El Gobierno aseguró que con la disolución de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) se busca lograr mayor eficiencia en el pago de compensaciones, la autorización de exportaciones y la fiscalización de los operadores del sector. Sin embargo, un error en la redacción del decreto que transfirió las competencias de ese organismo y la demora para reglamentar el funcionamiento de la nueva unidad de coordinación de subsidios mantiene prácticamente paralizada la gestión en esas áreas desde hace 15 días. De hecho, se autorizaron algunas exportaciones sólo porque el ministro de Agricultura firmó el viernes una resolución provisoria que también tuvo el aval de su par de Economía, Amado Boudou. La solución definitiva no llega por una fuerte interna entre el Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Comercio Interior.

El artículo 2 del decreto 192 sumó a las competencias del Ministerio de Economía las facultades de matriculación y fiscalización que la Oncca tenía establecidas en su decreto de creación, pero en el artículo 5 de la misma norma se transfirieron las unidades organizativas con sus competencias, presupuestos, bienes y personal al Ministerio de Agricultura. De ese modo, se generó un vacío legal que paralizó el registro de nuevos operadores y las actividades de fiscalización comercial porque no queda claro cuál es el ministerio que tiene la facultad para hacerlo. De hecho, hay malestar entre los trabajadores que se dedican a fiscalizar porque una parte de su ingreso corresponde a viáticos y como no están trabajando van a terminar cobrando menos. En Agricultura afirman que las tareas de matriculación y fiscalización van a quedar bajo su órbita, pero para eso es necesario corregir el decreto 192.

Otro de los problemas surge por la demora en la reglamentación del decreto 193 que creó la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo. Este nuevo ente se encargará de pagar las compensaciones y otorgar los registros de exportación, funciones que venía realizando la Oncca, pese a no estar establecidas dentro de sus competencias. La conducción es compartida por los ministerios de Economía, Industria y Agricultura, pero la intención oficial es que la reglamentación divida las tareas. Durante las últimas semanas no se pudo avanzar en esa dirección porque las distintas dependencias no se ponen de acuerdo.

El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, pugna por lograr una reglamentación que le permita tener un amplio control sobre las compensaciones y los registros de exportación. Mientras tanto, opera como si ya lo tuviera. De hecho, a comienzos de semana redactó una resolución donde reducía a 30 días el plazo que tienen las cerealeras para oficializar la exportación de granos. El funcionario logró que el ministro Amado Boudou la firmara y luego se la giró a Julián Domínguez para que hiciera lo propio. Sin embargo, el titular de Agricultura se negó.

En mayo de 2008, el entonces presidente de la Oncca, Ricardo Echegaray, firmó la resolución 543 que le otorgaba a las cerealeras 45 días para efectivizar la exportación. La medida buscaba evitar que las firmas se adelantaran a registrar sus ventas externas cuando sospechaban que las retenciones estaban por subir. De ese modo, si el aumento se concretaba, igual terminaban pagando el derecho de exportación viejo aunque concretaran la venta un año después. Las cerealeras se quejaron porque decían era un plazo demasiado acotado y lograron que se flexibilizara. En la actualidad, una vez que el exportador obtiene el ROE tiene hasta 365 días corridos para efectivizar la exportación, siempre y cuando pague el derecho de exportación dentro de los cinco días posteriores a la aprobación de la declaración jurada. Esa fue la manera que se encontró para que las firmas pudieran disponer de más tiempo sin correr el riesgo de que eludieran el pago de sus obligaciones. Domínguez no quiere abrir un nuevo frente de conflicto y por eso se opuso a reducir nuevamente ese plazo.

La falta de definición sobre la competencia que tiene cada una de las dependencias involucradas en la nueva unidad también amenaza con complicar el cumplimiento de la Cuota Hilton. A esta altura del año se informa qué frigoríficos cumplieron con el 70 por ciento del cupo asignado. Los que no lo hicieron pierden el porcentaje que les falta completar, el cual se redistribuye, pero el trámite está demorado porque no está claro quién tiene que autorizarlo.