El Acuerdo Social Tripartito entre empresas, trabajadores y el Estado, anunciado por Cristina Fernández de Kirchner hace un mes, dará su primer paso. La primera mandataria presidirá la firma del Acuerdo Nacional de Promoción del Diálogo Social en la Industria de la Construcción, hoy a las 19 horas, en el Salón de la Mujer de la Casa de Gobierno. La Cámara de la Construcción, presidida por Enrique Wagner, firmará un acuerdo con la Uocra, liderada por Gerardo Martínez, y el Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido. El Gobierno le otorga vital importancia a este acto porque también firmarán como adherentes otros tres presidentes de cámaras empresarias que conforman el grupo de los seis. Héctor Méndez lo hará en nombre de la Unión Industrial; Jorge Brito, por la Asociación de Bancos Argentinos, y Adelmo Gabbi, por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Página/12 tuvo acceso exclusivo al documento de tres carillas que rubricarán los distintos sectores. En su artículo 5 señala que “las partes resuelven constituir una Mesa Nacional de Diálogo”. El acuerdo propone “promover el crecimiento económico, generar empleo digno y genuino y fomentar la construcción masiva de viviendas destinadas a los trabajadores”.

El primer tema que se abordará en la mesa de diálogo será un acuerdo de precios y salarios para el año próximo. Aunque aún no se sentaron a negociar, ya existen conversaciones informales promovidas por el Ejecutivo. En principio, se estima que la pauta de aumento salarial será de entre el 18 y el 20 por ciento. Los precios no deberían subir más del 15 por ciento. La Uocra pidió una cláusula gatillo de actualización de haberes para el caso en que los precios se disparen por arriba de lo acordado.

Estos parámetros tienen que ver con la estrategia del Ministerio de Economía de ir disminuyendo la aceleración de precios paso a paso en los próximos años. Si el acuerdo da resultado, la idea de Amado Boudou es que las pautas de precios y salarios para el 2012 disminuyan un cinco por ciento con respecto a las que se firmarán para el año próximo. La idea parte del diagnóstico de que, más allá de aumentos coyunturales como el del precio de los commodities agrícolas y la carne, la principal causa de la inflación son las expectativas de futuros aumentos de los actores económicos. “Los empresarios y comerciantes tienen una presunción de lo que va a ser la inflación anual y suben los precios de acuerdo a eso. También los trabajadores negocian desde esa perspectiva. El acuerdo servirá para ir bajando el nivel de expectativas de inflación”, señaló a Página/12 una alta fuente del equipo económico.

Ante la complejidad de abordar un pacto social nacional con todos los sectores, el Gobierno decidió ir avanzando en la firma de acuerdos por sector. En las últimas dos semanas se firmaron convenios similares con los petroleros y la minería. “El acuerdo que se firmará es el verdadero inicio del Pacto Social, ya que será corroborado por los principales sectores de la actividad económica”, explicó una fuente del Ejecutivo a este medio. “Estamos trabajando para firmar con el resto de los sectores en las próximas semanas”, completó. Ya existe un fuerte consenso entre los bancos y el sindicato bancario para que en pocos días el sistema financiero firme un acuerdo similar.

Con el argumento de que la Industria, el sistema financiero y la Bolsa de Comercio son actores importantes en el desarrollo de la Construcción, los negociadores del Gobierno invitaron a las cámaras que representan a estos sectores a firmar en calidad de adherentes al Acuerdo Nacional de Promoción de Diálogo Social en la Industria de la Construcción. En el Ministerio de Planificación, desde donde se llevó a cabo la negociación, piensan que el hecho de que cuatro integrantes del grupo de los seis protagonicen el primer paso del acuerdo social es una bisagra en la relación del Ejecutivo con los principales sectores económicos del país. “De las conversaciones que venimos manteniendo con todo el espectro empresario surge que tienen buenas expectativas para los próximos años y que confían en que un acuerdo social será la llave para avanzar de manera sustentable”, confió a Página/12 una fuente de Planificación.

Enrique Wagner, presidente de la Cámara de la Construcción, opinó que “los empresarios del sector estamos muy satisfechos de haber llegado a un acuerdo para firmar este convenio, que en la práctica redundará en beneficio de empresas y trabajadores. El hecho de que hayamos consensuado nueve puntos primordiales tan rápidamente es auspicioso para pensar en lo que podemos lograr en la mesa de diálogo. Ya teníamos una buena relación con el sindicato, pero el hecho de que podamos establecer reglas claras y concretas a futuro redundará en mayores inversiones, que son imprescindibles para seguir creciendo. Nos gusta dar el puntapié inicial, para que nos sigan desde otros sectores y así terminar en un pacto social nacional productivo”.

Gerardo Martínez, secretario general de la Uocra, afirmó que “aportar al diálogo y la cohesión social es una responsabilidad compartida entre Estado, empresas y trabajadores para dotar de certidumbre a las variables económicas, sociales y laborales. La firma de este acuerdo apunta en esa dirección y debería profundizarse con la instrumentación de un acuerdo macro, dirigido a consolidar un consejo de desarrollo económico y social, focalizado en una estrategia de mediano y largo plazo”.

El artículo 1 del acuerdo señala que “las partes se comprometen a mantener el rumbo de desarrollo de la industria, tanto en obras de infraestructura y vivienda como en otros emprendimientos, aportando a consolidar un crecimiento continuo y sustentable del sector, que implica promover el crecimiento económico, generar empleo digno y genuino y fomentar el equilibrio territorial”. Este último punto, el del equilibrio territorial, tiene que ver con un reclamo del Ejecutivo de que las inversiones no se realicen sólo en las ciudades de mayor poder adquisitivo. Para eso el Gobierno impulsará un sistema de “premios” para las empresas que avancen en de-sarrollos en los distritos menos favorecidos económicamente, como el noreste y el noroeste.

En el contexto del conflicto aún vigente de toma de tierras en reclamo de viviendas con foco en la ciudad de Buenos Aires, desde el Ministerio de Planificación se incluyó un artículo que señala que las partes “ratifican la importancia del trabajo en conjunto para la formulación de esquemas financieros y constructivos que fomenten la construcción masiva de viviendas destinadas a los trabajadores”. Fuentes del Gobierno indicaron a este diario que el Ministerio de Planificación ya está trabajando con la industria de la construcción y los bancos en un megaplan de construcción de viviendas de bajo costo para la ciudad de Buenos Aires, adicional al que se viene llevando a cabo en todo el país. El trabajo, aún en su fase de análisis y diseño, incluye la erradicación de las 21 villas de la ciudad y su sustitución por “barrios de viviendas dignas”.

A pedido de los empresarios se incluyó un artículo de paz social. El texto señala en el artículo 2 que en la Mesa del Diálogo “se tendrá como objetivo instrumentar herramientas que permitan evitar y/o resolver las cuestiones controversiales que puedan suscitarse”. En el mismo sentido, propone “el recíproco ejercicio de la tolerancia y respeto a la libertad de los actores sociales involucrados con el propósito de desalentar los métodos violentos como forma de dirimir los conflictos de intereses”. En el artículo 8 directamente se rechaza “el corte de rutas y/o bloqueo de los lugares de trabajo como metodología de protesta”.

El Estado propuso y la Cámara de la Construcción aceptó una cláusula que busca aumentar la competitividad del sector y disminuir la proporción de insumos importados. “Se avanzará en la producción de insumos para el sector con la mejor tecnología, que posibilite ahorros de costos y mejoras en los productos ofrecidos. Asimismo, se tenderá a sustituir en todo cuanto resulte posible la utilización de productos importados”, indica el texto. Para comprometer a todos los subsectores que forman parte de la construcción en estos pedidos del Gobierno también firmarán el acuerdo la empresa líder en producción de aluminio, Aluar; la Asociación Argentina de Hormigón elaborado; la cámara del vidrio; la de cemento; la de arena y piedra; la de demoledores y excavadores y la de cerámica, entre otras.

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