El embajador argentino en Washington, Alfredo Chiaradía, envió una carta a los treinta congresistas de Estados Unidos que patrocinaron un proyecto de ley denominado “Responsabilidad de los Estados Extranjeros que Evaden Fallos Judiciales”. Se trata de una legislación impulsada por los fondos buitre para que el gobierno de Barack Obama niegue el acceso a los mercados de capitales norteamericanos a Estados y empresas públicas que “evaden fallos judiciales”. En la misiva enviada a los legisladores estadounidenses, el diplomático argentino rechaza y refuta los cuestionamientos realizados al país. Luego del último canje de deuda del año pasado se regularizó la situación del 93 por ciento de los pasivos en default. Los fondos buitre que persisten en la vía judicial acumulan alrededor de 4000 millones de dólares.

En las cartas enviadas a los comités de Asuntos Exteriores y de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y al Comité de Bancos del Senado, Chiaradía sostuvo que los proyectos de ley presentados en mayo en las dos Cámaras “distorsionan los hechos y tratan de crear apoyo a los fondos buitre para sus acciones coercitivas contra países endeudados”. La declaración asegura que la iniciativa incluye “afirmaciones imprecisas y asunciones erróneas” y solicita a los legisladores que reconsideren su apoyo al proyecto.

“Argentina todavía debe a los bonistas de Estados Unidos más de 3500 millones de dólares y el default costó a los acreedores norteamericanos más de 10 mil millones de dólares”, afirma el proyecto de ley. Sin embargo, Chiaradía precisa que los 3500 millones de dólares representan el monto nominal de los reclamos iniciados en juzgados de Estados Unidos, en su mayoría por ciudadanos que no son norteamericanos. “Los bonistas estadounidenses apenas representan el 8,3 por ciento del total del monto reclamado, solamente 303 millones sobre 3500 millones”, sostiene la carta. Luego recuerda que “la mayor parte de las demandas pertenece a los fondos buitre que compraron la deuda argentina por unos pocos centavos y luego se negaron a participar de los dos canjes de deuda”.

Según precisó Chiaradía, de 15 acreedores con tenencias superiores a los 25 millones de dólares cada uno, nueve están radicados en las Islas Caimán y algunos de estos fondos pertenecen a individuos como Kenneth Dart (EM Limited), quien renunció a la ciudadanía norteamericana para evadir el pago de impuestos en Estados Unidos. “En conclusión, los bonistas norteamericanos fueron escasamente afectados y los principales beneficiarios de este proyecto de ley son individuos y entidades extranjeras”, sostiene la carta.

En los fundamentos del proyecto los legisladores afirman también que Argentina “ignoró 88 fallos negativos de cortes de Estados Unidos”. Chiaradía afirmó que el país coopera judicialmente en todos los casos y sostuvo que “en referencia a los pagos ordenados por algunas cortes norteamericanas, el derecho internacional y la ausencia de un régimen acordado globalmente para enfrentar default soberanos permiten que Argentina sostenga su posición, basada en las nociones básicas de equidad y no discriminación”.

Según la embajada argentina en Washington, así se evita “una situación indeseada donde los fondos buitre son remunerados en una forma más beneficiosa y expeditiva que los bonistas norteamericanos que aceptaron los términos del canje de deuda”. En ese sentido, recuerda que bonistas como el fondo de inversión TIAA, “citado como un ejemplo de norteamericanos afectados por el default”, decidió participar en el segundo canje de deuda y, como consecuencia, retiró su demanda contra el país.

En 2009 y 2010 ya habían sido presentadas versiones similares al proyecto de ley que no prosperaron. Este nuevo intento es fogoneado por asociaciones pertenecientes a fondos buitre, como la ATFA (American Task Force Argentina), de la cual el fondo Elliott es el mayor exponente. El texto de la refutación elevado por Chiaradía a los legisladores advierte que el proyecto ignora la historia de la reestructuración de la deuda en default llevada adelante por el país a partir de 2005 junto con el pago con reservas internacionales al FMI y las actuales negociaciones con el Club de París.