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El tribunal que lleva adelante el juicio oral por el atentado contra la AMIA autorizó ayer la difusión de las declaraciones hechas en secreto por el llamado testigo C. El juez del caso AMIA, Juan José Galeano, se había negado a que se conozca lo que dijo este ex jefe de la inteligencia iraní, Abolghasem Mesbahi, pero el tribunal sostuvo que “eso colisionaría con el carácter público del juicio oral”. En palabras sencillas, el Tribunal Oral Federal (TOF) le dijo al juez que no puede seguir manteniendo en secreto, a ocho años del atentado, las revelaciones hechas por un testigo que puede ser importante para condenar o considerar inocentes a los que están siendo juzgados. En el juicio oral también está en marcha una batalla contra la SIDE y en particular contra el gobierno argentino que emitió dos decretos en los que prácticamente se les prohíbe hablar en el juicio a los agentes de la SIDE que participaron de la investigación y se mantiene en secreto un sumario interno en el que se consideraba, entre otras cosas, si la SIDE armó o no armó pruebas falsas y si sabía del atentado de antemano y se le escapó.
Al inicio de la audiencia de ayer del juicio oral, el TOF dio a conocer una resolución en la cual levanta el secreto sobre las declaraciones del testigo C. Mesbahi apareció hasta el momento en cinco oportunidades:
- En 1998, dijo que el atentado fue decidido en una reunión de ministros en Irán y que la mano de obra del ataque corrió por cuenta de la organización fundamentalista libanesa, pro iraní, Hezbollah.
- En 2000 ratificó lo dicho anteriormente pero, en forma sorpresiva, agregó que un delegado de Carlos Menem había estado en Teherán y que hubo una negociación por la cual le depositaron al ex presidente diez millones de dólares en una cuenta en Suiza a cambio de que se bajara el tono de las acusaciones contra Irán por el atentado. El testigo C mencionó un banco de Ginebra inexistente.
- En diciembre de 2002, C volvió a declarar y ratificó la historia de la coima a Menem. Le llevaron fotos de funcionarios del ex presidente y no reconoció al hombre que supuestamente estuvo en Teherán negociando los diez millones. De esta declaración se conoce poco.
- Dos meses antes, agentes de la SIDE estuvieron en Berlín y durante extensas sesiones le tomaron más declaraciones al ex jefe de espías de Irán. En verdad, eso se supo en este mes de enero y la SIDE recién ahora le mandó el texto de lo dicho por C al juez Galeano. Hasta el momento no se conoce nada de esa declaración.
- Por último, el testigo le mandó por correo una extraña carta manuscrita a la SIDE señalando que nunca acusó a Menem, que no es cierto lo de los diez millones y que le tergiversaron las declaraciones.
Como viene señalando Página/12 desde hace años, el testigo parece poco confiable, dice una cosa y se desdice, no aporta pruebas concretas sobre el atentado en la Argentina y tampoco dio datos serios para identificar dónde supuestamente se le depositó el dinero a Menem. Menos confiables todavía son las tomas de declaración irregulares, en secreto y sin presencia de las partes, protagonizadas por el juez, los fiscales, dos veces la DAIA y la SIDE. Como han pedido la AMIA, los defensores, las agrupaciones Familiares y Memoria Activa, lo lógico es que C venga a declarar al juicio oral.
De todas maneras, la resolución de ayer del Tribunal se asienta en el concepto de que no se pueden mantener en secreto, a ocho años del atentado, elementos que tienen que ver con la posible defensa o la acusación de los que están siendo juzgados. Es verdad que dos de las declaraciones de C ya se conocen, pero poco se sabe de la de diciembre y, sobre todo, la hecha por el testigo ante la SIDE. Habrá que ver si elTribunal exige que también se dé a conocer el contenido de esa declaración que ya tiene estado judicial por cuanto la tiene Galeano.
Al cierre de esta edición, anoche se sustanciaba otro tema de la misma naturaleza. El Gobierno emitió dos decretos en los que se permite declarar a los hombres de mayor rango de la SIDE, pero no a los agentes que trabajaron en el caso. Y, además, se mantiene en secreto un legajo interno, un sumario que se realizó para investigar si los agentes –como parece– armaron pruebas falsas, si tenían datos sobre el atentado antes de que se produzca y si, conociendo la célula que perpetró el ataque, se les escapó. El titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, Alejandro Rúa, que conoce ese sumario secreto, acaba de exigir, por ejemplo, que la investigación sobre los agentes de la SIDE se profundice.
“Los decretos son una aberración jurídica –le dijeron anoche a Página/12 los abogados de los familiares de Memoria Activa, Alberto Zuppi y Pablo Jacoby–. Viola todos los convenios y pactos sobre libertad de información y acceso a la información por parte de las víctimas. No se pueden amparar homicidios ni fabricación de pruebas ni otros delitos con el argumento de mantener el secreto.”
Como en el caso del testigo C, el Tribunal se apresta a resolver también sobre esos decretos presidenciales.