Buena parte del arco opositor presentó ayer una denuncia penal contra el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por haber multado a las consultoras privadas que difunden sus propias mediciones de inflación. Le atribuyen al funcionario un “uso ilegítimo de las herramientas del poder punitivo estatal, con el propósito de llevar a cabo una persecución evidentemente ilegal”, según indica el texto que recayó en manos del juez federal Julio Ercolini. El Gobierno multó a las empresas que confeccionan índices de precios con muestras reducidas o, en algunos casos, sin medición alguna, por supuesto engaño hacia los consumidores de esos datos. Fuentes allegadas a Comercio Interior indicaron a Página/12 que “la denuncia no tiene posibilidades de prosperar, porque la vía prevista en estos casos es administrativa y ya fue tomada por las consultoras, al apelar la sanción”.

En febrero de este año, Comercio Interior requirió a las consultoras Ferreres & Asociados, Finsoport, M&S Consultores, Abeceb, Fiel, Ecolatina, Estudio Bein, Efimac, Gabriel Rubinstein y Asoc. y Buenos Aires City que informen sobre la metodología utilizada para confeccionar el índice de precios al consumidor que difunden mensualmente, solicitando información sobre, por ejemplo, los bienes incluidos, las ponderaciones, el ámbito geográfico de medición y método de reemplazo de bienes por estacionalidad.

Miguel Kiguel (Efimac) y Dante Sica (Abeceb) informaron que no realizan encuestas ni muestreos de precios, sino que utilizan variables como el programa monetario del Banco Central y la evolución del gasto público. Ecolatina indicó que releva 80 bienes y servicios en una cantidad reducida de comercios. Fiel realiza un muestreo telefónico en 150 comercios de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), mientras que Orlando Ferreres y Asociados sigue la evolución de precios telefónicamente en supermercados de una canasta de 70 bienes con sólo 12 alimentos. Economía y Regiones sólo mide precios por Internet. Algunos de los titulares de estas consultoras son miembros de partidos de la oposición, como Jorge Todesca (Finsoport), candidato de Eduardo Duhalde en la ciudad, y Rogelio Frigerio (Economía y Regiones), candidato a legislador por el PRO. Las mediciones que realizan se ubican sistemáticamente por encima del IPC-Indec, que mide la evolución de 400 bienes y servicios en seis mil comercios, y está muy cuestionado desde 2007.

Comercio Interior aplicó una multa de 500 mil pesos a cada empresa y posteriormente les envió intimaciones por haber continuado con la difusión de los índices. Argumentó que estarían infringiendo la Ley de Lealtad Comercial, que prohíbe “la realización de cualquier presentación, publicidad o propaganda que por medio de inexactitudes u ocultamientos resulte engañosa o confusa para los consumidores”. “Buscan silenciar otras voces porque no quieren que se hable de inflación”, replicó a este diario Ricardo Gil Lavedra (UCR), uno de los impulsores de la denuncia. En esa presentación se advierte que las inexactitudes a las que alude la ley “deben inducir al consumidor a adquirir un producto diferente del promocionado”, por lo que no resultaría aplicable, por parte de Comercio Interior, la norma citada.

“La denuncia es un disparate, un estiramiento de la figura penal. No tiene posibilidades de avanzar porque cuando la Dirección de Lealtad Comercial sanciona a una empresa, hay un modo judicial, un cauce legal previsto por la vía administrativa, que en general las consultoras ya tomaron, porque apelaron la sanción”, indicaron fuentes legales de la Secretaría de Comercio Interior. La oposición asegura en la denuncia que Comercio Interior “ni siquiera remitió aún esas apelaciones al órgano judicial competente –la Cámara en lo Contencioso Administrativo–”. También sostiene que las multas e intimaciones “lesionan la libertad de expresión sobre cuestiones de interés público”. Cerca de Comercio Interior respondieron: “Hay determinados ámbitos que requieren veracidad. La libertad de expresión está limitada por la naturaleza de las funciones”.

Antes de presentar la demanda, que está en manos del juez Ercolini, sus principales lineamientos fueron introducidos en conferencia de prensa por Gil Lavedra, Federico Pinedo (presidente de bloque de diputados PRO), Gustavo Ferrari (Unión-PRO), Patricia Bullrich y Fernando Iglesias (Coalición Cívica), Felipe Solá (Peronismo Federal), Margarita Stolbizer (GEN) y Silvana Giúdici (UCR). Bullrich indicó que la oposición pidió a las consultoras que le entreguen sus datos de inflación y que ellos los difundirán todos los meses, sin riesgos de sanciones.