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Ocho ONG vinculadas con el control de la transparencia y los derechos humanos le enviaron a Mauricio Macri una carta en la que le pidieron que deje sin efecto la derogación de un decreto que establecía mecanismos de publicidad para las candidaturas al Tribunal Superior de Justicia (TSJ). La gestión PRO eliminó los requisitos que se establecieron con el mismo espíritu de una norma similar que signó la renovación de la Corte Suprema. La oposición porteña también repudió la medida.

Como informó Página/12 el domingo, el gobierno de Macri derogó un decreto de 2003 que lo obligaba a publicar los antecedentes del candidato al TSJ y una declaración jurada de sus bienes. La eliminó luego de que él no pudiera imponer a su ex candidata Daniela Bruna Ugolini. En la derogación –que firmó Oscar Moscariello, porque Macri estaba de viaje– se cita el caso Ugolini para plantear que la norma “no ha resultado útil”.

El CELS, ACIJ, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Cippec, Poder Ciudadano, Copadi, FARN y el Observatorio de Derechos Humanos porteño afirmaron en su misiva que el decreto 1620 fue “uno de los puntos de acuerdo entre los más representativos partidos políticos de la ciudad”. “Ha representado un procedimiento idóneo para garantizar que las propuestas cumplan condiciones mínimas”, estimaron las ocho ONG, que pusieron como ejemplo el decreto 222, usado para renovar la Corte Suprema. “Es difícil encontrar razones para avalar el procedimiento nacional y simultáneamente rechazar el instrumento en la ciudad”, apuntaron.

Los legisladores de Proyecto Sur Fabio Basteiro y Rafael Gentili presentaron un proyecto de repudio, mientras que Julio Raffo y Jorge Selser recordaron que con esa norma “debió tramitar la propuesta de Ugolini, lo cual generó –por inobservancia del decreto– una seguidilla de resoluciones judiciales que culminó con una sentencia del TSJ. No sólo posibilitó el per saltum para amedrentar a los jueces, sino que ahora es invocada por el Ejecutivo para hacer tabla rasa con una herramienta de transparencia”.

“Es inoportuna e improcedente la derogación”, estimó el jefe del bloque de la Coalición Cívica Fernando Sánchez, quien estimó que “si Macri encuentra un candidato con mejores antecedentes, va a parecer que lo está escondiendo”. “Significa un verdadero retroceso”, estimó Aníbal Ibarra. “Es la ratificación de una política que busca volver a los tiempos más nefastos del neoliberalismo, donde la participación ciudadana estaba reducida a la mínima expresión”, sostuvo el kirchnerista Francisco “Tito” Nenna, mientras que la sabbatellista Gabriela Cerruti advirtió que “es una nueva muestra de la hipocresía de Macri: habla todo el tiempo de tolerancia y participación, pero en los hechos nos demuestra nuevamente su autoritarismo y su espíritu prerrepublicano”.