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Las autoridades del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) visitaron la semana pasada el país para realizar un diagnóstico pormenorizado de las acciones antilavado que lleva a cabo la Unidad de Información Financiera (UIF). El organismo había elevado serias críticas por la “falta de coordinación” que mostraban los principales organismos que controlan el sistema financiero y bursátil. En una entrevista con Página/12, el titular de la UIF, José Sbattella, reconoce que todavía existe riesgo de una sanción por parte del GAFI, pero aseguró que la publicación del decreto, el cual le da mayor poder de policía y coordinación a la UIF, permitió descomprimir la situación. Ahora la entidad tiene plazo de un año para diseñar un programa de lucha contra el lavado de dinero, y ponerlo en ejecución.

–¿A qué respondió la visita del GAFI?

–Vinieron para comprobar si en el país existe un compromiso político del Estado para recibir las observaciones del organismo para la lucha antilavado. Es por eso que encararon una serie de reuniones, que comenzó en la Jefatura de Gabinete, con el ministro de Justicia, luego con el Banco Central, Comisión Nacional de Valores (CNV) y la UIF.

–¿Quedaron conformes?

–El dictado del decreto para darle a la UIF mayores atribuciones ayudó para que se lleven la visión de que hay voluntad de la Argentina. Salió especialmente para ellos, para que vieran que lo que estábamos haciendo ahora tenía dictamen de la Procuración del Tesoro y del Ministerio de Justicia.

–¿Qué cambia el decreto?

–El decreto tuvo que ver con el diagnóstico de que el sistema no tiene cabeza. Estaba disminuida la capacidad de mando y no quedaba claro cómo iba a ser el flujo de datos ni quién ordenaba la bajada de atribuciones de la ley antilavado. Ahora la ley antilavado y las sanciones por su incumplimiento las aplica la UIF, con la supervisión del Banco Central y la CNV. Pero ellos nos tienen capacidad para multar por la ley antilavado, sino por incumplimiento de alguna de sus normativas legales.

–El decreto los pone por encima de los otros organismos.

–La ley pone como sujetos obligados al Banco Central y a la CNV, que tienen además supervisión sobre el sistema financiero y bursátil. En la aplicación de la ley anti-lavado la UIF está por encima del resto de los organismos, puede dirigir el proceso por ley y estipular una multa o entrar como querellante.

–¿No alcanza a la AFIP?

–Lamentablemente en el país no es delito precedente la evasión. El evasor paga una multa y sale libre, con lo cual el dinero del lavado se lo queda. La propuesta argentina es que el lavado sea delito precedente, en línea con el camino de lo que se está discutiendo en la cuarta ronda de evaluación del GAFI. Pero por ahora es un delito menor.

–¿Hubo riesgo real de penalización para la Argentina por parte del GAFI?

–No nos iban a penalizar ahora, tampoco significa que estemos salvados. Lo que esperan es un plan de acción. El GAFI tiene que creernos que estamos haciendo y demostrarles algunas imposibilidades reales, como que el Congreso no lo controlamos. Está lo que podemos demostrar, que es que hay una comisión técnica que empezó a trabajar. Los plazos que le planteamos son largos: octubre o noviembre. Ellos nos habían pedido febrero, pero ni siquiera funciona el Congreso, y no podremos discutir nuevas atribuciones de la UIF para ese entonces.

–España presentó una posición muy dura contra la Argentina.

–El representante español dijo que la Argentina no debería pertenecer al GAFI. No tenía sentido, cuando ya nos habían matado con críticas, vino a dar el tiro de gracia. No tenía necesidad. Fue uno de los observadores que no vinieron la semana pasada.

–Usted también discutió con los representantes del GAFI Sur.

–Sí. Los representantes de Brasil, Ecuador, Bolivia y México argumentan que las Unidades de Información Financiera de cada país son un organismo técnico que no debe tener influencias políticas. En la Argentina todo personal técnico de un organismo crítico no puede desvincularse por completo de las implicancias, dictámenes y resoluciones del Gobierno. De esa manera, intentaron meterse con la soberanía del país, como es la aplicación de una ley.

–¿Qué es lo que les molestó puntualmente?

–La crítica fue porque desde la UIF hablamos con algunos de los embajadores de los países que integran el GAFI. Surgió a partir de que el embajador en Perú se comunicó con los funcionarios del gobierno peruano para decirles que le parecía razonable que la Argentina estipulará plazos. Además, la Cancillería tiene un equipo que presentó en varios países una carpeta para mostrar cómo la Argentina está trabajando y ellos dicen que eso es injerencia del poder político.

–¿Cuál es el plan de acción que deben presentar?

–Tenemos que presentar un plan de acción de efectivo cumplimiento durante el año 2011, que sea creíble, y que además esté en ejecución. Por ejemplo, el GAFI solicitó algunas reglamentaciones que el Central no tiene resueltas, como la instrumentación para las remesadoras. En ese caso, no hay nadie que regule ese flujo de dinero. Lo regulaba el correo, pero se privatizó, con lo cual muchos mandan dinero por este medio. Ahora empezamos a inspeccionar eso como sujeto obligado. Lo mismo con las joyerías, ventas de cuadros y antigüedades en general.

–Usted dijo que el GAFI lo que espera es que haya casos concretos de procesamiento. ¿Pudo exhibir alguno?

–Sí. Este año se dispusieron las primeras multas, al Banco Galicia, Más Ventas y al Francés. El caso más claro fue el de la coima que se pagó en el Ministerio de Economía. El imputado movilizaba habitualmente en sus cuentas hasta un tope 10 mil pesos. Un día depositó un cheque del Banco Nación por 29 millones de pesos. El Francés argumentó que no le pareció extraño que recibiera un cheque por ese monto. Multamos al banco con 39 millones de pesos por no informar.