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El Ministerio de Economía terminará en los próximos días de darle forma a un nuevo decreto que autorizaría aumentos para la electricidad y el gas de entre el 7 y el 9 por ciento. “No nos anticipamos a los hechos, pero habría un segundo decreto con el que se dispondrán los aumentos”, destacó una fuente cercana al ministro Roberto Lavagna.
Contra todas las evidencias en contrario, la fuente negó que las subas de tarifas sean una exigencia del FMI. “Entre el lunes y el martes se difundirá el texto completo de la Carta de Intención firmada con el Fondo. Allí hay una mención al tema de las tarifas de los servicios privatizados, pero en ella no se ponen metas cuantitativas.”
Pese a la firme oposición de las entidades de consumidores que advirtieron que recurrirán nuevamente a la Justicia para frenar cualquier intento de ajustar las tarifas de los servicios públicos, los equipos legales del Palacio de Hacienda trabajarán esta semana en la elaboración del texto de “un nuevo decreto” que tendrá como base las facultades que le fueran otorgadas al Ejecutivo por el decreto 120/2003.
Esta norma, firmada la pasada semana por Eduardo Duhalde, le allanó el camino al Gobierno para autorizar a las empresas privatizadas de gas y electricidad aumentos del 7 y 9 por ciento, respectivamente, fuera del proceso de renegociación de los contratos de concesión.
Ariel Kaplan, representante de los usuarios ante la Comisión Renegociadora de los Servicios Públicos, sostuvo que “hasta el momento no hay un aumento tarifario. Lo que hizo el PEN es sancionar un decreto que autoriza al Ministerio de Economía a realizar los incrementos. Cuando ello ocurra, los usuarios, como ya lo plantearon, confiamos en que la Justicia resuelva la inaplicabilidad del decreto y la improcedencia de los aumentos en esta etapa”, concluyó.