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Producción: Tomás Lukin

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Mercantilización absoluta

Por Valeria Mutuberría Lazarini * y María Florencia Rodríguez **

La ocupación del Parque Indoamericano en Villa Soldati fue el tema central en las últimas semanas. La orden de desalojo efectuada por la jueza María Cristina Nazar –ante la solicitud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires– dio lugar al desplazamiento del asentamiento mediante la intervención de la Policía Federal y la Metropolitana. Esto generó un clima de tensión que dejó un saldo de al menos tres muertos y una gran cantidad de heridos. El operativo fue acompañado de un discurso xenófobo por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde la construcción del sujeto de derecho –“merecedor” de la ciudad– parece reducirse sólo a los “vecinos que pagan sus impuestos”. Sin embargo, estos aspectos dejan de lado una discusión más profunda, que refiere a pensar sobre la política habitacional en la ciudad.

La gestión de Mauricio Macri en materia de vivienda ha afectado notoriamente a los sectores de menores ingresos. En primer lugar, con la transferencia –de hecho– de funciones y recursos del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) a la Corporación del Sur, a la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS), y al Ministerio de Espacio Público, tendiendo a fragmentar la responsabilidad para llevar adelante las políticas habitacionales y de infraestructura orientada a los sectores populares. A esto se le suma la subejecución del Presupuesto en materia de vivienda. En el año 2009 el Presupuesto del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) aprobado por la Legislatura ascendía a 519.635.601 pesos, del cual sólo se utilizó 238.567.839 pesos, es decir el 45 por ciento del monto total. Por su parte, en el año 2010 la partida presupuestaria se redujo a 409.488.393 pesos, ejecutándose un escaso monto de 73.708.009, equivalente a un 18 por ciento del total aprobado.

Ahora bien, el hecho de mayor gravedad fue la aplicación de procesos de expulsión y desalojos impulsados de manera sistemática a través de la Unidad de Control de Espacio Público, conocida como la UCEP. Con el objetivo de “mejorar el orden y la organización en el espacio público”, esta unidad procedía de madrugada expulsando de manera violenta a quienes se encontraban en plazas, parques e inmuebles ocupados. Las cifras indican que en siete meses, el Gobierno de la Ciudad efectuó una cantidad de 444 desalojos durante el año 2009, lejos de implementar políticas urbanas que garanticen la reubicación de las personas damnificadas.

Actualmente, en la ciudad de Buenos Aires el déficit habitacional alcanza a unas 500.000 personas que viven en situaciones críticas en materia habitacional, con todo lo que ello implica: condiciones de salubridad, problemas de acceso al trabajo, problemas de acceso a la educación y a la salud. Para tener en cuenta, la población que reside en villas y asentamientos asciende por lo menos a 150.000 habitantes, esto es un 50 por ciento más que en el año 2001. En cuanto a las personas en situación de calle, se estima un total de 2000 personas, un 100 por ciento más con respecto al año 2007.

Sin embargo, nos encontramos con una importante paradoja. Mientras la ciudad está vedada para los sectores de menores ingresos, la actividad de la construcción en la Ciudad de Buenos Aires es muy significativa. Un claro ejemplo es el aumento de los permisos de construcción, que dejan dinero en el Gobierno de la Ciudad pero que no es volcado en las comunidades más afectadas, teniendo un rol central las empresas constructoras privadas en contraposición con la iniciativa autogestionada o cooperativa. Esto se desarrolla en un contexto donde priman procesos de renovación y revalorización del suelo en áreas centrales de la ciudad, dirigidos principalmente al turismo internacional y a los sectores de altos ingresos.

La ciudad se convierte, de esta manera, en un espacio de disputa entre los diversos sectores que la habitan, donde la ocupación de predios se convierte en una estrategia impulsada por el sector popular a los fines de hacer frente al problema habitacional, irresuelto, hasta el momento por el poder estatal. Esto nos hace reflexionar sobre las deficiencias de la política habitacional en la actualidad. Por un lado, las políticas de acceso al suelo y a la vivienda carecen de articulación entre los diferentes niveles de jurisdicción (Gobierno de la Ciudad y gobierno nacional), a la vez que las cuestiones del “hábitat” no son abordadas de manera integral, acompañadas de políticas sanitarias, educativas, laborales y sociales.

Queda claro que las políticas habitacionales del actual gobierno de la ciudad no hacen más que alimentar la idea de la mercantilización absoluta de la ciudad, donde accede solo aquel que cuente con los recursos para hacerlo. Dados los sucesos de las últimas semanas, es importante mencionar que pensar en la política habitacional es pensar también qué tipo de ciudad se quiere y para quiénes.

* Infohabitat/ICO/UNGS e Investigadora del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.

** IIGG/Fsocuba e Investigadora del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.

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La pobrefobia

Por Guillermo Levy *

Si cupiera hacer una definición general, la Argentina no es un país xenófobo. El sentido común existente contra bolivianos, peruanos, paraguayos o chilenos es producto de una particular ingeniería a la hora de elegir extranjerías hostiles: nunca son fuente de hostigamiento verbal o físico empresas extranjeras, especuladores, apropiadores de tierra o de fuentes de agua. Incluso se salvan de las violencias verbales y físicas los más queridos uruguayos y brasileños. La selección del rechazo aparenta ser más clasismo y racismo que estricta xenofobia.

La posibilidad de acceso a educación y salud en las mismas condiciones que los nativos y el progresismo de un Estado que se niega a aceptar el impulso racista convive con la mirada estigmatizada de muchos argentinos que en general están unos pasos más arriba en la escala social, unos metros enfrente, y que consideran que sus vecinos inmigrantes no tienen ningún derecho. El estigma aparece, generalmente, en una mirada, un chiste, un canto de tribuna. En casos históricos, de matanzas a determinados grupos, se pasa en un primer paso del estigma al hostigamiento. De la violencia simbólica a la física.

El pogrom es una forma posible del paso del estigma al hostigamiento. Pogrom (en ruso “devastación”) fue utilizado para describir matanzas, linchamientos y quema de casas contra judíos en la Rusia zarista. Civiles que se presentaban como “hartos” o “indignados” contra una población a la que se constituía como enemiga política y religiosa. Los pogrom en general han sido acciones organizadas desde un poder político que luego negaba su autoría.

El primer pogrom en Argentina fue en Buenos Aires, en 1919. La Semana Trágica. En aquel caso, los ejecutores eran hijos de la oligarquía organizados en la Liga Patriótica Argentina, que combatía a inmigrantes extranjeros en su carácter estigmatizado de comunistas y anarquistas que atentaban contra la nacionalidad y la propiedad. Eran años de la revolución rusa, y la reacción de nuestra elite frente a una inmigración que no era la esperada. La paranoia del peligro de “disgregación nacional” alimentaba esta reacción.

Setenta años después, los relatos xenofóbicos acotados a Sudamérica vuelven a resurgir: la responsabilidad de la desocupación era entonces de los trabajadores bolivianos, peruanos y paraguayos y no de las políticas neoliberales y de la entrega del patrimonio nacional. La inseguridad instalada en esos años como tema central en la agenda política y mediática también encontró culpables foráneos: no era la devastación social ni la producción en escala de nuevos pobres, sino la inmigración sudamericana la que traía el delito.

Se fue conformando entonces una nueva figura que oscila entre el trabajador precario y el delincuente. A esta figura, del precarizado-delincuente, se le va a sumar en los últimos años la del narcotraficante. Narcotráfico: tema real pero también impuesto por Estados Unidos y sus voceros una vez ahuyentado el fantasma del comunismo. El narcotráfico penetra fuertemente en la Argentina en esos años por diversos motivos bien lejos de las clases sociales a las que pertenecen los trabajadores inmigrantes sudamericanos. El prejuicio está tan alejado de la realidad que hoy la mayoría de los presos extranjeros por narcotráfico en Argentina son europeos.

Macri apela al clasismo racista usando una xenofobia selectiva. En su discurso provoca el incendio que tiene, seguramente, muchos ingredientes: uno de ellos, el miedo a la ocupación y al saqueo que, planificadamente motorizado, genera la guerra de “pobres contra pobres”, como ya vimos en los saqueos de 1989 y 2001. Macri apela también a la figura de “vecinos” a los que sólo llama a la calma, a diferencia de la dureza con que se refiere a otros autores de delitos. Pedido de paz luego de tres muertos como si hubiese habido una guerra y no una cacería donde los muertos y heridos están en un solo lado. La distancia entre su demanda de castigo para otros delitos y su demanda de paz luego de tres asesinatos expresa su racismo clasista.

El día de los Derechos Humanos la Presidenta dio un gran discurso que pone al Gobierno sin matices en contra del uso de representaciones retrógradas siempre útiles para los mismos intereses antipopulares. Sin embargo, la escena del pogrom y de los muertos en forma simultánea opacó todo. Un saldo posible de esto debería generar estar atentos a que fracase la estrategia de algunos que quieren llevar al Gobierno a un escenario represivo que hiera la posibilidad de estabilizar un Estado que plantea el no matar. Otro debiera ser asumir el tema de la vivienda como verdadera política de Estado. Quizá llegó el momento de discutir una ley de alquileres y de intervenir seriamente en la tasa de interés y en las políticas crediticias para que todos puedan acceder a una vivienda digna. La gran mayoría de nuestros padres y abuelos fueron extranjeros que arribaron a buscar una mejor calidad de vida. De eso, quizá, nos tendríamos que acordar más seguido.

* Docente de la carrera de Sociología - UBA e Investigador del Centro de Estudios sobre Genocidio (Untref).