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Desde Roma

Durante la última dictadura muchos familiares de desaparecidos se dirigieron a los consulados italianos en la Argentina para denunciar secuestros y desapariciones. Esos documentos pueden servir como pruebas o indicios en los juicios contra los represores del terrorismo de Estado que se están realizando actualmente. Carlos Pisoni, de la agrupación Hijos, y Ramón Torres Molina, presidente del Archivo Nacional de la Memoria, estuvieron ayer en la Subcomisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados italiana y anunciaron la petición, dirigida al ministro de Asuntos Exteriores, Franco Frattini, para que Roma abra sus archivos y entregue al gobierno argentino los papeles que puedan ser de utilidad en los procesos contra los militares.

El reclamo de los argentinos fue avalado por la organización antimafia Libera, por SAL Onlus, el Centro Mastinú-Marras y 24 de Marzo. En Buenos Aires, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; y Vera Jarach, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, pidieron una reunión con el embajador italiano, Guido Di Tella, para abordar el tema. “Los parientes de desaparecidos tienen ahora la posibilidad de obtener finalmente justicia en la Argentina y las denuncias y declaraciones consulares prestadas muchos años atrás pueden ayudar a reconstruir aquellos acontecimientos dolorosos. Descripciones de los lugares de detención y de las personas halladas pueden servir para reconstruir la trayectoria de los desaparecidos”, explica la nota dirigida a Frattini.

Pisoni y Torres Molina viajaron a Italia para declarar como testigos en el proceso contra el dictador Emilio Eduardo Massera, quien está siendo juzgado en Roma por la desaparición de tres ciudadanos italianos: Juan Pegoraro y su hija Susana, que estaba embarazada en el momento de su secuestro y dio a luz una niña en la ESMA, y Angela María Aietta de Gullo. Torres Molina testificó el lunes. Ayer, Pisoni relató ante el tribunal romano el secuestro de sus padres, Irene Bellocchio y Rolando Pisoni, y habló del trabajo que hace Hijos en reclamo de justicia.

La periodista Miriam Lewin declaró sobre su paso como prisionera en la ESMA, de la presencia de Massera en ese lugar y de la convicción de los que allí estaban secuestrados de que sus compañeros que eran sacados del lugar eran asesinados en lo que después se llamó “los vuelos de la muerte”. Lewin también aportó los datos de una investigación periodística sobre los aviones utilizados por los militares para esa tarea.

En la sala de audiencias, detrás de los jueces, donde en la Argentina ubican los crucifijos, un cartel rezaba: “La ley es igual para todos”.