El ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios, y su segundo, Osvaldo Chamorro, volverán a ser indagados por el juez Norberto Oyarbide en la causa de las escuchas. Esta vez no son citados por las pinchaduras telefónicas sino por una modalidad de espionaje adicional: las investigaciones patrimoniales y financieras que realizaban sobre opositores políticos y gremiales al gobierno de Mauricio Macri. Lo hacían desde la consultora del ex comisario, Strategic Security Consultancy, en la misma época en que cumplían funciones de mando en la policía porteña.

Palacios será indagado el 30 de junio y Chamorro el 1º de julio. Oyarbide les imputa incumplimiento de los deberes de funcionario público, por contrariar las normas que prohíben al personal policial acopiar información privada de personas. Su condición de policías les impedía además tener la consultora desde la que espiaban.

Palacios y Chamorro gestionaban informes económicos a través del sistema Nosis. Llegaron a pedir datos de los legisladores Gonzalo Ruanova, Diana Maffía y Silvia La Ruffa (quien cumplió su mandato), así como del dirigente de los municipales Patricio Datarmini.

El informe de Datarmini fue gestionado el día que se celebraban elecciones en el gremio, el 7 de julio de 2009. También hubo requerimiento de datos del abogado radical Pablo Litardo en agosto de ese año, diez días después de que se presentara en la Justicia para reclamar que no se cerrara una investigación que involucraba a Calcaterra Construcciones, de los Macri, en posibles sobreprecios en obras en el Hospital Santojanni. Llamativamente, había a la vez un requerimiento de información financiera sobre el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Oyarbide descubrió esa actividad de Palacios y Chamorro a raíz de un allanamiento en las oficinas de Strategic Security Consultancy. La empresa era de Palacios, pero Chamorro trabajaba con él. Hasta tenía su estudio privado pegado, conectado con la consultora. Los archivos de Nosis aparecieron en una computadora donde había una carpeta rotulada “Osvaldo”, el nombre de pila de Chamorro. Buena parte de los rastreos de datos de opositores fueron realizados de julio de 2009 en adelante, cuando la Metropolitana estaba en funciones.

Palacios está procesado y estuvo detenido un año por las escuchas telefónicas que afectaron, entre otros, al ex dirigente de Familiares de las Víctimas del atentado a la AMIA, Sergio Burstein, y al cuñado de Macri, el parapsicólogo Néstor Daniel Leonardo. También estuvo detenido el espía Ciro James, una especie de brazo ejecutor del espionaje, ya que conseguía órdenes judiciales para intervenir teléfonos a través de la ex SIDE, donde retiraba las grabaciones, todo mientras el gobierno porteño le pagaba como asesor del Ministerio de Educación. Chamorro, hasta ahora, está libre de cargos. Macri está procesado por asociación ilícita. El pretende que la Cámara de Casación revierta ese procesamiento. Desde hace más de ocho meses que el pedido de Macri está en ese tribunal, que todavía discute qué jueces integrarán la sala que debe resolverlo.

La trama de los informes de Nosis pone al descubierto que el espionaje se habría utilizado también con fines políticos y por coincidir con los inicios de la Metropolitana vuelve a dejar bajo sospecha al macrismo.