Durante los primeros cuatro meses de este año, la basura que la ciudad de Buenos Aires envió a los rellenos del conurbano aumentó un 13,23 por ciento respecto de los mismos meses de 2010, según revela un informe de la organización ambientalista Greenpeace, elaborado a partir de datos del Ceamse, al que accedió Página/12. De esta manera, la gestión de Mauricio Macri incumple doblemente la Ley de Basura Cero: no solo no reduce la cantidad de residuos generados, de acuerdo con el cronograma que marca la ley, sino que lo incrementa.

“Esto ocurre porque el gobierno de Macri desmanteló lo que había empezado a implementarse en 2007 con la doble contenerización en el 25 por ciento de la ciudad”, dijo a este diario Lorena Pujó, coordinadora de la Campaña Basura Cero de la organización ambientalista. En efecto, durante la gestión de Jorge Telerman se había comenzado a instalar en algunos barrios contenedores con tapa naranja, destinados a productos reciclables. A poco de asumir, el entonces ministro macrista de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, frenó ese programa con el argumento de que los vecinos no separaban los residuos y las empresas recolectoras mezclaban ambos recipientes en un mismo camión. “Si nunca hubo campaña pública de separación de residuos, no se puede esperar que los vecinos usen correctamente los contenedores”, agregó Pujó.

La ley 1854, sancionada en 2005, establecía metas de reducción en forma progresiva de la cantidad de residuos destinados a rellenos sanitarios, hasta llegar a la prohibición absoluta en 2020. En ese cronograma, la primera meta fijada para 2010 establecía una reducción del 30 por ciento respecto de la cantidad de basura enviada a la Ceamse en 2004. “La Ciudad debió enterrar 1.048.000 toneladas de basura, pero envió a relleno más del doble: 2.110,122 toneladas. Esa cifra, según la evaluación de Greenpeace, representó un aumento del 14,3 por ciento respecto de 2009.

“Durante 2010, la Ciudad mandó en promedio 5781 toneladas diarias a rellenos y al superar el techo de los dos millones de toneladas alcanzó el record histórico de enterramiento”, sintetiza el informe de la organización ambientalista.

La ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), más conocida como Ley de Basura Cero, establece que la administración porteña debe adoptar un conjunto de medidas tendientes a la separación de residuos en origen y a la recolección diferenciada, de manera de recuperar para el reciclado aquellos materiales que se pueden reutilizar. Lejos de poner en marcha estas medidas, la administración macrista dio marcha atrás con lo implementado por gestiones anteriores. Recién ahora, con vistas a la futura licitación de Higiene Urbana, comienza a plantear la separación domiciliaria de residuos, que recién se pondría en marcha el año próximo.

Como resultado de la política ejecutada en estos cuatro años, según las cifras de Ceamse, se produjo un crecimiento en el volumen de residuos destinados a rellenos. En 2008, durante el primer año de la gestión de Macri, se enviaron 1.844.460 toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU), un 14,53 por ciento más que en 2007. “La cifra representó el mayor aumento porcentual interanual de la década”, sostiene el informe de Greenpeace (ver cuadro).

En 2009, el volumen de RSU enviados a rellenos representó 1.847.748 toneladas, cifra apenas superior a la del año anterior. En 2010, como se mencionó, la cifra fue de 2.110122 toneladas, un 14,19 por ciento más que el año anterior. Se superó entonces el pico histórico registrado en 2000: 1.953.375 toneladas.

Según la denuncia de Greenpeace, además de interrumpir y desarticular el sistema de doble contenerización, el gobierno porteño “interrumpió el servicio de recolección diferenciada entre reciclables y no reciclables, que figura en el contrato de higiene urbana; no implementó una campaña de concientización acerca de la separación domiciliaria de residuos y no invirtió en la creación y mantenimiento de centros verdes, para la clasificación de residuos reciclables”.

Las falencias no obedecieron a falta de recursos ni de instrumentos legales. “El gobierno pagaba a las empresas por el servicio de recolección diferenciada, establecido por contrato, y contaba con presupuesto para la realización de campañas de comunicación, educación y concientización ciudadana sobre separación de residuos en origen”, advierte el informe de Greenpeace.

La organización ambientalista sostiene que el Gobierno de la Ciudad “no puede continuar con una política caracterizada por la contaminación, enfermando a las comunidades que habitan en las cercanías de los rellenos sanitarios. También rechaza la incineración de residuos, impulsada en distritos de la provincia de Buenos Aires, porque “supone un derroche de recursos” aprovechables y “emite a la atmósfera sustancias químicas persistentes, tóxicas y bioacumulativas, como las dioxinas y los furanos”. Como cierre del informe, Greenpeace reclamó al jefe de Gobierno porteño y a los demás candidatos a ese cargo “que se comprometan a cumplir con la segunda meta de la Ley de Basura Cero, que consiste en reducir para 2015 en un 50 por ciento los residuos generados, respecto de 2004”.