatal, es el Estado en su conjunto, y quien administra este Estado en este momento es el gobierno de turno. Serían responsables de cualquier desenlace fatal.” Acto seguido, cuestionó las propuestas del Ejecutivo.

Desde la otra vereda, la vocera de gobierno, Ena Von Baer, aseguró que el Ejecutivo pretende mantener el diálogo pese a la salida de monseñor Ricardo Ezzati como facilitador. “Siempre hemos mostrado apertura y voluntad clara al diálogo, siempre la vamos a seguir mostrando, porque nosotros como gobierno pensamos que el diálogo es el único camino”, indicó.

Sin embargo, sostuvo que de producirse una desgracia la responsabilidad es de los propios huelguistas “que se han puesto en una posición absolutamente intransigente”.

Finalmente, los presidentes de ambas cámaras en el Congreso se mostraron dispuestos a participar en una mesa de diálogo, pero pidieron a éstos no exigir demandas imposibles de cumplir como condición para poner fin al conflicto que sostienen con el gobierno por la aplicación de la ley antiterrorista.

Anoche, el proyecto del gobierno que busca modificar la mencionada ley fue rechazado en el Senado, tal como ha sucedido en Diputados, con lo que pasó a comisión mixta. De no haber acuerdo ahí no habrá modificaciones; de lo contrario, el periplo legislativo de esta normativa volverá a ambas cámaras.