El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky resolvió ayer –tal cual se preveía– cerrar la causa por los elementos no declarados traídos en el avión militar de Estados Unidos que llegó a la Argentina con los efectivos que iban a intervenir en un curso antisecuestros para la Policía Federal. Aguinsky consideró que no hubo delito de contrabando porque no existió ocultación ni engaño, lo mismo que sostuvo la Aduana desde un primer momento. Por lo tanto, a partir de ayer mismo, el caso se convierte en un expediente por una infracción aduanera grave y será tratado por un juez administrativo de la Aduana que, en verdad, es un empleado de esa dependencia. Como se sabe, Estados Unidos reclama que le devuelvan los elementos que fueron incautados y que, como señala el juez, permanecen precintados y custodiados. La Aduana debe resolver si aplica una multa, si decomisa los materiales y los manda a remate o destrucción o si finalmente cierra el caso con una absolución.

El gigantesco avión llamado Air Force AMC Charleston llegó a la Argentina el 10 de febrero pasado. Venía a concretar la segunda fase de un curso denominado Manejo de Situaciones de Crisis y Toma de Rehenes por parte de Fuerzas de Seguridad que se llevaría a cabo en Buenos Aires desde el 10 de febrero hasta el 31 de marzo. Como el acuerdo para hacer el curso fue firmado originariamente por el ministro de Justicia, Julio Alak, mientras su cartera se ocupaba también de la Seguridad, al hacerse cargo de esa área, Nilda Garré autorizó su realización. Sin embargo, una de las primeras decisiones de Garré fue volver a estudiar todos los cursos que toman las fuerzas de seguridad argentina y no aceptar más los que sean dictados por militares. El concepto de la ministra y también de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es que las funciones de las fuerzas militares y las de seguridad son muy distintas y no deben mezclarse.

De cualquier manera, el Air Force aterrizó el 10 de febrero, y tanto la Aduana como la Policía de Seguridad Aeroportuaria verificaron algunas discrepancias entre la lista entregada previamente por la Embajada de Estados Unidos y lo que verdaderamente traía el avión. En el terreno de las armas, las discrepancias eran esencialmente dos. La primera fue que una pistola ametralladora venía con un número de serie que no era el declarado. Fue la única arma, de las 24 que llegaron, que registró esa irregularidad. La otra discrepancia entre lo declarado y lo traído estuvo relacionada con cañones que se le colocan a las armas. Esos elementos no estaban en la lista entregada por la embajada. Por otra parte, se encontraron pen drives, materiales electrónicos, equipos de comunicaciones y otros elementos en infracción.

Aguinsky señala con claridad que para que exista el delito de contrabando debe haber ocultación, lo que significa dobles fondos, materiales escondidos o disimulados dentro de otros materiales, al estilo de lo que ocurre muchas veces con chips de computación que se camuflan dentro de televisores. “No se observó material oculto. Las cosas declaradas y no declaradas estaban juntas”, explica el juez. Por lo tanto, concluye que no existe el delito.

En el texto de Aguinsky queda claro que los norteamericanos ya se llevaron de regreso a su país todos los elementos que constaban en la lista original, por lo que sólo quedan en la Argentina los materiales que la Aduana objetó. Estados Unidos insiste en que todo les debió ser entregado de inmediato, pero en el caso intervenía un juez, por lo que el Poder Ejecutivo ni siquiera estaba facultado para hacer esa entrega. Ahora, en cambio, los materiales pasaron a estar en manos de la Aduana que, como señala Aguinsky, es un organismo dependiente de la Administración Nacional. Esto significa que el Ejecutivo puede acelerar los tiempos en cualquier sentido: para incautar, destruir o devolver los elementos que son motivo de la controversia.