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Una campaña de la organización ambientalista Greenpeace culminó con el compromiso de las dos principales empresas importadoras de pilas en la Argentina, Duracell y Energizer, para hacerse cargo de la exportación y el reciclado de 10 toneladas de baterías que habían sido recolectadas en una campaña del gobierno porteño. Las dos empresas hicieron explícito ese compromiso en un convenio que sus representantes firmaron ayer con el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y su ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli.

María Eugenia Testa, directora Política de Greenpeace, dijo a Página/12 que la campaña pública se inició a fines de julio con sendas “cartas a las empresas, y acciones en la vía pública como la instalación de una pila gigante en el Obelisco, el reparto de volantes y mediante reclamos a través de las redes sociales, de las que participaron más de 100 mil personas”.

El reclamo consistía en pedir a las empresas “que se hicieran cargo de los residuos que ellas generaban, como están obligadas a hacer en sus países de origen”. Ambas empresas, que concentran la comercialización del 80 por ciento de las pilas en todo el país, son de origen norteamericano.

El gobierno porteño, a través de la Agencia de Protección Ambiental, había promovido una campaña de recolección de pilas a través de los CGP, que quedó trunca dado que vecinos de la provincia de Córdoba rechazaron el envío de los residuos a esa provincia, como había acordado el Gobierno de la Ciudad. Las 10 toneladas de pilas están desde entonces almacenadas en un depósito del barrio de Flores.

Ahora, mediante el acta firmada ayer, las empresas Procter & Gamble (Duracell) y Energizer se comprometen a hacerse cargo de los costos y la logística de la exportación y el reciclado en una planta de un país europeo. No se informaron los costos, pero la directora de Greenpeace estimó que no superarían los 65 mil pesos, de acuerdo con los presupuestos solicitados por la organización, contra los 72.600 que costaba almacenarlos en la provincia de Córdoba.

Las empresas se hacen cargo de las 10 toneladas de pilas pero no de la futura generación de ese tipo de residuos, cuyo destino dependerá de la sanción de una ley de gestión ambiental de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos”, afirmó Testa. Se trata de un proyecto presentado por el senador Daniel Filmus que, de aprobarse, crearía el marco para la instalación en el país de industrias destinadas al reciclado de materiales de aparatos descartados, los cuales hoy en su mayoría van a parar a rellenos sanitarios. Esas plantas también podrían encarar el reciclado de las pilas usadas. A instancias de Greenpeace, Duracell y Energizer se comprometieron además a apoyar la sanción de ese proyecto de ley.

“Es necesario que para este tipo de residuos se establezca el principio de responsabilidad extendida del productor: los fabricantes e importadores deben hacerse cargo de esos artefactos una vez finalizada su vida útil”, explicó la directora de Greenpeace a este diario.

Esa responsabilidad del productor, contemplada en el proyecto de Filmus, se materializa mediante un aporte de las empresas fabricantes o importadoras, para que no sea toda la sociedad la que pague el costo ambiental producido por esos desechos.