“Hay que dejar atrás la idea de que la tierra es una inversión. Este es el sentido político de la protección de un recurso no renovable que será esencial para el desarrollo de los próximos años.” Con estas palabras, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, dio el puntapié inicial al debate parlamentario sobre el proyecto que busca regular la compraventa de tierra a titulares extranjeros. Su presentación fue en la Comisión de Legislación General, a cargo de Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), quien cuestionó a los presidentes de las comisiones de Agricultura y Asuntos Constitucionales, Juan Casañas (UCR) y Graciela Camaño (PJ Federal), respectivamente, quienes decidieron ausentarse del debate. La legisladora de Nuevo Encuentro intentará emplazar en el recinto a las comisiones ausentes para forzar un tratamiento conjunto del proyecto y acelerar los tiempos de su posible aprobación.

Según indicó ayer Domínguez, en el país existen 278 millones de hectáreas rurales, de bosques nativos y cordilleranas. De ese total, 138 millones de hectáreas están dedicadas a la ganadería, mientras que la agricultura y los bosques ocuparían 34 millones de hectáreas cada uno. Después hay 72 millones de hectáreas en zonas de cordillera y seguridad de frontera. El primer límite que establece el proyecto es que no se podrá vender a extranjeros más del 20 por ciento del total del territorio.

“Tomamos este límite para no afectar ningún derecho adquirido. Pero así como fuimos flexibles con el 20 por ciento, también somos prudentes al señalar que el máximo que podrá adquirir un empresario extranjero serán 1000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente en otras regiones”, explicó Domínguez ante los diputados presentes.

Si se toman las 278 millones de hectáreas totales, podría venderse a extranjeros un total de 55,6 millones. El único dato oficial que tiene el Ejecutivo es que actualmente hay siete millones de hectáreas en poder de inversores extranjeros. Sin embargo, ese número podría ser mayor. Para la Federación Agraria, ya hay más de 17 millones de hectáreas vendidas a empresarios de otras nacionalidades. Ya sea que se tome el dato de Agricultura o el de FAA, queda claro que todavía hay muchas hectáreas que podrían ser vendidas.

En los fundamentos del proyecto se especifica que además de regular un “previsible incremento de la propiedad extranjera”, también se apunta a limitar un proceso de concentración de grandes extensiones de tierra en manos de capitales financieros”. La concentración de la tierra no sólo ocurre bajo el capital extranjero, sino que también hay empresarios locales que fomentan este proceso, bajo la figura de los pooles de siembra, por ejemplo.

La idea original de Eduardo Barcesat, el jurista que trabajó junto a un equipo multidisciplinario de la cartera de Agricultura, era crear una ley integral de tierras, donde estuvieran contempladas las formas de arrendamiento, producción y otras variables para defender a los pequeños agricultores del país. Sin embargo, la estrategia del Gobierno fue instalar el debate público sobre la cuestión de la tierra y avanzar primero en un proyecto sobre extranjerización.

“Habíamos llevado a cabo casi un compendio, junto a una comisión de juristas, que seguramente iba a desatar discusiones de toda índole. Mi larga experiencia como legisladora me indica que cuando uno quiere sacar una ley perfecta termina sacando cualquier cosa y no termina cumpliendo el objetivo principal”, había manifestado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 27 de abril, al momento de anunciar el proyecto.

Por otro lado, la iniciativa cuenta con un artículo que podría ser la punta de lanza para regular otros recursos naturales, como los relacionados con la minería y el agua. “Este proyecto excluye del concepto de inversión la compraventa o adquisición de derechos sobre las tierras rurales, toda vez que se trata de un recurso natural no renovable que es de titularidad del Estado”, puede leerse en los fundamentos de la iniciativa. La clave está en quitar fuera de la categoría de inversión a “los recursos naturales”.

Para acelerar el análisis, Ibarra solicitará a la Cámara de Diputados la unificación de los giros a comisiones de los 14 expedientes que hay sobre este tema. Su objetivo es trabajar juntamente con las comisiones de Agricultura y Asuntos Constitucionales, que ayer decidieron ausentarse del debate. Por otro lado, los diputados de la UCR, CC y PJ Federal integrantes de Legislación general también pegaron el faltazo, a excepción del “lilito” Juan Carlos Morán.

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