Los empresarios españoles Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, los ex dueños de Aerolíneas Argentinas a través del Grupo Marsans, serán investigados por la Justicia española por presuntos “delitos de fraude y apropiación indebida” de 108 millones de euros aportados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para pagar las deudas de Aerolíneas Argentinas. Según el Tribunal Supremo de aquel país, la empresa Air Comet –de propiedad de los imputados– “habría hecho figurar a su favor deudas ya canceladas por la SEPI en el marco de sus aportes para la reducción de deuda de AA”. Estos manejos financieros fueron uno de los argumentos utilizados por el Gobierno para justificar la expropiación de la compañía a fines de 2008.

El Tribunal Supremo de España concluyó hace unas semanas que la Audiencia Nacional de ese país tenía la competencia para investigar a Díaz Ferrán y Pascual por presuntos delitos de fraude al Estado español. “El monto defraudado por los empresarios puede traer graves repercusiones en la economía nacional y en la seguridad del tráfico mercantil”, sostuvo el tribunal.

Los magistrados españoles indicaron que la acusación reviste de cierta complejidad, “porque no sólo involucra a diversas personas físicas y varias empresas, sino también por la existencia de dos concursos de acreedores que se tramitan tanto en Argentina como en España”. Lo ocurrido con la SEPI fue un argumento central en el debate parlamentario donde se fijó la expropiación de la compañía.

La historia de la privatización de Aerolíneas Argentinas durante la década de 1990 estuvo marcada por los desmanejos del sector privado. El gobierno de Carlos Menem vendió la aerolínea de bandera al consorcio liderado por Iberia y sus socios locales Pescarmona, Zanon, Aldrey Iglesias y Pott (dueños de Austral). Para lograr esta operación, el menemismo tuvo que recurrir a la ayuda de la Corte Suprema. En 1994 llegó American Airlines. Para convencer a los estadounidenses, Iberia autorizó la venta de aviones, un simulador único en la región y varios edificios comerciales.

Tras los fracasos de American e Iberia, intervino la SEPI, que se adueñó de la empresa y la vendió por el valor de un euro al grupo Marsans, un operador turístico, liderado por Díaz Ferrán y Pascual. Una vez concretada esa operación, los nuevos dueños españoles recibieron un préstamo del organismo público, que ahora es materia de investigación judicial.

La acusación sobre los dos ex directivos de Aerolíneas Argentinas comenzó en 2003, cuando la Oficina Anticorrupción de España realizó actuaciones sobre los balances de Air Comet, propiedad del Grupo Marsans, en el concurso de acreedores declarado por Aerolíneas. Fuentes judiciales de España sostuvieron que la búsqueda de pruebas ya está cerrada, por lo que el juez tendría que avalar su resultado y decretar la apertura de juicio oral contra los acusados.

En Argentina todavía sigue abierto el juicio por expropiación. Sin embargo, el Estado se hizo cargo de la compañía desde el primer momento en que se sancionó la ley de expropiación, a fines de 2008.