La flamante ministra de Seguridad, Nilda Garré, ya comenzó a mostrar el perfil de su gestión: este fin de semana se puso en práctica por primera vez el nuevo protocolo que deberá aplicar la Policía Federal cuando se trate de contener manifestaciones sociales y políticas. Como medida principal, durante este tipo de operativos los agentes no podrán portar armas de fuego, ni siquiera cargadas con munición no letal, como las balas de goma, tal como sucedió este sábado en Lugano. “La idea es tratar de desescalar” los niveles de violencia, le explicaron a Página/12 desde la nueva cartera. “Tiene que haber proporcionalidad en la respuesta del uso de la fuerza pública”, agregó. Dentro de la Policía Federal, la norma fue bien recibida, según manifestó el vocero de esa fuerza, el comisario mayor Sebastián Seggio. En cambio, las críticas de la oposición no se hicieron esperar.

El nuevo protocolo, diseñado personalmente por Garré y su equipo de asesores de mayor confianza durante las primeras horas de su gestión, se aplicará “en los casos que esté involucrado el contacto físico y eventualmente hechos de violencia” derivados de la protesta social y política y prohíbe el uso de armas de fuego. “Sin armas y sin gas: con agua y, eventualmente, irritantes químicos”, detallaron desde el nuevo ministerio. “No se descarta el uso de la fuerza legítima por parte del Estado, sino que se atiende a la especificidad del conflicto social –explicaron–. La idea es tratar de desescalar”. Así, habrá siempre un carro hidrante en la zona, listo para intervenir en caso de que aumente la tensión.

Como parte de la política de minimizar los enfrentamientos entre manifestantes y policía, se estableció, también, una nueva formación de contención, en la que una fila de agentes de combate con equipo de protección estará rodeada, por atrás y delante, por sendas filas de uniformados con la chaquetilla naranja del trabajo de calle, para “formar un colchón”. El sábado, durante la protesta de vecinos del barrio de Lugano ante la continuidad de la ocupación del club Albariño, se puso en práctica por primera vez el protocolo, con resultados que, en la cartera de Seguridad, evalúan como muy positivos. “Las nuevas instrucciones se acataron a rajatabla, aunque los vecinos les prendieron llantas, les tiraron piedras, los escupieron. Cuando la cosa se puso pesada, la primera fila se refugió detrás de la segunda fila, que tiene mayor protección y capacidad de contener”, explicaron.

Habrá también una supervisión remota de este tipo de procedimientos por parte de funcionarios del Ministerio de Seguridad, aunque sólo “al efecto de agilizar la comunicación del desarrollo de los hechos”, según se aclaró en un comunicado, que aclara que la PFA es “la única responsable de los operativos a su cargo”, ante versiones que indicaban que, según el nuevo protocolo, este tipo de operaciones estarían bajo control civil. “Ello implicaría un doble comando operativo impropio por absurdo”, descartaron la posibilidad desde la cartera.

La adopción de este nuevo sistema fue bien recibido por la Federal, según aseguró el vocero de esa fuerza, el comisario mayor Sebastián Seggio. “Se trata de una orden exacta, precisa, clara y práctica para cuando los manifestantes utilizan cualquier tipo de incidente para generar repercusiones. Siempre existe la posibilidad de que se infiltre gente. Ocurre que después se duda y no se sabe de dónde provinieron los disparos”, se explayó. Esta medida está directamente relacionada con las dos muertes ocurridas durante la primera jornada de conflicto en el Parque Indoamericano: todavía no se sabe de dónde salieron los disparos que asesinaron a Rosemary Chura Puña y Juan Castañeta Quispe en el predio de Soldati.

Desde la oposición, en cambio, criticaron con fuerza la medida. El jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, mostró su discrepancia y pidió “proteger al personal” en estos casos. “Yo creo que no deben llevar armas de fuego, pero sí armas porque el policía debe poder defenderse”, aseveró. “Lo que normalmente se hace es desarmar a quienes van al frente”, comentó, pero que los que no están tan expuestos “tienen que poder actuar en una situación de desborde. Además, anticipó que eventualmente podría evaluar la incorporación a la policía porteña de alguno de los 13 comisarios generales que formaban parte de la cúpula de la Federal y que fueron desplazados la semana pasada por Garré.

En tanto, la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió calificó el anuncio como “un despropósito” porque parte de “una visión ideológica” del asunto. “Están diciendo que vamos a tener una policía desarmada y los que quieren violar la ley van a decir ‘vamos a avanzar sobre los policías’ y los policías se van a retirar”, especuló la diputada, que sostuvo que el protocolo “va a generar indefensión en la policía y también en la gente”. La legisladora del PRO Gabriela Michetti, por su parte, criticó el “no ejercicio del monopolio de la fuerza de la autoridad” y denunció “un problema de fondo” porque el gobierno nacional ha “dado vuelta todo”. Por último, José “Pepe” Scioli, hermano del gobernador bonaerense y actualmente precandidato a jefe de gobierno porteño de la mano de Francisco de Narváez, sostuvo que así queda “todo librado a la ley de la calle” porque “en los últimos años se confundió la defensa de los derechos humanos con la defensa del orden público.”