Un grupo de tenedores de deuda argentina en Estados Unidos solicitó a sus legisladores de ese país que dejen a Argentina fuera del sistema general de preferencias arancelarias (GSP). Así lo adelantó ayer el titular de la consultora Centennial, Claudio Loser. El sistema de preferencias contempla beneficios arancelarios que Estados Unidos concede desde 1974 a países en vías de desarrollo, y en el caso argentino debe ser renovado en breve. Este es uno de los perdidos que realizan estos fondos buitre, aglutinados en la Task Force Argentina, con el objetivo de ejercer presión a la Argentina para que reconozca la totalidad de la deuda en cesación de pagos, aun cuando el Gobierno haya canjeado el 93 por ciento del monto inicial.

El GSP beneficia a varios productos argentinos. Según el ex funcionario del Fondo Monetario, el país logró exenciones promedio anuales por 20 millones de dólares entre 2005 y 2009. El sistema venció el 31 de diciembre, junto a otros programas de reducción arancelaria, que deben ser renovados por el Congreso. Ya en 1997 Argentina sufrió una reducción de la mitad de sus beneficios en Estados Unidos por una disputa sobre propiedad intelectual. “El estatuto GSP sería un instrumento útil para resolver esos problemas, solamente en el contexto de una estrategia más general para presionar a Argentina”, señaló Loser.

Los buitres reclaman 16.000 millones de dólares en deudas con inversores privados. Es por eso que la alianza de inversores estadounidenses, American Task Force Argentina, pidió a las autoridades comerciales que estudien la suspensión del país hasta que se resuelva el contencioso de la deuda. Este pedido se suma a otros que impulsa la TFA, y cuyo objetivo es conseguir que el Estado argentino pague el valor completo de los bonos que adquirieron a precio de ganga.

Este grupo de presión inició este tipo de acciones luego de que sus presentaciones judiciales comenzaran a tener poco asidero en los tribunales estadounidenses. Con la segunda etapa de reestructuración, el país logró una posición más fuerte frente a los pedidos de embargo de estos grupos concentrados. De hecho, los últimos escritos elevados por estos fondos ni siquiera contaron con el apoyo del siempre controversial juez neoyorquino Thomas Griesa.

Los bonistas enviaron ahora una carta a los congresistas en la que, incluso, justificaron su pedido con el conflicto que se desató por el secuestro del armamento del avión militar estadounidense que arrivó a Ezeiza. “La Argentina ha sido deficiente para cumplir con los requisitos legales que se requieren para ser beneficiario de este sistema”, dice el texto redactado por estos bonistas. El documento lleva la firma de Loser, quien hasta hace poco se desempeñó al frente del departamento para América latina del Fondo. La definición está en manos de la Oficina Comercial de los Estados Unidos.

Los buitres no se quedan sólo con esto. Sostienen que “sería aconsejable” extender la presión no sólo a una sanción dentro del sistema arancelario estadounidense, sino también ante el bloque de países del G-20, donde recomiendan que se “revise” la condición de la Argentina como miembro. Desde el Gobierno desestimaron los fundamentos de estas presentaciones.