Las entidades bancarias visitaron la Cámara de Diputados para expresar su postura sobre los proyectos de reforma de la Ley de Entidades Financieras. Los representantes de los banqueros locales y extranjeros no ocultaron su malestar con los cambios que impulsa el legislador de Nuevo Encuentro y presidente del Banco Credicoop, Carlos Heller. Entre los expositores estuvieron la cámara que agrupa a los bancos extranjeros (ABA), representantes de los bancos privados de capital nacional (Adeba), las entidades que otorgan créditos al consumo (ABE) y la institución que componen los bancos públicos y la banca cooperativa (Abappra). Los límites a las tasas de interés que pueden cobrar y la porción de los depósitos totales que ostentan, la obligación de orientar una porción del crédito a las pymes y la denominación de la actividad como un servicio público fueron los ejes en el cuestionamiento de las distintas cámaras que participaron del encuentro en la Comisión de Finanzas.

Los banqueros remarcaron la solidez y solvencia del reducido sistema local, pero advirtieron la existencia de problemas de crédito y confianza. Aunque no asumieron responsabilidades sobre ello y cuestionaron la necesidad de modificar integralmente la legislación instalada por José Alfredo Martínez de Hoz en 1977. “Nuestro proyecto de ley busca marcar un cambio de filosofía para que el sistema financiero tenga un rol distinto del que ha cumplido hasta aquí”, apuntó el dirigente cooperativista.

El intercambio más encendido de la tarde fue el que mantuvo Heller con el presidente de ABA, Mario Vicens. El representante de los bancos extranjeros y ex viceministro de Economía de Machinea reclamó que “la ley permanezca como un cuerpo normativo permanente, ya que eso incentiva la inversión y permite contar con reglas de juego estables, sin incertidumbre”. El economista rechazó la denominación de la actividad como servicio público y consideró que la ley debe contemplar solamente cuestiones generales: “No tiene que entrar en detalles que requieren ser modificados en la medida en que se cambian las condiciones de la actividad”, sentenció. Una postura similar expresó el enviado de Adeba y directivo del Banco Galicia, Antonio Garcés.

En ese sentido, Heller recordó que la legislación de 1977 tuvo 37 modificaciones a través de 19 leyes y 18 decretos. “La ley actual tiene 33 años de vigencia y no resolvió ningún problema desde el punto de vista de los usuarios del sistema. Ha sido un fracaso total. La necesidad de otro marco regulatorio parece una obviedad, no tengamos miedo a cambiarlo. Incluso después de aprobarse la legislación se puede seguir modificando y adecuando”, apuntó el diputado.

Los cuestionamientos más reiterados de los banqueros estuvieron concentrados en dos pilares de la iniciativa: la obligación a direccionar una porción del crédito a las pymes y el segmento hipotecario familiar, y el techo a las tasas de interés para las micro y pequeñas empresas. Los bancos especializados en créditos al consumo (ABE) consideraron que si las tasas máximas no pueden superar en un 20 por ciento el promedio del sistema, “no vamos a poder seguir funcionando, vamos a desaparecer”. Los bancos que conforman esa entidad ofrecen préstamos con un costo financiero total del 126,7 por ciento. “No hay ninguna entidad que con la legislación que estamos planteando pueda funcionar. Desafío a cualquiera a que me demuestre que con esta regulación no puede funcionar o el negocio deja de ser rentable. Eso sí, hay que ver a qué aspiran como rentabilidad”, advirtió Heller.

Los grandes bancos nacionales y extranjeros, agrupados en ABA y Adeba, cuestionaron la existencia de límites a la participación en el mercado que contempla la ley. En un principio el proyecto establecía que las entidades no podían exhibir más del 8 por ciento de los depósitos totales del sistema, pero Heller ya había decidido subir la pauta hasta el 10 por ciento “para que ningún banco sufra un recorte”. El Banco Santander Río y el BBVA Banco Francés eran las dos únicas entidades que superaban la limitación inicial. De todas formas, Vicens consideró “totalmente inconveniente e innecesario” la existencia de esos límites.

Tanto Heller como Alfonso Prat Gay (titular de la Comisión de Finanzas) refutaron sus argumentos. Aunque no comparte el mecanismo propuesto en el proyecto, el diputado de la CC enfatizó “la necesidad de controlar el tamaño de las entidades para evitar que un banco imprudente termine forzando al Estado a rescatarlo, como sucedió en Estados Unidos”. En tanto, Heller reiteró que “hace falta que la regulación incluya especificaciones sobre el direccionamiento de crédito a las pymes. El sistema voluntariamente no lo hizo ni lo va a hacer, tuvieron tiempo más que suficiente en estos 33 años. No se puede negar la necesidad y conveniencia de una regulación que fuerce la orientación del crédito en un sentido que hace al interés del país”.

El intercambio en la comisión giró exclusivamente alrededor del proyecto de ley sobre Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social que presentó el diputado de Nuevo Encuentro. Los autores de las otras iniciativas, Federico Pinedo (PRO) y Gerardo Milman (GEN), no estuvieron presentes y el discurso de los banqueros se concentró en el texto de Heller.