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Si el Gobierno no se preocupara por sostenerlo, el dólar podría caer este año a un valor entre 2,50 y 2,70 pesos. Eso se desprende de un trabajo reservado, elaborado por la Dirección de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Economía, que circula por los principales despachos del equipo de Lavagna. El estudio se basa en una premisa clave que fundamenta aquella sorprendente conclusión. Dice que la demanda de pesos de la economía será el doble de la estimada originalmente en el programa monetario por el Banco Central. Traducido: como la gente opta por manejarse con más pesos de lo previsto, la oferta de dólares –de exportadores y de quienes engordaron el colchón– no está equilibrada por la demanda, y en consecuencia el dólar se derrumba. Por eso, en Economía hay quienes están convencidos de que el Banco Central debería emitir muchos más pesos de lo planeado. Así, engrosaría las reservas con sus compras de dólares y mantendría estable la cotización de la divisa. De hecho, el informe de Economía estima que para apuntalar el dólar entre 3,30 y 3,40 pesos en lo que resta del año, el Central debería aumentar las reservas en 3865 millones de dólares y no en apenas 1500 millones, como se estimaba en el programa monetario. El Fondo Monetario se opone a esa política porque teme riesgos inflacionarios.
Entre los economistas, ya sean del Gobierno como privados de cualquier tendencia, existe una coincidencia elemental. Todos creen que el poder de compra del dólar no será nunca tan alto como lo fue a mediados de 2002. Es decir que en dólares será, cada vez más caro –o menos barato– adquirir bienes y servicios en Argentina: desde un departamento o un campo, hasta un auto, la factura de teléfono o una hamburguesa en McDonald’s.
Según una encuesta internacional difundida semanas atrás, Buenos Aires está entre las 5 ciudades del mundo más baratas en dólares. Pero las otras cuatro son “metrópolis” (como Mumbai, Manila, Trípoli y Harare), que difícilmente atraigan grandes corrientes de inversión y turismo por más gangas en dólares que ofrezcan.
Una Argentina de manera permanente “on sale” no es sostenible en el tiempo, vocean al unísono todos los economistas. El motivo es simple y se demuestra por el absurdo. Si Argentina pudiera mantener esa situación indefinidamente, entonces, una vez despejada la incertidumbre política, se convertiría en el país más atractivo para las multinacionales y los inversores extranjeros, que encontrarían precios inigualables en campos, empresas y emprendimientos inmobiliarios. Además, en uno o dos años, no habría paquete turístico en los países desarrollados que no la promocionara como el destino del churrasco y el “deme todo”.
Sin embargo, el propio “mercado” se encarga de ajustar esas situaciones, y de hecho ya lo está haciendo. La demanda en algunos sectores (como el inmobiliario se hace sentir, la oferta no da abasto, se disparan comportamientos especulativos y empieza a haber “inflación en dólares”.
En la jerga técnica, el “tipo de cambio real” (valor nominal del dólar/índice de precios al consumidor) inexorablemente caerá aún más en los próximos meses. Según el documento de Economía, en el tercer trimestre de 2002, el tipo de cambio real fue de 2,64 y caerá a 1,92 a fines de este año.
Ahora bien, todos los economistas pensaban que el ajuste se daría gracias a la inflación, que paulatinamente iría comiéndose la inusual brecha entre el tipo de cambio nominal (a 3,35, aumentó 235 por ciento en un año) y el IPC, que creció “sólo” 40 por ciento. Nadie, en cambio, previó que esa convergencia podría acelerarse mediante la baja nominal del dólar.
Estabilizadas algunas variables –como la liquidación de divisas por parte de los exportadores–, el nivel nominal del dólar depende hoy de la denominada política monetaria y cambiaria, uno de los aspectos centrales de la política macroeconómica. Dentro de la política cambiaria, están los controles a la salida de capitales, que el lunes pasado el Banco Central flexibilizó, para tonificar la demanda de dólares de empresas e inversores. Por caso, ahora las empresas podrán pagar con dólares comprados en el país el 3 por ciento del capital de las deudas contraídas en el exterior.
Sin embargo, Lavagna no quiere avanzar mucho más allá con la liberación del control de capitales, porque teme que, en medio de la campaña electoral, la taba se dé vuelta y termine facilitándose la fuga de divisas. De mantenerse los actuales controles, el rol de la política monetaria es clave para determinar el valor del dólar. Con una demanda de dólares disminuida, el Central podría emitir pesos, y con esos pesos comprar dólares para engrosar las reservas. Pero el Fondo Monetario afirma que la circulación en exceso de pesos podría alimentar el proceso de inflacionario, por lo que puso un cepo a la emisión de dinero al Banco Central. En cambio, prefiere que el Gobierno sostenga al dólar liberando controles para remitir divisas al extranjero. Más aún, lo comprometió a una política monetaria restrictiva, obligándolo a “absorber” los pesos que lanzaba para financiar al Tesoro mediante la emisión de Lebac o la venta de dólares.
El problema es que si la demanda de pesos es mucho mayor de la calculada originalmente, entonces, o el Banco Central emite más de lo previsto para comprar dólares o la cotización podría caer libremente. De hecho, en Economía prevén que para sostener un dólar entre 3,30 y 3,40 pesos en lo que resta del año, el Central debería aumentar sus reservas en 3865 millones de dólares y no en apenas 1500 millones, como se estimaba en el programa monetario.
Cómo resolverá Lavagna el dilema del “dólar débil” empezará a conocerse en la próximas semanas.