“No puede ser que dependamos del humor del Gobierno, que nos recorta la plata según los fallos que sacamos”, se desquitó un juez supremo, al borde de perder la compostura. Fue al terminar el plenario de ayer, donde el presupuesto judicial, en especial el de la Corte, fue tema protagónico. El tribunal había exteriorizado su enojo el lunes en el sitio web de su Centro de Información Judicial (CIJ), donde tituló que “el Poder Ejecutivo recortó casi el 40 por ciento el presupuesto de la Corte”. Era una afirmación tramposa, porque el “recorte” es sobre lo que el tribunal pidió, no sobre lo que tenía. Pero ahí quedó estampado el titular, con aspecto de réplica a las críticas del Gobierno a la Corte y a los jueces con debilidad por las medidas cautelares. “Mienten descaradamente”, cuestionó a Sus Señorías vía Twitter el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. “El presupuesto para la CSJN (Corte Suprema) y el Consejo de la Magistratura es un 18,8 por ciento mayor que el de 2010”, señaló.

Enfadado, el juez supremo siguió: “Cuando levantamos la suspensión de la ley de medios, éramos oficialistas. Si denunciamos al gobernador de Santa Cruz por no reponer al ex procurador (Eduardo) Sosa, somos la peor oposición”. El fallo sobre el caso Sosa y la resolución para extraditar al chileno Sergio Galvarino Apablaza fueron motivo de una rueda de chispazos en las últimas dos semanas. Un día después de aquellas sentencias, el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de presupuesto para el 2011, con montos inferiores a los pedidos por la Corte. Como telón de fondo, crecía la expectativa por la decisión pendiente del tribunal de aplicar o no al Grupo Clarín el plazo de desinversión fijado por la ley de servicios audiovisuales. La marcha de ayer frente a Tribunales alimenta la tensión.

El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, llevó al acuerdo de ayer al administrador general Daniel Marchi para que expusiera los números finos. Marchi explicó que el tribunal había calculado un presupuesto de 1273 millones de pesos para el año próximo. El proyecto del Ejecutivo le concede 918 millones, cerca de un 39 por ciento menos. Para el Poder Judicial en su conjunto se habían requerido 5300 millones de pesos, y recibirá 4600 millones, cerca de un 14 por ciento menos. Es un clásico –admiten en la Corte– que nunca reciben lo que piden, ni ellos ni nadie.

Hay 355 millones de los que la Corte no podrá disponer libremente, a menos que consiga autorización del Poder Ejecutivo, advirtió Marchi. De esa cifra no disponible, 180 millones estaban previstos para informatización, para obras en el archivo general y la biblioteca y la refacción del Palacio de Justicia. Los 175 millones restantes estaban asignados a la contratación de 122 personas para el proyecto informático y para la Oficina de la Mujer, que se propone desterrar –con talleres para jueces y funcionarios judiciales– la discriminación contra las mujeres en tribunales. La nota del CIJ de anteayer advertía que será difícil el “fiel cumplimiento de las políticas de Estado” del Poder Judicial.

Aníbal Fernández twitteó: “He visto cómo ciertos personajes que dicen representar a la CSJN (Corte Suprema) y al CM (Consejo de la Magistratura) aseguraban que se redujo un 40 por ciento el presupuesto 2011 para ambos”. “Mienten descaradamente sin cambiar de gesto ni ponerse colorados. Digno de mentirosos con oficio”, añadió. “El presupuesto para CSJN y Consejo de la Magistratura es un 18,8 por ciento mayor que el presupuesto del año 2010”, precisó. Comparó: “Como ejemplo de lo solicitado, para presupuesto 2011 se le redujo al Ministerio de Planificación 36 por ciento y a Defensa 17 por ciento. A la CSJN y CM sólo 1 por ciento”.

La Corte pone todo en otra perspectiva. Y señala un problema de base destinado a ser objeto de discordia: el Poder Judicial produce sus propios recursos, se puede autofinanciar; cuando estima sus gastos e inversiones lo hace en función de esos ingresos (tasas de justicia, recursos tributarios y no tributarios). Así, si el Ejecutivo le asigna menos dinero que el proyectado –razonan voceros cortesanos– está decidiendo sobre plata que no le pertenece y que además no se usa: sólo le sirve para mostrar un mayor superávit en el Presupuesto Nacional. El 40 por ciento que surge de la diferencia entre lo que la Corte pide y lo que el Gobierno aprueba son partidas “indisponibles”, a menos que el jefe de Gabinete autorice su uso específico. Esa “indisponibilidad” es la que la Corte denuncia en aumento: en 2010 dicen que fue del 23 por ciento. A la vez se quejan de que, aun cuando consiguen el visto bueno, el Gobierno no les manda los créditos como ocurre –alegan– con 318 millones de pesos pendientes desde enero para aumentos salariales.

Esa es la razón por la que en la última Conferencia Nacional de Jueces la Corte difundió un proyecto de ley donde reclama “autonomía financiera” para que el Poder Judicial maneje su presupuesto. Por ese planteo, el Ministerio de Justicia analizó en un informe la evolución presupuestaria del Poder Judicial, que va en aumento: recibió 1216 millones de pesos en 2006, 1565 millones en 2007, 1892 millones en 2008, 1892 millones en 2009 y 3399 millones en 2010. En la propia Corte admiten que su presupuesto 2010 fue de 745 millones de pesos y ahora les otorgarían 918 millones. No parece haber en el ánimo de la Casa Rosada medidas favorables a la corporación judicial. Los supremos pedirán audiencias con Fernández y con el Ministerio de Economía. Las diferencias parecen irreconciliables.

“Las declaraciones del Gobierno y el acto tienen influencia cero. No somos ni opositores ni oficialistas”, intentan aplacar en la Corte. Pero la protesta por el presupuesto habla, al menos, de una creciente puja de poder.