La Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados ofició de portavoz de ocho consultoras que elaboran índices de precios al consumidor y fueron multadas por la Secretaría de Comercio Interior por violar la Ley de Lealtad Comercial. Los legisladores de la UCR, el PRO, Peronismo Federal y Coalición Cívica difundieron ayer una cifra correspondiente a mayo que definieron como “inflación real”. El incremento de los precios habría llegado a 1,5 por ciento el mes pasado y 23,5 por ciento en los últimos doce meses. El número surgió de promediar las distintas estimaciones privadas, aunque los diputados no difundieron qué consultoras participaron. Si bien aseguraron que no defienden los índices realizados por los economistas de la city porteña ni sus metodologías sino “la libertad de expresión”, los legisladores consideraron que las estimaciones confeccionadas por las consultoras son “verdaderas”, “la realidad”, “respetables” y “confiables”.

En defensa de la libertad de expresión legisladores como Patricia Bullrich (CC), Silvina Giúdici (UCR) y Federico Pinedo (PRO) se convirtieron en los voceros de las consultoras que elaboran índices de precios. “Vamos a funcionar como vehículo para que la ciudadanía conozca los datos que el Gobierno quiere ocultar”, aseguró Giúdici. Por su parte, Ricardo Gil Lavedra consideró que la cifra ofrecerá “un punto de asidero verdadero que es seguramente lo que esperan los mercados”. Para eso difundirán mensualmente el número que resulte de promediar ocho estimaciones de precios realizadas por diferentes consultoras cuyos nombres o metodologías no serán dados a conocer.

Los legisladores optaron por difundir un dato puntual y no el rango en el que oscilaban las estimaciones, ya que, según precisó el peronista federal Eduardo Amadeo, “las consultoras estandarizaron sus metodologías y las diferencias eran muy pequeñas”. El proceso elegido elimina los datos extremos –hacia arriba o hacia abajo– que puedan surgir y tampoco precisa cómo hicieron las empresas para homogeneizar sus relevamientos.

Precisamente, en febrero de este año Comercio Interior requirió a distintas consultoras que informen la metodología utilizada para confeccionar los índices de precios al consumidor difundidos mensualmente. Entre los datos que solicitó la dependencia que conduce Guillermo Moreno figuran los bienes relevados, las ponderaciones y el ámbito geográfico, entre otras características de los respectivos IPC. Ecolatina informó que releva 80 bienes y servicios en una cantidad reducida de comercios, Miguel Kiguel (Efimac) y Dante Sica (Abeceb) indicaron que no utilizan ningún muestreo, sino que utilizan variables como el gasto público y la emisión monetaria. En Fiel los pasantes de las distintas universidades son los encargados de realizar un muestreo telefónico en 150 comercios porteños y Orlando Ferreres sigue una canasta de 70 bienes con 12 que son alimentos. Economía y Regiones mide a través de Internet. Mientras tanto el Indec, cuestionado desde 2007, sigue 400 bienes y servicios en 6000 comercios.

Con distintos enfoques todos los legisladores que la semana pasada presentaron una denuncia penal contra Moreno por multar a las consultoras otorgaron al promedio de las ocho estimaciones mayor credibilidad que a las cifras del Indec. “Asumimos la responsabilidad por la difusión pero no por los datos y la metodología. Pero yo les creo. Confío en la trayectoria de estas consultoras, son serias”, comentó a este diario el diputado Gustavo Ferrari, del Peronismo Federal. “Si hicieron bien o no las cosas no es nuestro tema. Los ciudadanos podrán creer o no, no vamos a defender un índice sino el derecho a expresión”, sostuvo Patricia Bullrich de la Coalición Cívica, quien, acto seguido, aseguró que la cifra difundida “es la realidad”. “Hay mucha inquietud por conocer el índice de verdad”, se sumó Federico Pinedo del PRO.