La ocupación de un edificio de viviendas sociales por parte de familias en situación de déficit habitacional volvió a enfrentar a los gobiernos nacional y porteño sobre a la resolución del conflicto. El debate giró en torno de quién debía desalojar a los ocupantes, no más de un centenar, en su mayoría mujeres y niños, pero nadie habló acerca de cómo solucionar el problema de vivienda del cual estas familias son un emergente. La orden impartida el miércoles por el juez federal de Quilmes, Jorge Armella, para que se desaloje el lugar, no fue cumplida porque el gobierno nacional adujo que el conflicto no es competencia de las fuerzas de seguridad bajo su jurisdicción, mientras que la Policía Metropolitana argumentaba que la orden judicial la obligaba a ir con una fuerza nacional.

El complejo habitacional ubicado en el cruce de Castañares y Lafuente, en el Bajo Flores, fue ocupado el sábado a la mañana por un grupo de personas, pero el hecho recién se conoció públicamente el miércoles. El complejo está compuesto por 204 departamentos, de los cuales 128 iban a ser destinados a personas que viven en el asentamiento El Pueblito, sobre la margen del Riachuelo, en el marco del cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de la Nación.

En conferencia de prensa, el jefe de Gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, acusó ayer por la tarde a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de ser la responsable de “que no se respete lo que decide la Justicia y no se aplique la ley”. Desde el gobierno nacional, en tanto, el ministro de Justicia, Julio Alak, argumentó que el hecho “es competencia de la Justicia Contravencional, Penal y de Faltas de la ciudad”, porque la competencia sobre el delito de usurpación “fue transferida por el Congreso de la Nación a la ciudad en febrero del 2008”, por lo que debería intervenir la Policía Metropolitana.

Lo curioso es que fue la propia Secretaría de Medio Ambiente de la Nación la que denunció ante el juez federal de Quilmes la ocupación de los edificios. Este magistrado es quien tiene a su cargo la ejecución de la sentencia de la Corte Suprema de la Nación que ordena es saneamiento de la Cuenca Riachuelo-Matanza y la solución habitacional para quienes viven sobre la orilla de esos ríos.

También presentó la denuncia ante el tribunal federal el representante legal de la Corporación Buenos Aires Sur, encargada de la construcción de las viviendas. La Justicia porteña, en tanto, intervino de oficio desde un primer momento. Lo hicieron los fiscales Carlos Raffetto y Luis Duocastella Arbizu, quienes le ordenaron a la Policía Federal cercar el predio. La fuerza dispuso entonces la presencia de unos 50 efectivos, a los que se sumaron una docena de agentes de la Metropolitana, relató una fuente del Ministerio Público Fiscal a Página/12. “Si el propietario del predio (la Corporación del Sur) pide la intervención del juez federal, y el juez acepta, los fiscales porteños ya no tienen nada que hacer allí”, sostuvo la fuente.

Macri denunció ayer que los federales no habían hecho nada para impedir la toma del predio. “No defendieron el lugar”, acusó. Pero no bien terminó de decirlo, su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, aclaró que algunos de los efectivos resultaron heridos durante la toma. No quedó claro cómo pudieron lastimarse si no defendieron el lugar.

Macri reiteró ayer por la tarde que “no hay promesas para la gente que tomó las viviendas”, porque “no se van a dar beneficios a aquellos que viole la ley”. Cerró así la posibilidad de negociación con los ocupantes, a los que sólo se les ofreció la posibilidad de censarse, propuesta que fue rechazada.

Antes de la ocupación, coincidieron las fuentes, un grupo de personas ingresó para saquear algunos departamentos y el obrador. Hubo una maniobra de distracción sobre la avenida Cruz, y cuando la policía fue a ese lugar, ingresaron para llevarse calefones, cocinas y herramientas de los departamentos, que estaban prácticamente terminados. Luego ingresó un grupo de mujeres con niños y finalmente otro grupo de varones.

En principio se dijo que la ocupación era protagonizada por unas 140 familias, pero ayer el ministro Montenegro evaluó que los ocupantes eran “entre 75 y 90”. Esas personas habían quedado aisladas anoche dentro del edificio, sin luz ni agua, y con restricciones para el ingreso de víveres: si salían, no podían volver a ingresar (ver nota aparte).

Los ocupantes y sus familiares expresaron durante todo el día que se sentían “estafados por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) que los había inscripto en planes para obtener una casa” y que no les habían cumplido. Otros denunciaron que, incluso, llegaron a cobrarles entre 8 mil y 20 mil pesos para adjudicarles algunas de esas viviendas. En todo momento manifestaron su intención de quedarse en esos lugares. Casi todos son vecinos de asentamientos del Bajo Flores, donde viven hacinadas miles de personas y esperan desde hace años una respuesta habitacional.

Una fuente del juzgado de Armella fundamentó ante Página/12 la intervención de ese tribunal en que allí deben “hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema, que ordena relocalizar los asentamientos, en el marco del proceso de saneamiento de la cuenta del Matanza-Riachuelo”. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad para que la Justicia porteña intervenga en la causa por usurpación, un delito cuya competencia fue trasferida a la ciudad.

El juez había ordenado el miércoles al Ministerio de Seguridad de la Nación que designe a una fuerza de seguridad de su órbita para proceder al allanamiento y desalojo de los edificios ocupados, con la colaboración de la Policía Metropolitana. Y le impuso a la secretaria de Seguridad, Cristina Caamaño, una multa de 500 pesos por día de incumplimiento de la medida.

Por la mañana, la Federal y su par porteña se limitaron a hacer un cerco en torno del predio. El ministerio que conduce Nilda Garré elevó al juez un pedido de reconsideración de la medida, argumentando que por tratarse de “un bien del dominio privado del Gobierno de la Ciudad, es claro que la investigación y el juzgamiento del delito de usurpación, cuando se cometa en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, es competencia del Ministerio Público y del Poder Judicial locales”.

Sin embargo, por la tarde, el juez ratificó la medida. Macri aprovechó la situación para acusar al gobierno nacional y, de paso, emplear el recurso del miedo: “Si no se hace cumplir la ley, mañana se pueden quedar con su casa”, advirtió.

Los hechos parecían desmentir a las partes: la Justicia porteña había intervenido de hecho, hasta que desistió de hacerlo, sin reclamar por su competencia a la Justicia Federal. Y la Policía Federal había obedecido órdenes de la Justicia porteña, apenas se produjo la ocupación. Eso sí, de viviendas, ni hablar.