La sala quedó chica. Las presencias del subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, y del subsecretario de Vivienda y Desa-rrollo Urbano, Luis Bontempo, ante la Comisión de Vivienda de la Cámara baja desbordó las expectativas. Los funcionarios respondieron a las preguntas de los legisladores sobre el financiamiento del programa Sueños Compartidos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que manejó Sergio Schoklender, ahora investigado. “No estamos hablando de subsidios, sino que se trata de transferencias de recursos para realizar obra pública como factor de inclusión social”, afirmó Fatala. Reafirmó que los controles del Estado son sobre las jurisdicciones, provincias y municipios, que articularon el programa de construcción de viviendas con la Fundación. La oposición cuestionó el sistema de control y pidió una auditoría sobre el programa.

“Los hechos denunciados, que involucran al apoderado de la organización en cuestión, generan preocupación e incertidumbre”, dijo el presidente de la comisión, el diputado radical Hipólito Faustinelli, para abrir la reunión. Los funcionarios expusieron primero sobre aspectos del programa y del sistema de control antes de dar paso a las preguntas de los diputados. Fatala remarcó que los fondos públicos destinados a la construcción de viviendas por parte de la Fundación Madres de Plaza de Mayo “no son subsidios sino transferencias de recursos para generar inclusión social” y que “hay un trabajo de seguimiento de los programas que no se altera”.

Los funcionarios se encargaron de reafirmar que no tienen “trato directo con las Madres”, porque no se trata de un convenio “ad hoc”, sino que se financia a través de “las jurisdicciones” –provincias y municipios– que son las que acuerdan los planes con la Fundación. “Se certifica y se paga sólo lo que está en obra”, señaló Fatala.

A la hora de las preguntas, el diputado denarvaísta Gustavo Ferrari sostuvo que la Fundación de las Madres se convirtió en “la principal constructora argentina luego de Techint, contando con tan sólo 5300 empleados”, y luego pidió precisiones sobre el dinero que recibió. Fatala desestimó algunas cifras que circularon a través de versiones periodísticas y afirmó que, desde 2008 hasta lo que va de 2011, la Fundación de las Madres recibió 765 millones de pesos para la construcción de 4465 viviendas y que faltan otros 500 millones para finalizar la ejecución de tres mil, además de obras complementarias como centros de salud, escuelas y otros tipos de infraestructura.

“Schoklender se ha enriquecido con plata que era para los más pobres entre los pobres”, sostuvo Eduardo Macaluse (SI-UP) y advirtió que “no hay que impugnar a las organizaciones para no caer en una discusión electoral”. “Estoy convencido de que Hebe de Bonafini no ha tocado un solo centavo ni guarda complicidad”, añadió luego Macaluse.

La diputada de la Coalición Cívica Elsa Quiroz –denunciante de una de las causas sobre Schoklender– preguntó: “¿Quiénes y cómo se auditaron las obras?”. Los funcionarios respondieron que “la auditoría la hacen los inspectores de las obras” y volvieron a insistir en que los certificados de obras son rubricados por los respectivos institutos de Vivienda provinciales y los intendentes de los municipios. Quiroz consideró que “los ciudadanos no le pueden pedir rendición de cuentas a Schoklender sino a funcionarios en los cuales se delega la gestión y las decisiones”.

La diputada oficialista Mariel Calchaquí apuntó a Schoklender: “El desfalco producido es en perjuicio de las Madres de Plaza de Mayo, y no del Estado. Yo confío plenamente en Hebe de Bonafini”, sentenció.

La participación de los municipios en la ejecución de los planes de vivienda desató un duro cruce entre los diputados Juan Carlos Morán (CC) y Dulce Granados (FpV). Morán dijo que los funcionarios respondieron “con gran hipocresía al relatar la responsabilidad de los municipios, cuando a los municipios se les impone qué empresa tendrá a cargo la construcción de las casas”. “El 95 por ciento de las casas en Ezeiza ya están auditadas, así que no voy a admitir ningún tipo de chicana e hipocresía”, le respondió Granados, esposa del intendente de ese distrito bonaerense.